Ruth Nina, exdirigente de Pan-Bol, obtuvo este miércoles la modificación de las condiciones de su detención domiciliaria, permitiéndole salir del centro penitenciario de San Sebastián en Cochabamba. Su abogado, Gabriel Delgadillo, confirmó que la medida ahora incluye el derecho a trabajar, superando las exigencias iniciales que habían impedido su liberación previa.

Según el representante legal, las primeras condiciones de detención domiciliaria impuestas requerían la presentación de dos fiadores garantes, cada uno con un monto de 30 mil bolivianos, lo cual resultó inviable. Tras solicitar una revisión, la justicia accedió a reemplazar esta exigencia por una fianza económica, facilitando así su salida.

Nina había sido aprehendida el 24 de julio bajo acusaciones de delitos electorales. La imputación surgió a raíz de un comentario emitido durante un evento de Evo Morales en Lauca Ñ, donde sugirió que el día de las elecciones se contabilizarían fallecidos en lugar de votos. Esta declaración condujo a su arresto y posterior detención preventiva por un periodo de 90 días.

Al abandonar el penal, la exdirigente política manifestó su convicción de haber sido una detenida preventiva inocente, afirmando haber cumplido con todas las estipulaciones y haber experimentado las mismas dificultades que cualquier otra persona en esa situación, sin recibir ningún tipo de privilegio. Consideró su reclusión como una sanción. Fue recibida por un grupo de simpatizantes de Evo Morales, quienes se habían congregado en la plaza frente a la cárcel.

El 29 de agosto, Nina ya había logrado una orden de detención domiciliaria, pero las condiciones entonces estipuladas no contemplaban la posibilidad de trabajar y exigían los dos garantes mencionados. Al no poder cumplir con estos requisitos, el plazo para ejecutar la medida expiró. Posteriormente, se presentó una nueva solicitud de cese a la detención preventiva, la cual fue aprobada con exigencias menos restrictivas.

La dirigente política permaneció recluida por un lapso de dos meses y diecinueve días, lo que significa que estaba próxima a completar los tres meses de detención que había solicitado la fiscalía.

Consultada sobre la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo domingo, Nina prefirió no emitir un comentario directo, señalando que ese tema fue precisamente la causa de su encarcelamiento. Indicó que su prioridad inmediata sería reunirse con su familia y con los sectores sociales que la apoyaron, reafirmando su compromiso con la comunidad

En un momento de considerable incertidumbre y reconfiguración política, se ha dado a conocer una ambiciosa propuesta económica denominada “Bolivia: De la crisis a la recuperación”. Este plan aspira a sentar las bases para un amplio acuerdo nacional entre las diversas facciones representadas en el poder legislativo. Su finalidad primordial es estabilizar la economía y reorientar el crecimiento del país mediante la implementación de medidas consensuadas, libres de sesgos partidistas.

El proyecto, gestado a lo largo de más de un año, surgió con la intención de ofrecer una solución técnica y pragmática a la actual coyuntura económica. Uno de sus principales impulsores es Ronald MacLean, quien ha desempeñado cargos como ex alcalde de La Paz y ex ministro de Estado. Para liderar este esfuerzo, MacLean convocó al reconocido economista boliviano Augusto López-Claros, cuya vasta trayectoria incluye destacadas posiciones en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. La visión detrás de esta colaboración es proporcionar a Bolivia una hoja de ruta para la recuperación, inspirada en el espíritu de iniciativas de estabilización exitosas implementadas en el pasado en otros contextos.

El documento se presenta como un marco técnico y neutral, concebido como una guía práctica, moderna y adaptable, similar a un protocolo médico. Su diseño busca facilitar su adopción tanto por el Parlamento como por el próximo Gobierno. Se enfatiza su carácter apolítico, sugiriendo que, si las fuerzas parlamentarias logran un consenso mínimo, el plan podría convertirse en el instrumento fundamental para restaurar la estabilidad y la confianza en la economía nacional.

Desde su ubicación en Madrid, López-Claros expuso un diagnóstico detallado de los principales desequilibrios que enfrenta el país. Entre ellos, resaltó los persistentes déficits fiscales, la preocupante disminución de las reservas internacionales, el aumento de la deuda pública, la rigidez del tipo de cambio fijo y la expansión de un mercado cambiario paralelo. Estos factores, según el análisis, han provocado una desaceleración del crecimiento económico y han puesto en riesgo los avances sociales alcanzados. No obstante, se subrayó que esta situación no es irreversible. Con una gestión disciplinada y una planificación estratégica, Bolivia podría alcanzar la estabilización en el primer año, retomar la senda del crecimiento en el segundo y exhibir resultados tangibles dentro de un mandato presidencial.

El plan fue desarrollado de manera pro bono por López-Claros y un equipo internacional, nutriéndose de experiencias exitosas de estabilización económica implementadas en diversas naciones. Propone una serie de reformas graduales, la instauración de previsibilidad fiscal y la redefinición de la relación entre el Estado y el sector privado, fundamentada en reglas claras y confianza mutua.

En la fase conclusiva de la presentación, se hizo un llamado al optimismo y a la acción colectiva. Se afirmó que, si bien la crisis de Bolivia es profunda, posee soluciones viables. La implementación de las medidas correctas en el orden adecuado permitiría una rápida transición de un escenario de escasez e incertidumbre hacia uno de confianza y prosperidad. Se proyecta que el Bicentenario de la nación marque el inicio de una era en la que todos los bolivianos disfruten de una oportunidad equitativa para progresar.

El lanzamiento de este documento, seguido por un amplio público que incluyó a periodistas, analistas y ciudadanos interesados, busca trascender la coyuntura electoral actual y establecer los cimientos para una nueva etapa económica en el país

Un cargamento de más de 21 kilogramos de cocaína fue decomisado en la ruta que conecta Oruro con Pisiga, tras la huida de dos individuos que abandonaron el vehículo en el que se transportaban. El incidente se produjo durante un despliegue de seguridad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), enmarcado en el plan de alto impacto Por Una Bolivia Mejor, que contempla la revisión de unidades motorizadas en dicho corredor vial.

Los agentes antidrogas se encontraban realizando controles en el tramo carretero cuando un automóvil de color plomo evadió las señales de detención y emprendió la fuga. La persecución se extendió hasta el sector de Sabaya-Pisiga, donde los ocupantes del vehículo, al realizar maniobras evasivas, se vieron imposibilitados de continuar su marcha y optaron por dejar el automóvil desatendido, internándose a pie en la zona desértica para evadir a las autoridades.

Al inspeccionar la unidad abandonada, los efectivos policiales descubrieron en su interior dos mochilas de color negro. Dentro de estas, se hallaron veinte paquetes compactos, conocidos como ladrillos, que tras ser sometidos a la prueba de campo pertinente, arrojaron resultado positivo para cocaína. El peso total de la sustancia ilícita confiscada asciende a 21 kilos con 250 gramos.

El automóvil ha sido puesto bajo custodia judicial y los estupefacientes decomisados. Simultáneamente, las fuerzas del orden han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los dos implicados en este ilícito

El proceso electoral boliviano ha asegurado un respaldo fundamental para su fase culminante. Las principales entidades proveedoras de servicios básicos en el país han formalizado su compromiso de garantizar el abastecimiento ininterrumpido de combustible y energía eléctrica, elementos cruciales para el desarrollo normal de la segunda vuelta presidencial.

La reciente escasez de hidrocarburos había generado inquietud en el Órgano Electoral, que se encuentra en la etapa final de este extenso proceso. Ante esta situación, se llevó a cabo una reunión de alto nivel entre representantes del ente electoral, el Viceministerio de Hidrocarburos y los directivos de las empresas encargadas de estos servicios esenciales, abordando no solo la provisión de carburantes, sino también la de electricidad.

Como resultado de este encuentro, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se comprometieron a asegurar la disponibilidad prioritaria de carburantes para todas las dependencias del Órgano Electoral. Para facilitar esta provisión, las instancias electorales suministrarán listados de funcionarios autorizados y matrículas de los vehículos que requerirán gasolina o diésel.

En paralelo, la empresa Delapaz, subsidiaria de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE), garantizó la continuidad del suministro eléctrico en los puntos estratégicos definidos por el Tribunal Supremo Electoral. La Dirección Nacional de Tecnologías y Comunicación será la encargada de coordinar con Delapaz la identificación precisa de estas ubicaciones críticas, donde la energía es indispensable. Solo en la ciudad de La Paz, el Órgano Electoral operará al menos cuatro centros de monitoreo y cómputo: uno de alcance nacional, otro departamental, un tercero dedicado al recuento de votos emitidos en el exterior y el centro del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre).

Un vocal delegado presidencial, junto con directores del TSE, encabezó las gestiones con funcionarios gubernamentales para consolidar estas garantías. Se hizo un llamado a la comprensión ciudadana respecto a la preferencia que recibirán los vehículos electorales en el abastecimiento de combustible, dada su función indispensable en el traslado de material electoral. Las autoridades han manifestado que el proceso electoral cuenta con la provisión asegurada de carburantes para toda la flota vehicular del Órgano Electoral, y que las comisiones de traslado ya han comenzado sus labores en algunas regiones.

El traslado de las maletas electorales a las zonas rurales más distantes de los centros urbanos se inició el lunes, en un operativo conjunto que involucra a la Policía y las Fuerzas Armadas, responsables de la cadena de custodia. La contienda decisiva para elegir al próximo presidente y vicepresidente de Bolivia está programada para este domingo 19 de octubre, y la preocupación inicial del ente electoral sobre el impacto de la crisis de combustible ha sido mitigada.

Desde las primeras horas de este jueves 16 de octubre, los tribunales electorales departamentales activarán un amplio despliegue logístico para distribuir miles de maletas electorales en provincias y áreas rurales. La totalidad del material electoral ya ha sido preparado en más de 34.000 maletas, que serán distribuidas primero en el ámbito rural a partir del jueves, y posteriormente en los recintos urbanos durante el viernes y sábado. Este operativo cuenta con el acompañamiento constante de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, garantes de la seguridad y custodia del material.

Mientras el Órgano Electoral ejecuta este masivo operativo, el calendario electoral establece que a partir de este jueves rige el periodo de silencio electoral. Durante este lapso, quedan prohibidas todas las actividades de campaña y propaganda proselitista, una veda que se extenderá hasta el domingo 19 de octubre. Este tiempo está destinado a la reflexión ciudadana, permitiendo a los votantes meditar su decisión para emitir un sufragio responsable, crucial para definir al próximo gobernante de Bolivia por los siguientes cinco años. Hasta el día de ayer, los dos binomios que compiten en esta histórica segunda vuelta habían protagonizado una intensa campaña de dos meses, buscando captar el apoyo de los votantes, especialmente los indecisos. Sus actividades incluyeron caravanas multitudinarias, encuentros con organizaciones sociales, gremios y empresarios, así como concentraciones con espectáculos musicales, ballets y fuegos artificiales, en un esfuerzo por conectar con la ciudadanía.

En preparación para la jornada electoral, los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca han sido los primeros en emitir sus respectivos decretos de buen gobierno. Estas normativas departamentales, entre otras restricciones, prohíben el consumo de bebidas alcohólicas. En Santa Cruz, un decreto firmado por el gobernador establece que, desde las cero horas de este jueves 16 de octubre hasta las 23:59 del domingo 19 de octubre, están vedadas las manifestaciones de apoyo a cualquier fuerza política. Adicionalmente, a partir de las cero horas del viernes 17 de octubre, se prohíbe en todo el departamento la venta y consumo de alcohol, así como la portación de armas. Para el día de la votación, se restringe la circulación vehicular, tanto de motocicletas como de automóviles, a excepción de aquellos que posean la autorización correspondiente o que la normativa vigente contemple.

Este domingo 19 de octubre, un total de 7.9 millones de bolivianos están convocados a las urnas para participar en una jornada histórica, donde elegirán en segunda vuelta al próximo presidente que liderará el país durante el quinquenio venidero

La actividad de las redes de narcotráfico que operan en Bolivia genera un impacto directo y significativo en Europa, evidenciando la profunda envergadura de estas conexiones criminales transnacionales. Esta situación es motivo de creciente preocupación para las autoridades del continente europeo. El crimen organizado internacional experimenta una expansión global, y Bolivia no es una excepción a esta tendencia; lo que acontece en el país sudamericano puede tener repercusiones inmediatas en ciudades europeas, y viceversa, configurando una compleja cadena delictiva que afecta a múltiples regiones.

La Unión Europea se ha consolidado como el principal socio en la cooperación para la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Para el actual quinquenio, se ha destinado un presupuesto aproximado de 60 millones de dólares estadounidenses a estas iniciativas. Un mecanismo de evaluación periódica asegura el seguimiento y la continuidad de esta política. Este rol preponderante de la UE como fuente de apoyo se estableció tras la salida de Estados Unidos del país andino durante la administración de Evo Morales.

En el ámbito de la seguridad interna, autoridades bolivianas han señalado la presencia de la mafia balcánica en el territorio, a raíz de una serie de incidentes registrados en Santa Cruz. Adicionalmente, el 2 de octubre pasado, autoridades uruguayas confirmaron que el narcotraficante Sebastián Marset se encontraba nuevamente en Bolivia, desde donde dirigiría su organización criminal y sus extensas conexiones internacionales.

La colaboración europea abarca diversas áreas cruciales. Incluye desde el acompañamiento en las operaciones de decomiso e incineración de drogas, hasta la formación especializada de jueces antinarcóticos. Asimismo, se implementan programas de rehabilitación y de desarrollo alternativo en regiones productoras de coca, como el Chapare y Los Yungas. Si bien algunos programas específicos están programados para finalizar el próximo año, la cooperación se mantiene activa a través de distintos proyectos y programas en curso, adaptándose a las necesidades del momento