Las organizaciones políticas que competirán en las próximas elecciones subnacionales firmaron un acuerdo en Santa Cruz, denominado Compromisos por la Democracia, impulsado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este pacto establece pautas de conducta para la campaña electoral, promueve el respeto a los resultados y busca preservar la institucionalidad del proceso electoral.

El vocal del TSE, Carlos Alberto Goitia, destacó que las campañas basadas en ataques personales, desinformación o victimización no aportan beneficios electorales y, por el contrario, debilitan a las propias candidaturas. Según Goitia, estudios comparativos y análisis electorales demuestran que este tipo de estrategias erosionan la confianza ciudadana y deterioran la calidad democrática. Por ello, el TSE promueve un compromiso ético que, aunque no contempla sanciones directas, permitirá identificar públicamente a quienes incumplan lo acordado.

Por su parte, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, calificó este proceso como un momento crucial para la democracia nacional y resaltó que garantizar elecciones libres y transparentes es una responsabilidad compartida entre el Órgano Electoral, los partidos políticos y la sociedad civil. Ávila subrayó la importancia de respetar los principios de legalidad y preclusión, enfatizando que las etapas, plazos y decisiones adoptadas conforme a la ley deben cumplirse sin presiones externas. Asimismo, alertó que no puede considerarse democracia cuando se toleran campañas basadas en falsedades, ataques personales o manipulación.

El acuerdo firmado en el Encuentro Multipartidario rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 establece compromisos específicos para erradicar la guerra sucia, la desinformación, la judicialización indebida del proceso electoral y los cuestionamientos infundados al Padrón Electoral Biométrico. En cuanto a la campaña y propaganda, las organizaciones políticas se comprometieron a evitar la difusión de noticias falsas, contenidos manipulados y narrativas engañosas, así como cualquier tipo de acoso o violencia política, especialmente contra mujeres y personas de la comunidad LGBTI. Además, se estableció la obligación de respetar bienes públicos y privados y de participar en debates programáticos organizados por el Órgano Electoral, medios de comunicación y la sociedad civil.

El TSE también asumió el compromiso de fortalecer los mecanismos de supervisión digital para garantizar la transparencia y trazabilidad en la comunicación política en línea, sin afectar la libertad de expresión.

Otro aspecto fundamental del acuerdo es el reconocimiento del Padrón Electoral Biométrico como base esencial para la confianza en el proceso electoral. Las fuerzas políticas acordaron participar activamente en todas las etapas de su conformación, asistir a los laboratorios de integridad electoral y utilizar los mecanismos de control previstos por la ley, evitando emplear el padrón como herramienta de confrontación política sin fundamentos técnicos.

Los partidos también se comprometieron a respetar los resultados electorales, reconociendo que la aceptación de estos es fundamental para la gobernabilidad democrática y refleja el principio de soberanía popular. El documento aclara que el sistema de transmisión rápida de resultados preliminares tiene un carácter informativo y no sustituye el cómputo oficial.

El presidente Ávila enfatizó que el respeto a la legalidad es obligatorio y no negociable, instando a las organizaciones políticas a acatar las normas incluso cuando las decisiones no favorezcan intereses particulares. Asimismo, el acuerdo contempla el cumplimiento estricto de los plazos del calendario electoral, incluyendo la sustitución de candidaturas inhabilitadas hasta una fecha límite, garantizando además la paridad y alternancia como logros democráticos fundamentales.

Las elecciones programadas para el 22 de marzo renovarán autoridades en 343 municipios, nueve gobernaciones y la Autonomía Regional del Chaco, con la elección de gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas y otras autoridades regionales en todas las entidades territoriales autónomas del país

El juez Hebert Zeballos fue detenido la tarde del viernes y permanecerá bajo custodia policial durante la noche, a la espera de ser presentado ante un juez cautelar. La Fiscalía ha anunciado que solicitará su detención preventiva.

El abogado defensor, Diego Coímbra, informó que su cliente se encuentra en calidad de aprehendido y que aguardarán la convocatoria del juez cautelar para definir su situación jurídica. En esa instancia, Coímbra aseguró que defenderá la inocencia de Zeballos.

Por su parte, el fiscal Julio César Porras indicó que el Ministerio Público solicitará con certeza la detención preventiva del juez, aunque la decisión final se tomará durante la audiencia de imputación formal, programada para este sábado.

Zeballos se presentó de manera voluntaria y sin notificación previa en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en relación a una investigación sobre el hallazgo de drogas en un galpón de Santa Cruz. Tras rendir su declaración, fue aprehendido

La Cámara Hotelera de Bolivia estima que el impacto económico generado durante el feriado de tres días, que comienza este viernes, alcanzará aproximadamente los 30 millones de dólares, impulsado principalmente por el aumento en la actividad turística. Luis Ampuero, presidente de la entidad, explicó que un día festivo suele movilizar cerca de 10 millones de dólares, por lo que el periodo extendido representa un significativo impulso económico.

Este viernes 23 se conmemora el Día del Estado Plurinacional en Bolivia, lo que prolonga el fin de semana y motiva a numerosas familias a emprender viajes y visitar destinos turísticos en el país. Según Ampuero, aunque el turismo es el sector que más se beneficia, la repercusión positiva se extiende a diferentes áreas económicas vinculadas a esta actividad.

Además, la Cámara Hotelera valoró la decisión del Gobierno de anunciar con anticipación los feriados largos, ya que esta medida facilita la planificación y la organización de paquetes turísticos, contribuyendo a una mejor preparación del sector para aprovechar estas fechas

En el trópico de Cochabamba, durante la conmemoración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, se observaron grupos portando palos y whipalas alrededor de la tarima instalada en Lauca Ñ, un lugar considerado un bastión del expresidente Evo Morales, quien no asistió a los actos debido a problemas de salud.

El evento estuvo marcado por la ausencia de Morales, mientras sus seguidores hicieron uso de máscaras con su imagen, simbolizando su presencia en el acto. Wilma Colque, ejecutiva de la Federación del Trópico, confirmó que Morales no participaría en las actividades por motivos médicos, sin brindar detalles sobre su ubicación actual.

Desde hace más de un año, Morales se encuentra resguardado en el trópico cochabambino, donde sus seguidores han establecido una especie de fortín para protegerlo frente a una orden de aprehensión relacionada con un caso de trata de personas. Recientemente, el exmandatario dejó de aparecer en eventos públicos y redujo su actividad en redes sociales, debido a un cuadro de dengue, según informaron dirigentes afines.

Esta situación se agrava tras el sobrevuelo de un helicóptero en Lauca Ñ y la confirmación oficial de la presencia de la DEA en Bolivia, hechos que han generado mayor tensión en la región

Este sábado 24 de enero, el centro de la ciudad de Santa Cruz se prepara para recibir a numerosas familias que disfrutarán de la tercera precarnavalera del año, un evento que este 2024 estará dedicado al Carnaval de calle.

La celebración contará con la participación de diversas comparsas, tanto coreográficas como tradicionales, que se encargarán de animar el ambiente con su energía y colorido. Entre las agrupaciones destacadas se encuentra la comparsa Testarudos, que tendrá el honor de ser la coronadora de esta edición.

Además, la soberana del Carnaval cruceño, Camila I, acompañará el desfile, junto a una decena de comparsas que recorrerán las vías principales del centro, llenando el espacio con música, baile y un ambiente festivo que promete contagiar a todos los presentes.

Esta precarnavalera es una oportunidad para que la comunidad se reúna y viva de cerca la riqueza cultural y la alegría que caracterizan a esta tradicional festividad

La economía boliviana enfrenta un proceso de ajuste monetario que, aunque no es reconocido abiertamente como una devaluación por el Gobierno, ya se manifiesta en los mercados y afecta el poder adquisitivo de la población. La crisis de divisas y combustibles que afectó al país en 2025 ha derivado en un escenario donde el boliviano muestra una depreciación significativa frente al dólar, con un sistema cambiario dual que refleja esta realidad.

Actualmente, el tipo de cambio oficial se mantiene en Bs 6,96 por dólar, pero el mercado paralelo registra cotizaciones entre Bs 9,16 y Bs 9,35, lo que representa una depreciación superior al 30% respecto a los niveles anteriores a la crisis iniciada en 2023. Este desfase no parece ser temporal, sino parte de un ajuste que el Estado comienza a aceptar de manera implícita, aunque evita denominarlo como una devaluación formal.

El Banco Central de Bolivia continúa fijando el tipo de cambio oficial, pero el acceso a dólares a ese precio es limitado para la población y el sector privado, lo que ha consolidado un mercado paralelo que sirve como referencia real para la formación de precios. Durante 2025, el dólar informal alcanzó picos históricos de hasta Bs 20 en momentos críticos de escasez de divisas, aunque a principios de 2026 se ha estabilizado alrededor de Bs 9. Esta cifra ha sido reconocida por el Banco Central mediante la publicación diaria de valores referenciales basados en transacciones reales, evidenciando que el tipo de cambio oficial ya no refleja la realidad económica.

En términos macroeconómicos, las Reservas Internacionales Netas cerraron en aproximadamente 3.713 millones de dólares, con un aumento significativo en las divisas de libre disponibilidad, que pasaron de 70 a cerca de 580 millones de dólares, impulsadas principalmente por créditos externos de organismos multilaterales. Sin embargo, la inflación sigue siendo un desafío importante, con variaciones superiores al 30% en 2025 en sectores como alimentos y servicios básicos. Para 2026, el Gobierno se ha fijado una meta ambiciosa de reducir la inflación al 17%, en un contexto marcado por el ajuste cambiario y la reestructuración de precios.

En cuanto al crecimiento económico, las perspectivas son dispares. Mientras algunas entidades internacionales advierten sobre un posible estancamiento o recesión hasta 2027, las autoridades económicas nacionales proyectan un crecimiento positivo para 2026, basado en la reactivación de la inversión extranjera y la normalización del mercado cambiario.

El presidente del Banco Central ha anunciado una próxima transición hacia un régimen cambiario más flexible, con la intención de “sincerar la economía” y resolver las distorsiones generadas por el tipo de cambio fijo. Este nuevo esquema estaría basado en bandas cambiarias que permitirían la fluctuación del dólar dentro de ciertos límites antes de que el Estado intervenga, con un tipo de cambio flexible estimado entre Bs 9 y Bs 10 por dólar. Este anuncio confirma que una devaluación oficial está en preparación, aunque aún no se ha implementado formalmente.

Aunque la mayoría de los precios ya se han ajustado al tipo de cambio paralelo, una devaluación oficial tendría implicaciones directas en variables sensibles como el salario mínimo, el poder adquisitivo de los sueldos, los ahorros y los fondos estatales. Un caso relevante es el Fondo de los ahorristas de la Gestora Pública de Pensiones, que maneja cerca de 30.000 millones de dólares en bolivianos; la depreciación de la moneda afecta el valor real de estos recursos, a pesar de los esfuerzos por diversificar las inversiones hacia grandes empresas nacionales.

Expertos señalan que el cambio hacia un tipo de cambio flexible constituye, en la práctica, una devaluación oficial que ya se ha venido experimentando desde hace al menos dos años. El aumento del tipo de cambio de 6,96 a aproximadamente 9 bolivianos por dólar implica una depreciación del 30% al 40%, que impacta directamente en la caída del salario real, afectando especialmente el acceso a alimentos y servicios básicos. Además, esta situación reduce la capacidad de ahorro de la población y fomenta la informalidad económica.

Entre los beneficiarios de esta transición se encuentran el Banco Central, cuyos activos en dólares y reservas de oro aumentan su valor contable, así como los exportadores y el Estado, que incrementa su recaudación indirecta. En contraposición, los trabajadores asalariados y el Fondo de Pensiones son los principales perjudicados, debido a la pérdida de valor real de sus ingresos y ahorros.

Se advierte que, sin políticas sociales adecuadas, una devaluación oficial podría profundizar el empobrecimiento de amplios sectores de la población. El reciente aumento del salario mínimo no sería suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo, especialmente entre jubilados y pensionados. Además, existe el riesgo de un deterioro en la credibilidad institucional si el proceso de ajuste no se acompaña de transparencia, normas claras y medidas que mitiguen el impacto social.

Finalmente, se prevé que la devaluación oficial genere un aumento inflacionario, encareciendo los productos importados y elevando los costos de producción interna, lo que podría alimentar expectativas inflacionarias en la economía. Este escenario plantea un desafío importante para las autoridades, que deberán equilibrar la necesidad de ajuste con la protección del bienestar de la población