El 19 de octubre de 2025 marcó un hito trascendental en la historia política de Bolivia, con la elección de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia. Su victoria no solo significó un cambio en la dirección del país, sino que también representó la primera ocasión en que el cargo de Jefe de Estado fue definido mediante una segunda vuelta electoral, un mecanismo democrático previsto en la Constitución pero que hasta entonces había permanecido inédito.

Pocos minutos después de las ocho de la noche de aquel día, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados preliminares que confirmaron el triunfo de Paz Pereira. Este momento lo consolidó como el primer ciudadano boliviano en alcanzar la presidencia a través de una votación de desempate. Además, su logro estableció otro precedente al ser el primer político en obtener una victoria contundente en su primera postulación presidencial. En su primer discurso como presidente electo, pronunciado esa misma noche, Paz Pereira estuvo acompañado por su familia y líderes de su partido, aunque sin la presencia de su compañero de fórmula, Edmand Lara. Aprovechó la oportunidad para agradecer las felicitaciones de diversos mandatarios internacionales, elogiar la labor del organismo electoral y lamentar la polarización que caracterizó la campaña.

La implementación de la segunda vuelta en 2025 fue el resultado de un largo recorrido institucional y político. Durante las elecciones de 2009 y 2014, Evo Morales había obtenido victorias con mayorías absolutas, superando el 60% de los votos en ambas ocasiones. En 2019, la posibilidad de una segunda vuelta entre Morales y Carlos Mesa se vislumbró por primera vez, con los datos oficiales del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) indicando esa tendencia. Sin embargo, un corte de energía y un subsiguiente silencio de 24 horas generaron dudas sobre la transparencia del proceso, al alterarse las proyecciones iniciales y buscarse una victoria ajustada en primera vuelta. La controversia de 2019, con la incredulidad generalizada, las observaciones de misiones internacionales como la OEA y la Unión Europea, las protestas ciudadanas y el motín policial, culminó con la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Este complejo antecedente de 2019 sirvió como telón de fondo para el proceso electoral de 2025, que finalmente demostró una madurez institucional. Por primera vez en casi dos siglos de vida republicana, Bolivia recurrió a una elección complementaria para designar a su máximo dignatario. Más allá de ser un mero detalle técnico, fue la materialización de un principio democrático consagrado en la Constitución de 2009, una Carta Magna que, entre otras innovaciones, estableció este mecanismo para resolver las disputas por el poder. Anteriormente, las urnas solo representaban la mitad de la contienda, que se definía en los pasillos del Congreso, donde los sufragios ciudadanos se diluían en pactos, presiones y acuerdos de última hora.

A lo largo de gran parte del siglo XX y principios del XXI, los presidentes no eran elegidos por mayoría popular directa, sino por una Asamblea legislativa fragmentada que actuaba como árbitro. Desde el retorno a la democracia en 1982, ninguna elección general había otorgado mayorías absolutas. Los candidatos podían ganar en las calles, pero sus victorias se revertían en los cómputos finales, siendo las alianzas políticas las que determinaban el resultado. Víctor Paz Estenssoro, por ejemplo, regresó al poder en 1985 no por la magnitud de su votación, sino por un acuerdo con sus adversarios, implementando un ajuste económico drástico para contener la hiperinflación. En 1989, un pacto inusual entre Hugo Banzer y Jaime Paz Zamora, quien había quedado en segundo lugar en las urnas, llevó a este último a la presidencia, en un contexto de negociaciones que entrelazaban poder, conveniencia y la reconciliación forzada de antiguas enemistades.

Esta dinámica se repitió en numerosas ocasiones. En 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada formó una alianza con el MBL; en 1997, Hugo Banzer obtuvo la presidencia con el apoyo de sectores empresariales y partidos menores; y en 2002, la situación rozó el absurdo cuando el Congreso eligió a Sánchez de Lozada por encima de Evo Morales, a pesar de que la diferencia en votos había sido mínima. Cada decisión parlamentaria era un reflejo de las correlaciones de fuerza, más que de la voluntad ciudadana. En la opinión pública, se hablaba más de negocios políticos que de propuestas programáticas. La política se percibía como un tablero donde se negociaban ministerios, embajadas y privilegios. La violencia de octubre de 2003, conocida como la Guerra del Gas, fue también el trágico resultado de esa desconexión entre el voto popular y el ejercicio real del poder.

El año 2005 marcó un quiebre en este ciclo. Evo Morales Ayma obtuvo una victoria con el 53.74% de los votos, la primera mayoría absoluta desde 1982, eliminando la necesidad de una decisión congresal. Este triunfo inauguró una nueva etapa en la historia política del país: la del voto contundente y la del Estado Plurinacional, consolidado en 2009 con una Constitución que, entre sus múltiples reformas, estableció la segunda vuelta presidencial como una garantía de legitimidad.

La paradoja de la historia boliviana radica en que esta herramienta democrática tardó dieciséis años en estrenarse. Ni en 2009, ni en 2014, ni siquiera en el controvertido 2019, fue necesaria una segunda vuelta, dado que Evo Morales ganó en dos ocasiones con más del 60% de los votos, y Luis Arce lo hizo en 2020 con el 55%. Fue solo en 2025, en un escenario de fragmentación del voto y una reconfiguración del mapa político, que el país se encontró ante su primera definición presidencial en una instancia complementaria. Las reglas estaban escritas desde hacía años, pero solo ahora se pusieron a prueba, permitiendo que la democracia boliviana marcara su hora exacta.

El triunfo de Rodrigo Paz Pereira, por tanto, representa un nuevo punto de inflexión. No fue simplemente una elección reñida, sino el cierre de una etapa histórica. Por primera vez, la segunda vuelta sirvió para dirimir un liderazgo con plena legitimidad, sin pactos ocultos ni congresistas que decidieran en lugar de la mayoría. El ciudadano fue, finalmente, el único árbitro.

La jornada del 19 de octubre de 2025 quedará grabada en la memoria nacional como el día en que Bolivia completó su transición de una república de acuerdos tácitos a una democracia de mayorías. No hubo épica militar ni discursos grandilocuentes, solo la sobria confirmación de un país que aprendió, tras siglos de inestabilidad, que el poder legítimo emana de la voluntad ciudadana. Anoche, al conocerse los resultados oficiales y al declararse Rodrigo Paz como presidente electo del Estado Plurinacional, Bolivia escribió una página inédita de su devenir democrático: aquella en la que el poder se conquista, al fin, con el voto limpio, directo y soberano de su pueblo

La Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra en un punto crítico respecto a la elección del próximo Contralor General del Estado, una decisión que, según diversas voces parlamentarias, carece de un respaldo unificado.

El vicepresidente David Choquehuanca ha impulsado con determinación la selección de esta nueva autoridad, convocando a una sesión para el martes a las 14:00 horas con este propósito. Sin embargo, legisladores de la bancada oficialista han expresado escepticismo sobre la viabilidad de este nombramiento. Algunos parlamentarios han manifestado que la cercanía del cierre de la gestión legislativa minimiza la necesidad de un consenso en este momento y que, de hecho, es improbable que se alcance.

Este no es el primer intento de la actual administración por designar a un Contralor. En junio de 2022, una iniciativa similar no prosperó. Posteriormente, el 4 de julio de ese mismo año, el presidente Luis Arce designó a Nora Herminia Mamani para ejercer el cargo de manera interina, a la espera de que la Asamblea conformara la terna definitiva.

La inclusión de este punto en la agenda legislativa, propuesta por la vicepresidencia hace una semana, tomó por sorpresa incluso a miembros de su propia bancada. Ante esta situación, la oposición sugirió posponer la elección hasta el inicio de la próxima legislatura. No obstante, las tres facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) –conocidas como arcistas, evistas y androniquistas– lograron unificar sus criterios y votaron a favor de proceder con la designación.

Los sectores de oposición han manifestado su negativa a respaldar esta elección. Su argumento principal radica en la percepción de que el gobierno busca asegurar un Contralor antes de la transición, con el fin de evitar que una futura administración pueda revisar en profundidad las dos décadas de gestión del partido en el poder.

La postura de algunos legisladores oficialistas no es aislada dentro de su propio bloque. Otros parlamentarios afines al gobierno también han expresado dudas sobre la conveniencia de realizar este nombramiento en los últimos días de su mandato, señalando que apenas restan un par de sesiones antes de la conclusión de sus funciones.

Para que la designación del Contralor General se concrete, se requiere una mayoría de dos tercios de los votos de los diputados presentes. El bloque del MAS, sumando todas sus vertientes, cuenta con 96 escaños entre diputados y senadores. Por su parte, Comunidad Ciudadana posee 50 curules y Creemos, 20, totalizando 166 parlamentarios. No obstante, el MAS necesitaría un mínimo de 111 votos para alcanzar la mayoría calificada, cifra que actualmente no posee, lo que subraya la dificultad de lograr un consenso en esta crucial decisión

La reciente elección de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia marca el inicio de un período de transformación política en la nación andina, cuya magnitud aún se perfila. Los resultados de la segunda vuelta presidencial, con Paz obteniendo el 54,5% de los votos frente al 45,5% de su contendiente, Jorge Quiroga, ponen fin a dos décadas de predominio del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Rodrigo Paz, figura centrista del Partido Demócrata Cristiano, se presentó como la opción más moderada en esta contienda electoral. No obstante, sus propuestas delinean un cambio significativo respecto a las políticas implementadas en Bolivia durante los últimos veinte años. Con 58 años de edad, Paz cuenta con una extensa trayectoria política, habiendo servido como senador, alcalde de Tarija entre 2010 y 2020, y previamente como diputado. Su formación académica incluye estudios de economía, relaciones internacionales y gestión pública en Estados Unidos.

Su victoria en las urnas sorprendió a muchos, dado que logró acceder a la segunda vuelta en agosto con la mayor proporción de votos válidos y superó las proyecciones de algunas encuestas, gracias al respaldo crucial de sectores de clase media y baja. Este apoyo se gestó en parte por la desilusión de un segmento de la población con el MAS, partido que transformó radicalmente el panorama político boliviano con la llegada de Evo Morales, el primer presidente indígena del país, en 2006. La fuerza de izquierda mantuvo su influencia con una breve interrupción en 2019, tras la salida de Morales en medio de una crisis política, y el posterior triunfo de Luis Arce en 2020. Sin embargo, en los últimos años, el MAS experimentó un debilitamiento por disputas internas entre Morales y Arce, sumado a un deterioro económico que llevó a Bolivia a su primera recesión en cuatro décadas, lo que se reflejó en un escaso 3% de los votos en la primera vuelta de la reciente elección.

Este proceso electoral se erige, por tanto, como un momento decisivo para Bolivia, con una segunda vuelta protagonizada por dos candidatos vinculados a la élite tradicional que Morales había desafiado. Paz, hijo y sobrino nieto de expresidentes, nació en España durante el exilio de su padre, Jaime Paz Zamora, quien regresó a Bolivia tras el fin de una dictadura militar y gobernó entre 1989 y 1993. Es evidente que la mayoría de los bolivianos expresaron un deseo de un nuevo rumbo para el país.

El plan de gobierno del presidente electo se articula en torno a varias líneas de acción fundamentales.

Una de las principales banderas de la campaña de Paz fue la promoción de un capitalismo para todos. Esta visión económica incluye la reducción de cargas tributarias y aranceles, la facilitación del acceso a créditos y la adopción de un sistema de banda cambiaria con máximos y mínimos. Paz ha descrito esta propuesta como una vía para generar recursos para la ciudadanía, asegurar la estabilidad de precios y establecer reglas claras para la producción, con un Estado que actúe como facilitador. Este enfoque contrasta marcadamente con el modelo socialista impulsado por los gobiernos del MAS, caracterizado por una mayor intervención estatal en la economía y medidas nacionalistas. Expertos en economía política señalan que se transitará de un capitalismo de Estado y de camarilla hacia una economía abierta que fomente la inversión privada y extranjera, reconociendo que la población boliviana, incluyendo comunidades como la aymara y quechua, valora el mercado y la acumulación.

No obstante, la implementación de estas medidas plantea interrogantes, especialmente ante un déficit fiscal cercano al 10% del PIB que Paz se ha propuesto reducir. El presidente electo ha descartado el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, una opción que su oponente había considerado. En su lugar, Paz confía en que los recursos estatales son suficientes si se erradica la corrupción, y anticipa el uso de créditos por más de 3.500 millones de dólares ya aprobados por organismos multilaterales, que el gobierno saliente no utilizó por ineficiencia. También ha anunciado la eliminación de los subsidios a los combustibles, con la excepción de aquellos destinados a los sectores más vulnerables. Estos subsidios, que caracterizaron la administración del MAS y ascendieron a 2.000 millones de dólares el año pasado, son considerados insostenibles debido a los problemas fiscales del país y la actual escasez de hidrocarburos. Sin embargo, un recorte de estas subvenciones podría desencadenar un aumento inflacionario y malestar social, como ocurrió en 2010 cuando un intento similar por parte del gobierno de Morales provocó fuertes protestas y una eventual marcha atrás. La nueva dirigencia de la Central Obrera Boliviana ya ha manifestado su rechazo a cualquier modificación o eliminación de la subvención a los hidrocarburos. Ante la posibilidad de protestas callejeras, Paz deberá asegurar un sólido respaldo a sus reformas en un Congreso fragmentado, donde carece de mayorías.

Otro pilar de la propuesta de Paz es la descentralización de los recursos públicos. Su Agenda 50/50 busca una distribución equitativa del presupuesto nacional, otorgando el 50% al Estado central y el otro 50% a las regiones y universidades públicas, en contraste con la situación actual donde el Estado central concentra más del 80% del total. Paz ha enfatizado que esta agenda representa un presupuesto en colaboración con las regiones. A pesar de que la autonomía regional fue consagrada en la Constitución y en leyes durante los gobiernos del MAS, su plena implementación nunca se materializó en la práctica, según expertos. Se argumenta que regímenes con amplias mayorías parlamentarias y liderazgos personalistas tienden a resistirse a la descentralización del poder. Sin embargo, Paz, al verse en la necesidad de negociar con gobernaciones y alcaldías para asegurar la gobernabilidad, podría verse impulsado a concretar esta descentralización. Analistas políticos en La Paz señalan que la Agenda 50/50 responde, en parte, a las demandas del oriente boliviano, una región clave para la economía del país, aunque advierten que su implementación no estará exenta de conflictos. Además, Paz ha prometido descentralizar a la policía, designando a su vicepresidente, Edman Lara, un exoficial de esa fuerza que ha denunciado corrupción interna y protagonizado declaraciones controvertidas durante la campaña, como figura clave para esta reforma.

Finalmente, el presidente electo ha planteado una serie de medidas que implican una reforma estructural del Estado boliviano. Su programa contempla la congelación de actividades de empresas públicas con déficits operativos, la implementación de un sistema digital para las compras estatales y el fortalecimiento de los controles anticorrupción. Paz ha prometido recortar beneficios a políticos y desmantelar un Estado tranca, afirmando que el país destina más de 1.300 millones de dólares a gastos superfluos. Su intención de impulsar una reforma judicial sugiere un posible esfuerzo por eliminar la elección popular de jueces, un mecanismo que, según analistas, ha politizado el sistema. No obstante, estas reformas, al igual que otras planteadas por el presidente electo, requerirían modificaciones constitucionales y un amplio respaldo legislativo.

La elección en Bolivia presagia un cambio de era, cuya sostenibilidad aún está por verse. Algunas de las propuestas de Paz son consideradas drásticas, mientras que la metodología para implementar otras aún no ha sido completamente detallada, lo que añade un elemento de incertidumbre al futuro político del país

La nueva administración gubernamental se encuentra ante un panorama de considerable complejidad, donde la estabilidad y la capacidad de gestión dependerán crucialmente de la habilidad para forjar amplios consensos políticos. Estos acuerdos son indispensables para implementar las medidas urgentes que permitan al país superar la crisis más profunda que ha enfrentado en décadas recientes.

El escenario económico actual se caracteriza por una acuciante escasez de divisas, interrupciones en el suministro de combustible, un persistente incremento de precios y un estancamiento generalizado de la producción. Esta confluencia de factores exige una respuesta inmediata y contundente para revitalizar la economía nacional.

Existe una percepción generalizada, tanto entre la ciudadanía como en los círculos de análisis, de que el gobierno entrante deberá gestionar una serie de crisis interconectadas. A la severa contracción económica, manifestada en alta inflación y la escasez de recursos esenciales como divisas y combustibles, se suma una creciente desconfianza pública, alimentada por la inseguridad jurídica y los persistentes desafíos de corrupción.

La clave para asegurar la gobernabilidad residirá en la consecución de pactos políticos sólidos, un desafío considerable dado que la Asamblea Legislativa se perfila como un cuerpo altamente fragmentado, compuesto por representantes de seis distintas fuerzas políticas. Las proyecciones sobre la conformación del órgano legislativo, tras la primera ronda electoral, indican que estará integrado por 70 legisladores del PDC, 53 de Libre, 35 de Unidad, 8 de Alianza Popular, 6 de Súmate y 2 del MAS. Esta distribución marca un quiebre significativo con las últimas dos décadas, periodo en el que el MAS mantuvo una hegemonía, ostentando mayorías absolutas o incluso dos tercios de los escaños.

Expertos en ciencia política advierten que la ausencia de acuerdos podría no solo profundizar la ya delicada situación económica, sino también intensificar la polarización política dentro del país.

Desde la perspectiva económica, se considera primordial que el nuevo gobierno priorice la estabilización macroeconómica y el restablecimiento de la credibilidad fiscal. Esto implica una reducción efectiva del déficit y la promoción de un pacto fiscal que permita a las regiones, universidades y municipios sanear sus finanzas. Con ello, se espera que estas entidades puedan contribuir de manera más efectiva a programas de reducción de la pobreza y desarrollo humano, restaurando así la confianza monetaria y mitigando la incertidumbre sistémica.

Adicionalmente, será imperativo abordar la crisis energética y de abastecimiento, directamente ligada a la disponibilidad de dólares. El gobierno también deberá implementar políticas orientadas a combatir el desempleo, frenar la caída del salario real y reducir la elevada informalidad que prevalece en el mercado laboral

Bolivia ha elegido a Rodrigo Paz Pereira como su próximo presidente, tras una segunda vuelta electoral celebrada el 19 de octubre. Los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicaron que Paz Pereira obtuvo el 54.53% de los sufragios, asegurando así la presidencia del país. Su asunción al cargo está prevista para el 8 de noviembre de 2025.

La victoria de Paz Pereira generó una ola de reacciones y felicitaciones por parte de la comunidad internacional. Desde Estados Unidos, se transmitió la expectativa de colaborar con el presidente electo en la estabilización económica, el fomento del crecimiento del sector privado y el refuerzo de la seguridad, extendiendo también felicitaciones al pueblo boliviano por este momento trascendental.

En Argentina, el presidente Javier Milei calificó la jornada como histórica para Bolivia, aludiendo a un cambio de rumbo tras dos décadas de un modelo que consideró fracasado. El mandatario argentino señaló que Bolivia se encamina hacia una apertura económica, el combate a la corrupción y la inseguridad, y el fin del despilfarro del Estado.

Edmundo González, figura política venezolana, envió sus buenos deseos al presidente electo Paz Pereira, augurándole acierto y serenidad en la conducción de esta nueva etapa para Bolivia. González interpretó la victoria como una manifestación de la voluntad de cambio de la ciudadanía boliviana, destacando el desafío de reconstruir instituciones, reconciliar al país y demostrar que la alternancia puede ser sinónimo de renovación.

El Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) reconoció la ejemplar jornada democrática boliviana y reafirmó su compromiso de colaborar con el nuevo gobierno en pro del desarrollo sostenible y el bienestar del país. Su presidente, Sergio Díaz-Granados, extendió sus felicitaciones a Paz Pereira, asegurando que la institución trabajará coordinadamente para impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida y fortalezcan el desarrollo nacional.

El gobierno de Paraguay también se sumó a las felicitaciones, tanto al presidente electo como al pueblo boliviano por su participación democrática, y reiteró su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

En Europa, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, felicitó a Paz Pereira y al pueblo boliviano por su compromiso democrático, manifestando el deseo de mantener una cooperación sólida y duradera. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, expresó la disposición de su país a estrechar lazos con Bolivia y a colaborar con la nueva administración.

El presidente chileno, Gabriel Boric, felicitó a Rodrigo Paz y al pueblo boliviano por su participación en las urnas, enfatizando el compromiso de Chile con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre ambas naciones hermanas en beneficio de sus pueblos.

Desde Panamá, el presidente José Raúl Mulino se comunicó telefónicamente con Paz Pereira para felicitarlo por su triunfo, expresando la expectativa de estrechar lazos de amistad y cooperación durante su mandato.

El presidente interino de Perú, José Jerí, también felicitó a Paz Pereira por vía telefónica, deseándole éxito en su gestión y reafirmando la prioridad de las relaciones bilaterales para la política exterior peruana, dadas las históricas conexiones, la condición de países fronterizos y la agenda común. Se manifestó el interés en reanudar el diálogo político al más alto nivel y restablecer la representación diplomática a nivel de embajadores en el menor tiempo posible.

Con Edmand Lara como vicepresidente, la victoria de Paz Pereira y el Partido Demócrata Cristiano se consolidó frente a su principal contendiente, Jorge “Tuto” Quiroga de Alianza Libre, quien obtuvo el 45% de los votos. El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, había calificado previamente esta diferencia como irreversible, sellando el resultado definitivo de los comicios