El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha comunicado que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dispone de los recursos presupuestarios necesarios en moneda nacional para cubrir la importación de combustibles. No obstante, la cartera de Estado ha precisado que la gestión de divisas no recae directamente bajo su jurisdicción, sino que la empresa estatal es la responsable de adquirir los dólares requeridos a través del sistema financiero.

Esta postura ministerial surge en un contexto donde la compañía petrolera ha expresado la expectativa de que el Ministerio realice gestiones para asegurar la provisión de divisas. Al respecto, la comunicación oficial del Ministerio subraya que su función se circunscribe a la asignación del presupuesto y la cuota correspondiente en bolivianos, facultando así a cada entidad, incluida YPFB, para que proceda a la adquisición de divisas en el sistema de intermediación financiera, en estricto apego a la normativa vigente.

Adicionalmente, el Ministerio ha asegurado que ha tramitado y atendido todas las solicitudes presupuestarias presentadas por YPFB, confirmando que, a la fecha, no existe ninguna petición pendiente de gestión. Se reafirma así que la entrega o asignación directa de divisas no forma parte de sus competencias establecidas

Una acusación formal ha sido interpuesta ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, dirigida contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La acción judicial atribuye a estos funcionarios los delitos de usurpación de funciones y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, conforme a los artículos 153 y 163 del Código Penal.

Este procedimiento legal representa un hito sin precedentes en la reciente trayectoria judicial del país, emergiendo en un momento de alta sensibilidad política, a escasas dos semanas de una crucial segunda vuelta electoral programada para el 19 de octubre, y a un mes de la renovación de la Asamblea Legislativa, la cual tendrá la responsabilidad de guiar la transición institucional y seleccionar a los candidatos para futuras elecciones judiciales, aún sin fecha definida.

La denuncia identifica específicamente a Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. En su fundamentación, el presidente del TSJ detalla que los magistrados fueron elegidos en diciembre de 2017 para un mandato de seis años, el cual concluyó el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, la Declaración Constitucional 49/2023, emitida el 11 de diciembre del año pasado, extendió unilateralmente sus periodos, una medida que, según la argumentación presentada, carece de respaldo constitucional, ya que la Carta Magna no contempla la prórroga de cargos electos. El escrito califica esta extensión como inconstitucional y discrecional, y subraya que los magistrados continúan ejerciendo sus funciones sin la legitimidad requerida. Como parte de sus solicitudes, se ha pedido a la Fiscalía activar alertas migratorias para los cinco magistrados señalados.

En respuesta, el presidente del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, emitió un comunicado institucional defendiendo la autonomía judicial y acusando al TSJ de ceder a presiones políticas. Manifestó que el TCP ha sido objeto de hostigamiento e intentos de influir en sus decisiones para favorecer intereses partidarios. Enfatizó el historial del Tribunal al resistir intentos de avalar la reelección indefinida, suspender los comicios de 2025 o anular la segunda vuelta electoral. Cuestionó los motivos detrás de lo que describió como un intento de descabezar al Tribunal Constitucional a dos semanas de la elección decisiva, preguntando quiénes serían los actores políticos beneficiados por una posible suspensión de la segunda vuelta. Aseguró que la institución no se involucrará en disputas públicas, pero defenderá su rol como garante del proceso electoral.

Por su parte, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, confirmó la recepción de la denuncia. Explicó que la Unidad de Análisis de la Fiscalía dispone de 24 horas para evaluar el documento y determinar si procede su admisión o rechazo, recalcando que el Ministerio Público opera con autonomía e independencia.

La postura del presidente del TSJ ha encontrado eco y respaldo dentro de otras esferas del sistema judicial. El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, coincidió en que la extensión de mandatos carece de fundamento legal y transgrede el principio de temporalidad inherente al ejercicio del poder. Afirmó que la verdadera independencia judicial reside en la adhesión a la Constitución, y no en la permanencia en el cargo, instando a la recuperación de la institucionalidad en el país. Además, advirtió sobre la posibilidad de que el Órgano Legislativo cese a los magistrados mediante una ley que se encuentra en proceso de aprobación, si estos no renuncian. De manera similar, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, expresó su apoyo irrestricto a la iniciativa de Saucedo, enfatizando que la medida busca restaurar la independencia del poder judicial.

Este desarrollo ha generado una considerable agitación en el panorama político, en un contexto ya marcado por el proceso electoral. La Alianza Libre manifestó su preocupación, advirtiendo que los pronunciamientos del TSJ y otras entidades podrían comprometer el desarrollo del proceso electoral, lamentando que estas instancias promuevan acciones que podrían derivar en la suspensión de la segunda vuelta. El senador electo José Manuel Ormachea, también de Libre, denunció la existencia de una conspiración para detener la segunda vuelta, atribuyéndola a sectores del aparato judicial, el evismo y parte del gobierno, con el supuesto objetivo de perpetuarse en el poder.

En contraste, el gobernador Luis Fernando Camacho expresó su respaldo a la decisión de Saucedo y demandó la renuncia inmediata de los magistrados con mandatos extendidos, instándolos a actuar con decoro. Asimismo, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé manifestó su apoyo a la posición del TSJ, señalando que los magistrados deben cesar en sus funciones y lamentando la tardanza de diez meses en el pronunciamiento del TSJ, así como la ausencia de una postura por parte de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría

Una operación de control de narcóticos llevada a cabo recientemente en la ciudad de Sucre culminó con la intercepción de un vehículo y la detención de dos individuos. La intervención policial resultó en el descubrimiento de una considerable cantidad de estupefacientes.

Los hechos se desarrollaron en la Avenida Washington, en la zona de Alto Sucre, donde agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) procedieron a detener el rodado en el que se desplazaban los sospechosos. Durante la inspección del automóvil, los efectivos localizaron la sustancia ilícita.

El hallazgo consistió en un total de cinco bultos, de los cuales tres eran de yute de color celeste y dos transparentes. Dentro de estos bultos se encontraron treinta y dos paquetes individuales, envueltos en material negro, que contenían una sustancia de tonalidad verdosa. Las pruebas de campo realizadas en el sitio confirmaron que la sustancia era marihuana.

Tras el descubrimiento, los dos hombres fueron aprehendidos y serán remitidos a la autoridad judicial. El Ministerio Público asumirá la responsabilidad de iniciar la investigación pertinente en relación con este caso de narcotráfico

Una grave acusación ha sido formulada por un ciudadano contra un miembro de la fuerza policial. El individuo afectado sostiene que un agente le habría solicitado una suma de dinero como condición para la devolución de su vehículo, el cual había sido previamente inmovilizado.

El denunciante ha expresado su profunda inquietud ante lo que considera una posible práctica de corrupción dentro de la institución. En consecuencia, ha solicitado formalmente que se inicie una investigación exhaustiva para esclarecer los pormenores de este incidente.

Las autoridades pertinentes ya han sido notificadas sobre el caso. Se prevé que se activen los protocolos necesarios para verificar la veracidad de los hechos señalados y, de confirmarse la denuncia, se proceda a la determinación de las responsabilidades correspondientes y la aplicación de las medidas disciplinarias o legales que sean pertinentes

Un profundo debate constitucional ha surgido en torno a la continuidad de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), intensificándose tras las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La controversia se centra en la validez de los mandatos extendidos de algunos miembros del TCP y los mecanismos legítimos para su reemplazo.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, exigió públicamente, a través de sus plataformas digitales, la renuncia de cinco magistrados del TCP, a quienes calificó de haber prolongado sus funciones de manera irregular. Saucedo acusó a estos funcionarios de causar perjuicio al país y de debilitar la institucionalidad judicial.

En respuesta a estas afirmaciones, algunos magistrados del TCP han expresado una postura clara, aunque aún se espera una comunicación oficial de la institución. Según su interpretación, la única vía constitucional para la sustitución de los magistrados del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura es mediante el voto popular. Enfatizan que la Asamblea Legislativa Plurinacional carece de la potestad para destituirlos de sus cargos.

Fuentes cercanas al TCP han señalado su sorpresa ante el cambio de posición manifestado por el presidente del TSJ. Recordaron que, hace apenas un mes, ambas instituciones celebraron una Sala Plena conjunta para la designación de vocales constitucionales. Además, se ha destacado que, a principios de año, el propio Saucedo reconoció la necesidad de coexistir con los magistrados con mandato extendido hasta que se eligieran sus reemplazos por sufragio universal. Esta alteración en su postura, tras ocho meses de coordinación y en un momento electoral crucial, ha generado interrogantes.

La posición de los magistrados del TCP se fundamenta en el marco legal vigente. El artículo 158.I.5 de la Constitución Política del Estado establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad de preseleccionar a los candidatos para las altas magistraturas. Sin embargo, este precepto no le confiere la autoridad para cesar a los magistrados o consejeros. Tal acción, según los magistrados, constituiría no solo una ilegalidad, sino una flagrante intromisión de un órgano en las competencias de otro, lesionando el principio de separación de poderes y socavando el Estado de derecho.

En este contexto, una propuesta legislativa presentada por la senadora Silvia Salame, que plantea el funcionamiento del TCP con solo cuatro magistrados elegidos en diciembre de 2024 y la cesación de los cinco con mandato ampliado mediante una declaración constitucional, ha sido objeto de análisis y preocupación. Esta iniciativa, según la perspectiva de algunos magistrados, podría generar un vacío jurisdiccional transitorio en el tribunal de cierre, debilitar la norma suprema al desconocerla e incumplirla, y romper el equilibrio de poderes, elementos esenciales para cualquier Estado de derecho.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el presidente del TSJ se pronuncia sobre la situación de los magistrados del TCP con mandato extendido. Previamente, en julio, durante la conmemoración de la instalación de la extinta Corte Suprema de Justicia, Saucedo instó al entonces presidente del TCP a garantizar la certidumbre en las elecciones generales y a evitar cualquier menoscabo a las atribuciones constitucionales del TSJ en la designación de vocales constitucionales, proceso que debía realizarse en una Sala Plena conjunta con el TCP

El sistema judicial boliviano se encuentra en el centro de un intenso debate tras la enérgica demanda de dimisión formulada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo. El magistrado ha exigido la renuncia inmediata de cinco miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes ha señalado como responsables de un menoscabo a la institucionalidad democrática del país.

Desde el seno del TCP, se ha manifestado sorpresa ante este cambio de postura del titular del TSJ, recordando que el único mecanismo constitucional para la sustitución de autoridades judiciales es a través de elecciones por voto universal.

La declaración de Saucedo surge en un momento clave, a solo un mes de la conclusión del mandato de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, período que coincide con una significativa transición política en el país. A través de plataformas digitales, el magistrado Saucedo difundió un mensaje contundente: los magistrados deben optar entre la renuncia inmediata, al carecer, según él, de legalidad y legitimidad, o enfrentar una expulsión por lo que considera una usurpación de la Constitución y las leyes. Su objetivo, afirmó, es restaurar la institucionalidad boliviana.

El mensaje fue acompañado por las imágenes de los magistrados Gonzalo Hurtado (Beni), René Yván Espada (Pando), Karem Lorena Gallardo (Cochabamba), Isidora Jiménez (Santa Cruz) y Julia Elizabeth Cornejo (Tarija). Estos funcionarios han extendido sus funciones más allá de diciembre de 2023, fecha en que concluía el mandato popularmente otorgado.

Saucedo calificó al TCP, bajo la dirección de estos magistrados, como una de las entidades que más perjuicio ha causado a la nación y a su sistema democrático. En este contexto, recordó que la Cámara de Senadores ya ha aprobado un proyecto de ley, impulsado por la senadora Silvia Salame, que busca adecuar constitucionalmente el funcionamiento transitorio y excepcional tanto del TSJ como del TCP, disponiendo el cese de los magistrados prorrogados. Esta iniciativa legislativa aún espera su tratamiento en la Cámara de Diputados, la cual, hasta finales de septiembre, registraba un rezago de 619 iniciativas legales, de las cuales un 88% corresponden a la actual legislatura que finaliza en 30 días, según datos obtenidos a través de los canales oficiales de acceso a la información pública.

En respuesta a estas declaraciones, representantes del TCP, que optaron por el anonimato, subrayaron que la Asamblea Legislativa carece de la facultad para disponer el cese de magistrados sin vulnerar la independencia de poderes. Argumentaron que el artículo 158 -I.5 de la Constitución Política del Estado faculta al Legislativo la preselección de candidatos, mas no la remoción de mandatos populares.

Los miembros del tribunal constitucional también manifestaron su asombro por el cambio de postura del presidente del TSJ. Recordaron que en septiembre participaron conjuntamente en una Sala Plena para la designación de vocales constitucionales, y que a principios de año, el propio Saucedo había reconocido la necesidad de una convivencia temporal con los magistrados prorrogados hasta la elección de sus reemplazos por voto.

Esta modificación en la postura genera sorpresa, especialmente en un momento cercano a un proceso electoral crucial. Advirtieron que cesar a los cinco magistrados prorrogados y permitir el funcionamiento del TCP únicamente con los cuatro electos en diciembre de 2024, tal como propone la ley Salame, podría generar un vacío jurisdiccional temporal. Consideraron que esta propuesta podría constituir una intromisión de un órgano sobre otro y un quiebre en la separación de poderes.

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión en que Saucedo se pronuncia sobre el particular. El 17 de julio, durante la conmemoración de la instalación de la extinta Corte Suprema, hoy TSJ, ya había interpelado al presidente del TCP, instándolo a garantizar la certidumbre en las elecciones generales y a evitar la restricción de las atribuciones del TSJ en la designación de vocales constitucionales.

Previamente, el 10 de septiembre, el magistrado Hurtado había manifestado que los actuales miembros se mantendrían en sus cargos hasta la llegada de sus reemplazos, señalando que correspondía a la Asamblea completar el proceso de preselección aún pendiente

El reciente encuentro entre los aspirantes a la vicepresidencia, Juan Pablo Velasco de Alianza Libre y Edman Lara del Partido Demócrata Cristiano, organizado por el Tribunal Supremo Electoral, se desarrolló en un ambiente de marcada tensión y confrontación. Aunque el debate se estructuró en torno a cinco ejes temáticos preestablecidos, la discusión rápidamente se desvió hacia acusaciones personales y disputas sobre la conducta de los contendientes.

Desde el inicio, Edman Lara adoptó una postura ofensiva, empleando gran parte de sus intervenciones para abordar las supuestas publicaciones racistas atribuidas a su contrincante. En un gesto inusual al comienzo del debate, Lara ofreció su tiempo a Velasco, instándole a disculparse públicamente por mensajes discriminatorios dirigidos a ciudadanos del occidente del país. Esta estrategia de Lara se mantuvo constante, reiterando las acusaciones y mencionando también el caso del Banco Fassil.

Analistas políticos señalaron que la insistencia de Lara en el tema del racismo y la falta de una aclaración por parte de Velasco se convirtieron en el punto central del debate, opacando en gran medida las propuestas programáticas de ambos. Se observó que, mientras Lara intentaba desviar la atención hacia estos temas sensibles, Velasco se esforzaba por mantener el enfoque en su plataforma de gobierno. Esta dinámica generó un equilibrio particular: aquellos que buscaban propuestas concretas podrían haber percibido un mejor desempeño en Velasco, mientras que quienes valoraban el aspecto político y emocional podrían haber considerado a Lara como el más efectivo.

Lara, mostrando una actitud desenvuelta, incluso pidió disculpas por una controversia pasada que lo involucraba, y aprovechó para instar a Velasco a hacer lo propio respecto a las acusaciones de racismo. Por su parte, Velasco se concentró en presentar sus propuestas de manera sistemática, defendiéndose de los embates de su adversario sin abordar directamente las acusaciones personales.

Una de las acusaciones más contundentes de Lara se refirió al caso del Banco Fassil. El candidato del PDC afirmó que Velasco estaría involucrado en este asunto, alegando poseer pruebas, como cheques, que demostrarían una conexión financiera y una sociedad con el padre de Velasco en la entidad bancaria, con una participación significativa de acciones. Lara exigió a Velasco que revelara la verdad al país y cuestionó la devolución de fondos a los afectados.

En cuanto a las propuestas legislativas prioritarias, Lara planteó la necesidad de leyes para superar la crisis actual, incluyendo una reforma constitucional para combatir la impunidad y una reforma tributaria para eliminar barreras al trabajo. También mencionó leyes para estabilizar el dólar, asegurar el suministro de combustible y abordar normativas conflictivas. Velasco, por su parte, propuso generar 750 mil empleos en cinco años, una ley de activación económica integral que elimine obstáculos a la inversión, seguridad jurídica para la inversión extranjera, el retorno al sistema de concesiones mineras, y el uso de biotecnología, entre otras medidas. En respuesta a una pregunta de Velasco sobre el control de redes sociales, Lara afirmó que respetarían la libertad de expresión.

Respecto a las políticas para solucionar la crisis, Velasco abogó por restaurar la confianza en la banca, resolver el suministro de combustible, fortalecer las exportaciones y establecer un tipo de cambio único para el dólar. Lara, en contraste, propuso una auditoría a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y garantizó el suministro de combustible sin eliminar la subvención, argumentando que los recursos son suficientes si se evita la corrupción.

Ambos candidatos coincidieron en la necesidad de transparentar la Asamblea Legislativa. Lara propuso modernizar el ente, modificar sus reglamentos, transmitir las sesiones y hacer público el trabajo de cada legislador. Velasco planteó una transformación profunda de la Asamblea Plurinacional para hacerla más transparente y participativa, sugiriendo que los legisladores que no cumplan con su trabajo no reciban remuneración y promoviendo la digitalización.

Finalmente, en el eje de reformas constitucionales, Velasco indicó que estas deben basarse en datos, enfocándose en sectores vulnerables, la inversión extranjera para generar empleo, una reforma judicial y la independencia de los órganos del Estado. Lara, por su parte, enfatizó la necesidad de reformas políticas que garanticen el cumplimiento de las normas y establezcan sanciones para quienes las infrinjan.

La dinámica del debate también reveló una clara diferencia en los públicos a los que cada candidato buscaba llegar. Velasco, con su enfoque en propuestas y un tono más conciliador, pareció dirigirse a sectores de clase media y con mayor acceso a la educación. Lara, con su estilo más confrontacional y su énfasis en la lucha contra la corrupción, pareció conectar con sectores populares, que quizás priorizan las acciones y el componente emotivo sobre las cifras y los detalles técnicos. La confrontación, que incluyó la desatención sistemática de las reglas por parte de Lara y un comentario irónico de Velasco hacia su oponente, marcó el tono de un encuentro que generó diversas repercusiones a nivel nacional

El panorama político en la Asamblea Legislativa Plurinacional experimenta una transformación significativa, marcando el fin de casi dos décadas de predominio para el Movimiento Al Socialismo (MAS). En este contexto de transición, dos proyectos de ley cruciales enfrentan un futuro incierto en cuanto a su aprobación: el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2026 y la Ley Transitoria para la Selección, Elección y Designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La directiva de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de un representante oficialista, ha programado para la presente semana el análisis de la normativa transitoria del TSE. No obstante, si no se logra el apoyo mayoritario necesario, su ratificación podría posponerse hasta la próxima legislatura. Similar destino podría correr el PGE, cuyo borrador será presentado al Legislativo por el Órgano Ejecutivo antes de que finalice el mes en curso. La agenda semanal de la Cámara Baja contempla un total de 31 puntos, siendo el proyecto de ley sobre la designación de vocales electorales uno de los elementos principales a debatir.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha confirmado la intención del Ejecutivo de remitir la propuesta del PGE reformulado para 2026 a la Asamblea Legislativa antes de concluir octubre. Se ha destacado que esta acción se alinea con el mandato constitucional que establece el 31 de octubre como fecha límite para dicho envío. Cabe recordar que el año anterior, la Asamblea Plurinacional desestimó la aprobación del PGE, lo que llevó a su implementación mediante decreto por parte del Órgano Ejecutivo, con un presupuesto consolidado que superó los 265 mil millones de bolivianos, representando un incremento cercano al 9% respecto al periodo anterior.

En este escenario, se observan posturas divergentes entre las fuerzas políticas respecto a la temporalidad de la aprobación de estas normativas. Desde la bancada del partido en el gobierno, se ha sostenido la necesidad de que los actuales legisladores cumplan con su responsabilidad ante la ciudadanía y avancen en el tratamiento de estas leyes antes de la conclusión de su mandato, permitiendo así una continuidad en los procesos.

Por otro lado, líderes de las bancadas opositoras, como Comunidad Ciudadana y Creemos, argumentan que la legitimidad y la correspondencia con el nuevo gobierno demandan que sean los próximos legisladores quienes aborden estos proyectos cruciales. Desde Comunidad Ciudadana, se ha señalado que la próxima Asamblea, a partir del 8 de noviembre, deberá encarar de manera prioritaria el Presupuesto General del Estado 2026 y la ley de convocatoria para las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Adicionalmente, se ha advertido sobre la posibilidad de que el partido gobernante intente una última maniobra política, cohesionando sus diferentes facciones para aprobar la norma de selección de vocales, buscando influenciar el proceso a través de una mayoría que se considera artificial.

Desde Creemos, se ha enfatizado que la actual gestión legislativa se encuentra en su fase final y que es imperativo garantizar un proceso transparente, idóneo y de calidad en la elección de los vocales electorales. Se ha expresado la esperanza de que las principales fuerzas políticas, ahora en aparente oposición, compartan una visión común para el beneficio de la población. En relación con el PGE 2026, diversos parlamentarios y actores políticos sugieren que su análisis debería recaer en los nuevos legisladores, considerando que será el próximo Ejecutivo quien definirá la administración de los recursos. Asimismo, se ha anticipado una posible reducción del gasto público con el fin de evitar un déficit fiscal