La nueva administración, bajo el liderazgo de Rodrigo Paz Pereira, ha formalizado un marco integral de gobernanza, transformando lo que fue una promesa electoral en una agenda estatal definida. Esta iniciativa, denominada Agenda 50/50, otorga una prioridad central a la consecución de la igualdad de género y al fortalecimiento de la protección de las mujeres, abordando un imperativo histórico que el nuevo mandatario ha posicionado como un pilar fundamental de su gestión.

Un desafío crítico que persiste en la nación es la problemática generalizada de la violencia contra las mujeres. Las estadísticas del año anterior revelan más de cincuenta mil casos denunciados, lo que subraya que una proporción considerable de mujeres ha sido víctima de algún tipo de agresión. En respuesta a esta cruda realidad, el gobierno se compromete a implementar un sistema integral de protección social, a reforzar los servicios de apoyo a las víctimas y a ampliar los mecanismos tanto de prevención como de rendición de cuentas.

Sin embargo, el alcance de la Agenda 50/50 trasciende las medidas puramente punitivas. Su enfoque fundamental busca integrar políticas con perspectiva de género en todos los sectores del aparato estatal. Esto implica promover activamente los principios de igualdad, respeto y no discriminación en la esfera pública y privada; fomentar una participación política robusta de las mujeres en todos los niveles de decisión; e incorporar sistemáticamente la perspectiva de género en las políticas de salud pública, educación, empleo y seguridad ciudadana.

Desde una perspectiva económica, el compromiso presidencial aspira a reducir las brechas laborales y sociales existentes. Esto se logrará mediante programas diseñados para formalizar el empleo, ofrecer incentivos a las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, e implementar un sistema de seguridad social inclusivo que garantice el acceso a pensiones y protección médica para todas las trabajadoras.

Adicionalmente, la estrategia de seguridad nacional incorpora un énfasis elevado en la atención prioritaria a las víctimas y en la aplicación de un enfoque de género en las políticas policiales. Esto se sustentará en capacitación especializada, una coordinación interinstitucional mejorada y una cooperación internacional estratégica.

De materializarse plenamente estos compromisos, el gobierno actual tendría una oportunidad única para elevar el discurso sobre la igualdad a una sólida realidad institucional. Esto consolidaría una política de Estado diseñada para salvaguardar a las mujeres no solo en momentos de crisis, sino a través del establecimiento de una equidad estructural fundamental. El desafío inherente, una constante en el contexto nacional, será traducir esta voluntad política en asignaciones presupuestarias concretas, resultados demostrables y una implementación sostenida más allá del ciclo electoral inmediato

La cámara legislativa ha dado luz verde a la Ley 024, una iniciativa crucial destinada a la protección integral y la reparación de los hijos e hijas que han quedado huérfanos a raíz de feminicidios y otros delitos contra la vida. Esta aprobación se materializó al finalizar una prolongada sesión que concluyó a las 22:01 del pasado miércoles 22 de octubre.

El impulso detrás de esta normativa se gestó hace casi dos años, cuando una coalición de más de cuarenta entidades, tanto públicas como privadas, se unió para rescatar un proyecto que previamente había sido rechazado. Este esfuerzo colectivo buscaba abordar una necesidad apremiante, acumulada a lo largo de los años.

La experiencia de ocho años brindando asistencia a setenta y nueve menores en esta vulnerable situación ha permitido desarrollar un modelo de atención que ahora se ve plasmado en la nueva legislación. Esta ley representa un paso fundamental para saldar una deuda social pendiente con estos niños y niñas.

El camino hacia la aprobación no estuvo exento de dificultades. Implicó un extenso proceso que demandó viajes, rigurosos análisis técnicos, la elaboración de informes de viabilidad y sostenibilidad, y la superación de numerosas objeciones que retrasaron su avance. A pesar de estos obstáculos, la propuesta recibió un apoyo significativo de legisladoras como Betty Yañiquez y Pamela Aliurralde, quienes, trascendiendo las diferencias políticas, priorizaron el bienestar de la niñez.

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley ahora se remite a la Cámara de Senadores para su consideración y ratificación final. Existe una expectativa generalizada entre los activistas y los familiares de las víctimas de que la ley pueda ser promulgada antes de la transición gubernamental, marcando un hito importante en la protección de la infancia.

Estimaciones preliminares revelan que, entre 2013 y 2025, aproximadamente mil seiscientos menores han perdido a sus madres a causa de feminicidios, una cifra que podría ser aún mayor. La ley, estructurada en veintiún artículos y varias disposiciones transitorias, fue recibida con alegría por las familias afectadas y los defensores de derechos, quienes mantuvieron una vigilia en el hemiciclo desde las 9:30 de la mañana del miércoles, acompañando el proceso hasta su culminación.

Esta legislación representa un avance significativo para las familias que han soportado las formas más extremas de violencia, y especialmente para los niños que, en muchos casos, han sido testigos directos de estos crímenes

La agrupación ciudadana de ámbito departamental, Camino Democrático al Cambio (CDC), ha anunciado su firme intención de participar activamente en las elecciones subnacionales de 2026, abarcando todas las instancias de votación. Durante una asamblea reciente, la organización también dejó abierta la posibilidad de que el exgobernador Mario Cossío sea postulado para alguno de los cargos en disputa.

La reunión, celebrada el miércoles por la tarde, sirvió para consolidar estas decisiones, además de establecer una nueva dirección conformada por líderes emergentes. Se confirmó el compromiso del líder histórico, Mario Cossío, de involucrarse activamente en la próxima contienda electoral.

La evaluación de posibles candidaturas y la formación de alianzas estratégicas recaerán en el comité político recientemente constituido. Este organismo basará sus decisiones en el análisis de la opinión pública y las tendencias de preferencia ciudadana de cara a los comicios. Se ha señalado que la opción de postular a Cossío Cortez para cualquiera de los cargos en 2026 es una posibilidad real, marcando su progresiva reincorporación a la vida política departamental y nacional. Aunque aún no se ha definido un cargo específico, se anticipa que asumirá un papel mucho más visible en el escenario político tras su exilio en 2010.

Adicionalmente, la asamblea abordó la situación política general del país. Los participantes destacaron la importancia de la elección de un nuevo gobierno que pueda implementar políticas de cambio efectivas para enfrentar la actual crisis nacional, expresando la esperanza de que dicho gobierno cuente con un amplio respaldo ciudadano.

El comité político de la organización se ha renovado con la inclusión de figuras como Marco Gutiérrez, vinculado a temas de juventud, así como Gonzalo Ávila, Carlos Oña, Antonio Miranda y Laura Corrales, quien actualmente ejerce como asambleísta, entre otros. Los líderes históricos de CDC, incluyendo al propio Mario Cossío, Sara Cuevas, Mauricio Lea Plaza Pelaez y Luis Pedraza Cerda, han asumido roles de asesoramiento y consulta, facilitando así la emergencia de nuevas generaciones de dirigentes dentro de la agrupación

Rodrigo Paz Pereira, presidente electo, ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía de La Paz contra Gilberto Hurtado. La acción legal se fundamenta en la aparición de Hurtado en un material audiovisual donde se le observa solicitando contribuciones monetarias, supuestamente en nombre del Partido Demócrata Cristiano (PDC), a cambio de la promesa de acceso a relevantes puestos en la administración pública. El mandatario electo ha sido enfático al señalar que cualquier individuo que intente beneficiarse económicamente utilizando su nombre o el de la formación política enfrentará consecuencias legales.

En dicho material, Hurtado se identifica como “delegado de recaudaciones del PDC en La Paz” y procede a ofrecer posiciones de alto nivel en empresas estatales a cambio de sumas de dinero.

La denuncia se ampara en los artículos 158 y 333 del Código Penal. El primero tipifica la conducta de quien, directa o indirectamente, ofrezca o prometa dádivas o ventajas a una autoridad o funcionario público con el fin de obtener un favor. El segundo, por su parte, sanciona a quien, mediante intimidación o amenaza, coaccione a otra persona para conseguir un beneficio económico indebido.

Paz Pereira ha manifestado con contundencia su determinación de iniciar procesos penales contra cualquier individuo que, invocando su nombre, el del PDC o el de sus integrantes, se involucre en gestiones o solicitudes de pago a cambio de cargos o representaciones. La postura del presidente electo es inequívoca en este aspecto, marcando un límite claro a tales prácticas

La administración actual, bajo el liderazgo del Presidente Rodrigo Paz Pereira, ha elevado la Agenda 50/50 del Partido Demócrata Cristiano de una promesa de campaña a un programa de gobierno con una dirección clara. Entre sus pilares fundamentales, se destaca un conjunto de políticas dedicadas a la equidad de género y la protección de las mujeres, reconociendo una obligación histórica que el nuevo mandatario ha situado en el centro de su gestión.

El programa gubernamental aborda la persistente problemática de la violencia contra las mujeres, una de las aflicciones más significativas que enfrenta la nación. Las cifras recientes son alarmantes, con más de 50 mil casos reportados en el año en curso y la estadística de que siete de cada diez mujeres han sido víctimas de alguna forma de agresión. Ante este panorama, el compromiso de la fuerza política gobernante incluye la implementación de un sistema de protección social integral, el fortalecimiento de los servicios de apoyo a las víctimas y la expansión de los mecanismos de prevención y sanción.

No obstante, la propuesta va más allá de las medidas punitivas. La Agenda 50/50 persigue una visión en la que las políticas de género impregnen todas las esferas del Estado. Esto implica fomentar la igualdad, el respeto y la no discriminación tanto en el ámbito público como en el privado; promover la participación activa de las mujeres en los niveles de toma de decisiones; e integrar una perspectiva de género en sectores clave como la salud, la educación, el empleo y la seguridad ciudadana.

En el ámbito económico, la iniciativa presidencial busca reducir las disparidades laborales y sociales a través de programas que promuevan la formalización del empleo, incentivos para pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres, y un sistema de seguridad social inclusivo que garantice el acceso de las trabajadoras a los regímenes de pensiones y a la protección médica.

Adicionalmente, el plan de seguridad pública contempla una atención prioritaria a las víctimas y la incorporación de un enfoque de género en las estrategias policiales, lo que se logrará mediante capacitación especializada, una coordinación interinstitucional robusta y la cooperación con entidades internacionales.

De materializarse estos compromisos, el gobierno bajo la dirección de Paz tendría la oportunidad de trascender la mera retórica de la igualdad para consolidarla institucionalmente. Esto establecería una política de Estado que ampare a las mujeres no solo en situaciones de emergencia, sino desde una equidad estructural. El desafío inherente, como en otras ocasiones en el país, residirá en transformar la voluntad política en asignaciones presupuestarias concretas, resultados tangibles y una continuidad que se extienda más allá de los ciclos electorales

La Central Obrera Boliviana (COB), en su primer ampliado nacional tras una reciente renovación de su directiva, ha emitido una resolución contundente que establece un estado de emergencia permanente. Esta medida se acompaña de la convocatoria a una movilización de protesta a nivel nacional en rechazo a las políticas del nuevo gobierno, aunque la fecha exacta de esta acción aún no ha sido definida.

El nuevo secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, comunicó que la declaratoria de emergencia busca salvaguardar los derechos laborales y las conquistas históricas de los trabajadores. Asimismo, reiteró la firme oposición de la COB a cualquier intento de privatización de la educación y a la eliminación de los subsidios a los carburantes, temas que considera innegociables para el sector.

La elección de la nueva dirigencia de la COB se llevó a cabo el pasado 10 de octubre en Cobija, durante su congreso nacional. En dicho encuentro, además de elegir a sus representantes, se acordó convocar a este ampliado para establecer una estrategia clara frente a la administración entrante. Cabe recordar que, durante las últimas dos décadas, la COB mantuvo un apoyo incondicional a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), formando parte integral de su estructura gubernamental.

Respecto a un posible acercamiento con el presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, y su equipo, Argollo señaló que, si bien no ha habido una invitación formal para un diálogo, la organización está dispuesta a participar. Enfatizó que la COB no busca ser intransigente, sino que se posiciona como un actor propositivo, listo para presentar sus demandas y propuestas al nuevo gobierno a través de un pliego petitorio.

A pesar de que el presidente electo Rodrigo Paz y su equipo económico han manifestado públicamente que no tienen planes de suprimir la subvención a los combustibles para el transporte público, la cúpula sindical ha advertido que luchará vigorosamente para mantener este beneficio. Recordaron experiencias previas en la región y en el propio país, donde la eliminación de subsidios ha generado significativas reacciones sociales. Se mencionó la situación en Ecuador, donde una medida similar provocó dos meses de intensas protestas. En Bolivia, un intento de suprimir esta subvención en 2011, durante la gestión del expresidente Evo Morales, fue revertido en menos de una semana debido a la fuerte oposición ciudadana