Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha presentado un requerimiento judicial ante el magistrado que instruye el caso conocido como Botrading. Dorgathen, sobre quien pesa una orden de aprehensión en el marco de esta investigación, solicita formalmente rendir su declaración en la ciudad de Santa Cruz.

El funcionario ha justificado su petición argumentando que su domicilio real se encuentra en dicha urbe. Asimismo, en el documento dirigido a la autoridad judicial, expuso que padece una condición de salud que le dificulta el traslado entre diferentes localidades. En su escrito, el presidente de YPFB también manifestó su interés en prevenir situaciones que pudieran interpretarse como indefensión o persecución indebida.

La investigación del caso Botrading se centra en la averiguación de supuestas irregularidades detectadas en operaciones comerciales vinculadas a la empresa petrolera estatal

Los restos de Juan Óscar Alfaro Lara, quien ejercía como vicepresidente del directorio de Entel, fueron localizados en la tarde del jueves, poniendo fin a una búsqueda que se extendió por cuatro días tras su ausencia de su puesto de trabajo. La confirmación de su deceso llegó horas después, en la misma noche, por parte de sus colaboradores y miembros de la organización política a la que pertenecía.

Alfaro Lara desempeñaba una función directiva clave dentro de la empresa nacional de telecomunicaciones. Era reconocido por su activa participación en el ámbito político, siendo identificado por miembros del partido de gobierno como uno de los ‘guerreros digitales’ que contribuyeron significativamente en las campañas electorales, incluyendo la de Luis Arce en 2020 y la de Eduardo Del Castillo en el presente año.

Su partida ha generado expresiones de pesar entre sus allegados y figuras del ámbito político. Un colega, quien lideró la campaña de un exministro de Gobierno, lo describió no solo como un compañero de lucha, sino que también evocó conversaciones profundas sobre política sostenidas en encuentros previos, resaltando la intensidad de sus intercambios ideológicos.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han emitido ningún comunicado oficial detallando las circunstancias del suceso. Se conoce únicamente que se había presentado una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) debido a su prolongada ausencia laboral.

A lo largo de su trayectoria profesional, Alfaro Lara ocupó diversas posiciones de relevancia en la administración pública. Su experiencia abarcó entidades como YPFB, el Ministerio de Aguas, la Vicepresidencia del Estado y, finalmente, Entel, lo que subraya una carrera dedicada al servicio estatal en cargos de alta jerarquía

Un oficial de alto rango de la Policía de Tránsito en Pando ha sido detenido y se encuentra bajo procesos penal y disciplinario. La acción se deriva de acusaciones graves que incluyen presunta extorsión y la apropiación indebida de un monto de 7.200 bolivianos a varios ciudadanos.

La investigación se inició a raíz de alertas públicas que motivaron la intervención inmediata de la Policía Boliviana. Las autoridades procedieron a la aprehensión del teniente, quien es sospechoso de estar involucrado en cobros irregulares dentro de la unidad de Tránsito.

Entre las denuncias específicas, se señala que el oficial habría exigido 500 bolivianos a una persona para liberar una motocicleta que había sido retenida. Durante el procedimiento de aprehensión, se halló e incautó una suma de 7.200 bolivianos en su escritorio, dinero que presuntamente provendría de otros actos de corrupción.

Tras su detención, la autoridad judicial determinó su reclusión preventiva por 30 días en la cárcel de Villa Busch, ubicada en Pando. Paralelamente, el Tribunal Disciplinario de la Policía está evaluando su caso, lo que podría resultar en su baja definitiva de la institución. La normativa interna califica este tipo de acciones como faltas graves, cuyas sanciones pueden ir desde el retiro temporal hasta la expulsión permanente. En consecuencia, al tomar conocimiento de los hechos, el sistema disciplinario del departamento de Pando activó todos los procedimientos establecidos.

La fuerza policial ha manifestado que las investigaciones continuarán activas con el fin de esclarecer completamente el caso y determinar si existen otros implicados en prácticas de cobros ilegales dentro de la unidad de Tránsito en Pando

El Senado avaló, en la mañana de este miércoles, una petición para que una propuesta legislativa fuera sometida a un tratamiento expedito. Dicha iniciativa, impulsada por el Comité pro Santa Cruz, tiene como fin primordial establecer mecanismos que garanticen la provisión de combustibles en el ámbito nacional.

La demanda de una consideración urgente fue planteada al inicio de la jornada legislativa, durante la 203° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, correspondiente a la legislatura 2024/2025. La justificación se fundamentó en la imperiosa necesidad de abordar la crítica coyuntura que vive el país a raíz de la insuficiencia de diésel y gasolina. Se subrayó que el país se halla en una situación de emergencia, donde la carencia de estos carburantes está generando la interrupción de múltiples actividades económicas y productivas. La trascendencia de que el cuerpo legislativo articule soluciones inmediatas a esta crisis constituyó un eje central de la argumentación.

Sometida a votación, la solicitud obtuvo el respaldo de una mayoría superior a los dos tercios de los senadores, lo que concretó su aprobación y la posterior remisión del proyecto para su análisis dentro del segmento de asuntos varios.

La iniciativa legal, descrita como una medida de naturaleza excepcional y de vigencia transitoria, persigue como meta primordial optimizar la cadena de distribución de carburantes. A tal efecto, autoriza a los vehículos cisterna de transporte de combustibles a trasladarse directamente a los puntos de expendio o estaciones de servicio, facilitando de esta manera su adquisición sin dilación por parte de los usuarios

El pleno de la Cámara de Senadores ha dado su aprobación, en una sesión caracterizada por su rapidez, a una propuesta legislativa que habilita la importación directa de combustibles con exención de impuestos por un periodo de noventa días. Este proyecto ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis, en un momento crucial cuando el calendario legislativo se acerca a su cierre.

La normativa establece, de manera excepcional y por un lapso de tres meses a partir de su promulgación, la autorización para que personas naturales o jurídicas de carácter privado puedan importar diésel y gasolina con el propósito de comercializarlos en el mercado interno. La celeridad en la aprobación por parte de los senadores fue notoria, completándose en menos de una hora y sin que se presentaran objeciones, incluso en lo referente a la claridad del texto.

Esta disposición permitirá a las estaciones de servicio, que tradicionalmente distribuyen hidrocarburos, adquirir tanto gasolina como diésel directamente, sin la intervención de la empresa estatal de hidrocarburos. La mencionada empresa estatal deberá, en un plazo máximo de diez días, comunicar su capacidad para proveer los combustibles a las estaciones de servicio.

Para facilitar este proceso, se instaura la Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD), gestionada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a través de canales presenciales o digitales, con un tiempo de respuesta máximo de 48 horas hábiles para las estaciones de servicio. Si en ese periodo la empresa estatal no efectúa el suministro de combustible, la licencia adquiere validez, permitiendo la importación directa.

No obstante, la ley subraya que las estaciones de servicio deben priorizar la recepción de gasolina y diésel proveniente de la empresa estatal. Solo en caso de no recibir dicho suministro, podrán proceder a la venta del combustible importado directamente.

Las entidades importadoras deberán contar con el equipamiento necesario para diferenciar entre el diésel y la gasolina que se benefician de subsidios y aquellos que han sido importados de forma directa. Adicionalmente, estas empresas están obligadas a reportar en línea a la ANH, detallando el porcentaje de combustible subvencionado y el de importación directa que ha sido comercializado.

Una disposición fundamental de esta ley es la exención de impuestos a la importación. La adquisición de diésel y gasolina para su venta en el mercado interno, realizada bajo los términos de esta normativa excepcional y durante su vigencia, estará libre del Impuesto a las Transacciones (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las estaciones de servicio tendrán la opción de adquirir estos productos de grandes importadores o realizar la importación directamente, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, y la supervisión de todo el proceso recaerá en la ANH