El pago del Bono Juancito Pinto para estudiantes este año incluirá un nuevo requisito fundamental: la presentación del carnet de vacunación contra el sarampión. Esta medida ha sido confirmada por las autoridades educativas, quienes han detallado los documentos necesarios para acceder al beneficio.

Además del comprobante de inmunización contra el sarampión, los tutores deberán presentar el carnet de identidad original del estudiante, junto con una copia simple del mismo. La inclusión del carnet de vacunación responde a una recomendación emitida por el Consejo Nacional de Emergencia, en el marco de la actual emergencia sanitaria declarada por el sarampión. El objetivo principal de esta disposición es salvaguardar la salud de los estudiantes y fomentar la prevención de enfermedades.

El incentivo económico, que asciende a 200 bolivianos por estudiante, comenzará a distribuirse a partir del 13 de octubre y se extenderá hasta el 29 de noviembre. Para organizar el proceso de desembolso, se ha establecido un cronograma específico que se basará en la terminación de los números de carnet de identidad de los beneficiarios.

Es importante señalar que esta modalidad de pago escalonado, sujeta a la numeración del documento de identidad, se aplicará exclusivamente en las ciudades capitales. La finalidad de esta restricción es prevenir aglomeraciones innecesarias en las entidades bancarias, buscando así una distribución más ordenada y segura del bono estudiantil

Los presidentes del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, han manifestado su respaldo a la enérgica demanda formulada por Rómer Saucedo, quien preside el Tribunal Supremo de Justicia. Esta exigencia categórica se dirige a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuyo mandato ha sido extendido, generando un debate sobre la legitimidad de su permanencia.

La postura inicial del presidente del Tribunal Supremo de Justicia se hizo pública con un mensaje contundente, señalando que la continuidad de estos cinco magistrados del TCP compromete seriamente la institucionalidad del país. En su declaración, Saucedo planteó una disyuntiva ineludible: los magistrados deben optar por la renuncia inmediata, dada la ausencia de legalidad y legitimidad en su actual ejercicio, o enfrentar las consecuencias de ser considerados usurpadores de la Constitución y las leyes vigentes.

Horas después de este pronunciamiento, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, expresó que el Órgano Judicial mantiene una sólida cohesión institucional. Enfatizó la urgencia de restaurar la plena institucionalidad para asegurar el respeto irrestricto a la Carta Magna y la legislación boliviana. Baptista afirmó que la posición del presidente del Tribunal Supremo de Justicia es compartida y respaldada, al considerarla un reflejo del sentir mayoritario de la ciudadanía boliviana, que ha demandado consistentemente una reforma y un cambio en la administración de justicia.

En sintonía con estas declaraciones, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, manifestó su apoyo total e incondicional a la postura de Saucedo. Méndez subrayó la trascendencia de este pronunciamiento para la integridad y credibilidad de la institucionalidad boliviana.

La solicitud de salida para los magistrados con mandato vencido también encontró eco en otras esferas. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, a través de sus canales de comunicación, afirmó que estos funcionarios deben cesar en sus cargos. Asimismo, hizo un llamado a otras instituciones clave, como la Fiscalía General, la Contraloría y la Procuraduría General, para que se pronuncien sobre la situación, observando que la declaración del Tribunal Supremo de Justicia tardó diez meses en materializarse.

Desde Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho, en una intervención pública, criticó que la permanencia de estos magistrados ha vulnerado la justicia por un período prolongado. Atribuyó la responsabilidad de esta situación al presidente Luis Arce, acusándolo de haber conferido una autoridad excesiva que ha permitido la extensión de sus mandatos. Camacho expresó su total adhesión y respaldo a las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, reconociendo su trayectoria en la defensa de la independencia judicial y la contundencia de su reciente manifestación. Finalmente, sugirió que, por una cuestión de decoro, los involucrados deberían dimitir de sus funciones

El pago del Bono Juancito Pinto comenzará a nivel nacional el próximo 13 de octubre, extendiéndose el período de desembolso hasta el 29 de noviembre. La medida, que busca beneficiar a la población estudiantil, fue confirmada por el ministro de Educación.

Este apoyo económico, que asciende a 200 bolivianos por estudiante, está dirigido a un total de 2.324.149 alumnos. La inversión destinada para este fin alcanza los 474.316.000 bolivianos.

Para organizar la distribución y evitar aglomeraciones, especialmente en las ciudades capitales, se ha establecido un cronograma de pagos. Este esquema se basará en la terminación del número de cédula de identidad de los beneficiarios. La restricción por número de documento se aplicará únicamente en las capitales, donde la afluencia de personas en las entidades bancarias suele ser mayor.

El bono se podrá cobrar en 56 entidades financieras distribuidas en los nueve departamentos del país. Adicionalmente, para asegurar el acceso al beneficio en las localidades más alejadas o de difícil acceso, el Banco Unión desplegará brigadas móviles. Estas operaciones contarán con el apoyo y la coordinación del Ministerio de Defensa.

Los estudiantes que deseen acceder al Bono Juancito Pinto deberán presentar su cédula de identidad y el carnet de vacunación contra el sarampión como requisitos obligatorios

El aspirante presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, ha justificado la ausencia de su compañero de fórmula, Edman Lara, en las recientes actividades proselitistas. Según Paz Pereira, Lara se encuentra inmerso en una preparación intensiva para el crucial debate vicepresidencial programado para este domingo. Desde Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz, el candidato presidencial explicó que la dedicación de su binomio a la preparación es fundamental, subrayando la importancia del estudio para afrontar un encuentro de esta magnitud.

Paralelamente, el propio candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, ha interactuado con la ciudadanía a través de sus plataformas digitales. Aprovechando la difusión oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el próximo debate, Lara publicó una encuesta en línea, invitando a sus seguidores a pronosticar el vencedor de su confrontación con Juan Pablo Velasco, representante de la alianza Libre.

Este enfrentamiento entre los aspirantes a la vicepresidencia se llevará a cabo este domingo a las 21:00 horas en la ciudad de Santa Cruz. La transmisión del evento estará disponible para el público a través de diversas plataformas de comunicación. Este constituye el primero de dos debates cruciales organizados por el TSE, diseñados para informar a los votantes antes de la segunda vuelta presidencial programada para el 19 de octubre. Ambas formaciones políticas han garantizado la participación de sus respectivos candidatos.

El segundo de estos encuentros definitorios está fijado para el domingo 12 de octubre, y en él se medirán los candidatos presidenciales Rodrigo Paz, del PDC, y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre

El Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional (FRFPR), concebido como un pilar fundamental para el desarrollo económico del Chaco tras el periodo de prosperidad hidrocarburífera, se encuentra en una coyuntura crítica debido a la elevada morosidad en su cartera de créditos, lo que compromete su viabilidad a largo plazo.

Este mecanismo financiero fue instituido mediante la Ley 3384, promulgada el 3 de mayo de 2006. Su capital inicial provino de una asignación del 10% de los recursos generados por el 45% de las regalías e impuestos a los hidrocarburos de la región del Chaco, con una proyección de financiamiento por diez años. El propósito primordial del Fondo era impulsar y fortalecer los sectores productivo, agropecuario, artesanal y la pequeña y mediana agroindustria e industria a nivel regional. Tras completar los trámites administrativos pertinentes, el FRFPR inició sus operaciones y comenzó a desembolsar los primeros préstamos en el año 2014.

Apenas una década después de su puesta en marcha, la gestión del Fondo ha mostrado serias deficiencias, particularmente durante las dos administraciones más recientes, evidenciadas por un incremento preocupante en la mora.

La situación se tornó alarmante cuando la tasa de morosidad en el municipio de Villa Montes superó el 20% de su cartera de créditos. Esta cifra encendió las alertas de la nueva directiva, que asumió sus funciones el 14 de agosto, y de su equipo técnico. La preocupación se acentuó tras diversas declaraciones sobre la administración interna de estos recursos.

La conformación del directorio del FRFPR incluye a seis miembros: los tres ejecutivos electos de la autonomía regional y los tres alcaldes, con una representación equitativa de dos por Yacuiba, dos por Caraparí y dos por Villa Montes. La presidencia del directorio rota cada dos años. La actual junta, instalada el 14 de agosto, está presidida por el ejecutivo de Desarrollo de Caraparí, Amilcar Pérez, con el ejecutivo regional del Chaco, José Luis Ábrego, como vicepresidente, y el alcalde de Villa Montes, Rubén Vaca, en la secretaría.

El Banco Unión desempeña un rol esencial como administrador financiero y logístico del Fondo. Sus responsabilidades abarcan la recepción y gestión de los fondos fiduciarios, la ejecución de los desembolsos, el cobro de comisiones por sus servicios y la colaboración en el seguimiento, evaluación y recuperación de los créditos. La operación del FRFPR, bajo su estructura actual, sería inviable sin la participación de esta entidad bancaria.

Los registros históricos de morosidad reflejan una trayectoria fluctuante: 32,95% en 2018, 37,29% en 2019, 14,15% en 2021 y 7,92% en 2022. Sin embargo, los datos más recientes del comité de crédito, con corte al 26 de septiembre de 2025, revelan que la morosidad más elevada se concentra en Villa Montes, alcanzando un 21,80%. A nivel de la Región Autónoma del Chaco, la tasa global de mora asciende a 12,34%, acercándose peligrosamente al límite del 15% establecido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Frente a estas cifras, un delegado del Gobierno Regional de Villa Montes calificó los datos como sumamente preocupantes y lamentó que no se hubieran hecho públicos con anterioridad. Se ha indicado que la elevada morosidad en Villa Montes ha resultado en la suspensión de nuevos créditos en esa jurisdicción. Asimismo, se ha criticado la falta de personal con la cualificación necesaria en gestión bancaria y experiencia financiera para la administración del Fondo, señalando que se les ha otorgado esta responsabilidad sin la debida preparación.

En respuesta a estas observaciones, un responsable del Fondo en Villa Montes afirmó que durante una administración anterior, específicamente la de la ejecutiva Karen Sánchez, se concedieron préstamos que calificó como mal colocados. Como ejemplo, se mencionó la aprobación de un crédito de 100.000 bolivianos a un joven de 18 años, cuestionando públicamente la viabilidad de otorgar un préstamo de tal magnitud sin las garantías adecuadas y mostrando documentos donde figuraban firmas, entre ellas la de la entonces ejecutiva. Además, se denunció que en esa misma gestión se habrían otorgado créditos por un monto cercano a 1 millón de bolivianos a más de 25 familiares de un funcionario regional, incluyendo al propio involucrado.

El director ejecutivo del Fondo Rotatorio, por su parte, enfatizó que su gestión se adhiere estrictamente a los lineamientos técnicos y recordó que el artículo 472 de la Ley de Servicios Financieros garantiza la reserva y confidencialidad de las operaciones financieras. Respecto a la capacidad del personal, reconoció que muchos funcionarios carecen de experiencia específica, atribuyendo esta situación a las condiciones salariales, que no permiten exigir el mismo nivel de cualificación que ofrecen las entidades financieras privadas.

Para afrontar la creciente morosidad, se ha informado sobre la aprobación de cuatro medidas estratégicas en una reunión extraordinaria convocada por la presidencia del Fondo. Estas incluyen la contratación de abogados externos para fortalecer los procesos de recuperación de créditos, la modificación del reglamento de cartera para implementar controles más estrictos, la negociación de una octava adenda al contrato con el Banco Unión con el fin de optimizar la administración del fideicomiso, y una evaluación exhaustiva de las capacidades del personal, priorizando la capacitación o, si fuera necesario, la sustitución del equipo en Villa Montes. Se ha sugerido la posibilidad de que el personal técnico de Caraparí brinde apoyo en la capacitación de la unidad de Villa Montes, reconociendo la necesidad de fortalecer la capacidad del equipo local para abordar la alta morosidad. Finalmente, se desvirtuaron las acusaciones de una gestión irresponsable