El fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas Arteaga, se encuentra bajo protección policial permanente tras revelarse un complot para asesinarlo. Análisis de inteligencia han detectado que Yasser Andrés Vásquez Cardona, conocido como ‘Coco’ Vásquez y vinculado a una docena de homicidios, habría ordenado a cinco sicarios ejecutar al funcionario judicial. Balderas ha liderado activamente las operaciones destinadas a desmantelar la compleja red criminal de Vásquez, la cual controla el tráfico de estupefacientes en la región beniana.

Ante la gravedad de esta amenaza, el ministro de Gobierno y el viceministro de Régimen Interior y Policía instruyeron de inmediato a los grupos especiales de seguridad para garantizar la integridad del fiscal. Esta directriz letal por parte de ‘Coco’ Vásquez se interpreta como un intento de intimidar tanto al fiscal departamental como a los equipos de fiscales involucrados, buscando así detener las acciones contundentes contra el narcotráfico en Beni.

La orden de atentar contra el fiscal surge poco después de que unidades especiales de la policía y una comisión fiscal llevaran a cabo intensos operativos en los municipios benianos de Exaltación y Santa Ana del Yacuma. El objetivo principal de estas incursiones era la captura de ‘Coco’ Vásquez, quien está señalado por el asesinato de Édgar Dorado Menacho, alias ‘El Jefe’. Durante una de estas operaciones, realizada el pasado domingo, las fuerzas del orden y los fiscales sufrieron una emboscada, resultando herido de bala en el brazo izquierdo el Sargento Primero Jhonny González Montaño, de 37 años.

Los reportes de inteligencia confirman la contundencia de la advertencia de ‘Coco’ Vásquez: eliminar al fiscal departamental de Beni y a cualquier persona que intente incursionar en las zonas bajo el control de su grupo criminal, específicamente Santa Ana y Exaltación. El incidente en el que el sargento González resultó herido se inscribe dentro de esta estrategia de intimidación. Para materializar su objetivo, el narcotraficante, asociado a al menos trece crímenes, movilizó a cinco asesinos a sueldo hacia la ciudad de Trinidad con la instrucción explícita de acabar con la vida de Balderas.

Entre los individuos identificados como parte de este grupo de sicarios enviados por Vásquez, figuran los hermanos Erick y Oswaldo Hurtado Aguilera. Estos individuos son conocidos por su participación en un ataque armado previo que resultó en la muerte de Yermy Pastor Zampiery Suárez y dejó herido a Erland Ivar García López, alias ‘El Colla’, presuntamente vinculado a Sebastián Marset. Los hermanos Hurtado Aguilera también están implicados en los asesinatos de Lorgio Saucedo Méndez y Édgar Dorado Menacho, alias ‘El Jefe’, ambas víctimas con historiales delictivos relacionados con el narcotráfico y otros delitos.

Las autoridades policiales y judiciales atribuyen al menos trece muertes por encargo a la organización liderada por Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias ‘Coco’ Vásquez, quien se mantiene prófugo de la justicia desde 2023. Se ha establecido que Vásquez encabeza una estructura criminal compuesta por sicarios y narcotraficantes, con ramificaciones en diversos municipios de Beni, Santa Cruz, Cobija y conexiones con la República Federal de Brasil. A pesar de los allanamientos simultáneos realizados el fin de semana en varias propiedades identificadas como posibles refugios, el líder criminal no fue localizado.

Los informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía indican que en lo que va del año se han incautado más de cuatro toneladas de droga y quince aeronaves en Beni. Este éxito en la lucha contra el crimen organizado se perfila como uno de los principales motivos detrás de la orden de ejecución contra el fiscal Balderas. Hasta el momento, la Fiscalía Departamental de Beni no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las amenazas directas contra el fiscal Gerardo Balderas. No obstante, la gravedad de la situación y los antecedentes criminales reflejan el elevado riesgo que enfrentan las autoridades que combaten el narcotráfico en la región

Aspirante presidencial Jorge Quiroga instó públicamente al exmandatario Evo Morales a declarar su apoyo explícito a la fórmula del Partido Demócrata Cristiano (PDC). El desafío surgió a raíz de la afirmación de Morales de no optar por el voto nulo, lo que, según Quiroga, implica que su respaldo no podría dirigirse a su propia candidatura, dada la promesa de procesar judicialmente los delitos atribuidos al exjefe de Estado. Por consiguiente, la única conclusión lógica sería un respaldo al PDC.

Quiroga exigió a Morales que, desde su ubicación actual, utilizara un micrófono y un medio de comunicación para admitir abiertamente su preferencia por el PDC. Si no votará nulo, y claramente no lo hará por mí, entonces debe reconocer por quién votará, argumentó, cuestionando la reticencia del exmandatario a hacer pública esta postura.

En caso de asumir la presidencia, Quiroga afirmó que se garantizará el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Morales y se hará respetar la ley en todo el territorio nacional.

Asimismo, criticó la aparente evasión del PDC a declarar directamente su intención de ejecutar la orden de detención contra Morales, sugiriendo que esperaban un mandato judicial. Quiroga recordó que el mandamiento ya ha sido expedido por la justicia, y que la responsabilidad de su cumplimiento recae en las autoridades gubernamentales.

Previamente, un candidato del PDC había manifestado que, antes de proceder a la detención de Morales, se debería investigar quién facilitó su salida del país en 2019 y proporcionó una aeronave.

Esta postura llevó a Quiroga a interpretar una supuesta afinidad del PDC con Evo Morales. El exmandatario citó como ejemplos el silencio de dicha fuerza política en eventos clave como el 21 de febrero y su inacción durante los 21 días de movilizaciones contra el supuesto fraude electoral de Morales. Además, hizo referencia a declaraciones de un candidato del PDC, quien habría sugerido que Morales debió permanecer en Bolivia y continuar en la presidencia, calificando esta visión como una preocupante muestra de afecto

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), a través de su presidente Roberto Castro, ha presentado dos denuncias formales vinculadas al desarrollo del proceso electoral. Estas acusaciones se refieren, por un lado, a una presunta campaña de desprestigio digital y, por otro, a la supuesta intromisión de una fundación extranjera.

Una de las acusaciones se refiere a una campaña de desprestigio digital, la cual se estaría ejecutando a través de diversas plataformas de redes sociales. Esta iniciativa, calificada como delito electoral, se argumenta que está siendo financiada en beneficio de Tuto Quiroga con el objetivo de menoscabar la imagen de Rodrigo Paz, causándole un perjuicio irreparable. En este contexto, el partido ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que gestione la intervención de la unidad de Cibercrimen de la Policía. El objetivo es identificar a los responsables detrás de los dominios, cuentas y páginas de internet que difunden estos contenidos. Se han presentado elementos probatorios que sugieren una conexión entre estas publicaciones y las páginas web señaladas.

La segunda denuncia se dirige contra el guatemalteco Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, por lo que el PDC considera una intromisión en el proceso electoral boliviano. Las objeciones surgen a raíz de los comentarios emitidos por Gutiérrez, dirigidos específicamente contra los candidatos del PDC, Rodrigo Paz y Edmand Lara. La Fundación Libertad y Desarrollo, con sedes en Ciudad de Guatemala, Madrid y Miami, declara en su portal web tener como misión la promoción de los valores y principios de una sociedad libre.

No obstante, los pronunciamientos de Gutiérrez han sido fuertemente críticos y descalificadores, describiendo a los candidatos como individuos engañosos y con tendencias autoritarias, llegando a compararlos con figuras de regímenes populistas y acusándolos de hipocresía y astucia. El PDC considera esta situación como una injerencia externa en el proceso electoral boliviano, proveniente de Guatemala, y ha solicitado la intervención del Consulado para abordar la cuestión. De acuerdo con la postura del partido, tales declaraciones socavan la integridad democrática del país, al constituir una intromisión desinformativa impulsada desde organismos extranjeros