El Decreto Presidencial 5460, promulgado el 22 de septiembre de 2025 y recientemente aprobado mediante resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha entrado en plena vigencia. Esta medida gubernamental tiene como objetivos centrales la reducción del hacinamiento carcelario y el fomento de la reinserción social para personas privadas de libertad que han cometido delitos menores.

La normativa establece las condiciones, requisitos y procedimientos específicos para la concesión de indultos a individuos con sentencia condenatoria ejecutoriada, siempre que cumplan con los criterios humanitarios definidos. La disposición se aplica a condenados cuyas penas se ajusten a las siguientes condiciones: penas iguales o inferiores a 10 años, sin requerimiento de cumplimiento previo; penas iguales o inferiores a 12 años, con al menos una tercera parte de la condena cumplida; y penas iguales o inferiores a 15 años, habiendo cumplido al menos la mitad de la pena. Todo el proceso se rige por los principios de gratuidad, celeridad y responsabilidad.

Sin embargo, el indulto no es universal. Se otorga exclusivamente a quienes no enfrenten otros procesos judiciales pendientes, no sean reincidentes y no se hayan beneficiado de otro indulto en los últimos cinco años. La medida excluye explícitamente a personas condenadas por delitos graves como genocidio, terrorismo, feminicidio, infanticidio, trata y tráfico de personas, delitos sexuales, violencia contra la mujer (en el marco de la Ley 348), narcotráfico con penas superiores a 10 años, corrupción (bajo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), así como crímenes con víctimas múltiples o aquellos perpetrados contra niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad.

En cuanto al procedimiento, se ha diseñado para ser ágil y sin costo. La persona privada de libertad o su representante puede presentar la solicitud ante la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario. Esta entidad se encarga de verificar el cumplimiento de los requisitos y emitir una resolución administrativa, la cual es remitida al juez competente. El juez, a su vez, tiene la responsabilidad de homologar la resolución y emitir el mandamiento de libertad. Se prevé que este proceso se complete en un plazo corto, de tres a cinco días hábiles.

Las autoridades han subrayado que esta iniciativa responde a un enfoque de derechos humanos, enfatizando que tales principios no deben ser politizados. La aprobación de este decreto refleja un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Gobierno, la Dirección de Régimen Penitenciario y la Asamblea Legislativa, atendiendo a un clamor de la población penitenciaria.

Actualmente, la población carcelaria en el país asciende a 33.200 personas, mientras que la capacidad total de los recintos es de aproximadamente 15.600, lo que se traduce en un nivel de hacinamiento del 113% a septiembre de 2025. Se estima que la aplicación de este indulto beneficiará a cerca de 5.000 personas privadas de libertad, lo que representa aproximadamente el 15% del total de la población penitenciaria.

Funcionarios gubernamentales han destacado que esta disposición extingue la pena impuesta a personas con sentencia ejecutoriada y que su alcance es más amplio y técnico en comparación con normativas anteriores de indulto o amnistía. Esta política fortalece el modelo de gestión técnica penitenciaria y reafirma el compromiso estatal con la reinserción y rehabilitación de los reclusos. La medida se suma a esfuerzos previos, como el programa Cárceles Productivas y otros decretos de indulto y amnistía que han beneficiado a más de 1.700 personas. El decreto tendrá una validez de un año.

Se ha aclarado que la normativa establece criterios estrictos para evitar la reincidencia, impidiendo que personas con sentencias anteriores accedan al beneficio. El gobierno ha manifestado que esta política es una demostración de su compromiso con acciones concretas y la humanidad, más allá de las palabras

La justicia en el departamento de Beni ha dictaminado sentencias condenatorias contra dos individuos por delitos de índole sexual perpetrados en la ciudad de Trinidad. El Ministerio Público logró establecer la culpabilidad de los acusados mediante la presentación de pruebas irrefutables en tres casos separados.

Ricardo R. G., de 50 años de edad, fue sentenciado a 15 años de reclusión por la agresión sexual de una mujer de 31 años. Por otro lado, Wilder N. J., de 21 años, recibió una pena de 20 años de prisión por la violación de dos menores, una de 10 y otra de 13 años.

Estas resoluciones judiciales fueron alcanzadas a través de procedimientos abreviados ante el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia N°2 de la capital beniana.

Durante las audiencias, se desplegó un conjunto de pruebas determinantes que incluyeron informes de acción directa, actas de denuncia, certificados médicos forenses, valoraciones psicológicas, declaraciones recabadas en la Cámara Gesell, registros detallados del lugar de los hechos y el informe ginecológico emitido por el hospital materno infantil. Todos estos elementos fueron meticulosamente evaluados por los miembros del Tribunal para fundamentar las sentencias.

La investigación reveló que el incidente que llevó a la condena de Ricardo R. G. ocurrió el 12 de octubre del año en curso. Una mujer de 31 años fue víctima de agresión sexual por parte de su cuñado, quien la amenazó con una soga. La afectada logró escapar y denunciar el suceso ante las autoridades, lo que permitió el inicio de las pesquisas y la posterior condena.

En cuanto a Wilder N. J., los delitos se remontan a hechos ocurridos entre 2018 y 2021. La primera víctima, una niña de 10 años, sufrió abuso sexual en noviembre de 2018. El crimen salió a la luz cuando la menor fue llevada a un centro médico por su padre para un procedimiento rutinario, momento en el que un examen reveló un embarazo producto de la agresión. Fue entonces cuando la víctima identificó al agresor.

La segunda víctima, una adolescente de 13 años, fue agredida en enero de 2021. La madre presentó la denuncia al descubrir que su hija estaba embarazada de cuatro meses y que mantenía una relación con el agresor, quien era su vecino. Una nota dejada por la menor, expresando su deseo de estar con él por amor, motivó a la familia a iniciar las acciones legales correspondientes.

El Ministerio Público subrayó que ambos fallos son el resultado de una investigación exhaustiva y de la aplicación de mecanismos especializados de protección y recolección de pruebas para víctimas de delitos sexuales, como la Cámara Gesell. Estos casos reflejan el compromiso institucional de la Fiscalía con la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y con la incansable búsqueda de justicia para quienes han padecido violencia sexual

Un reciente instrumento legal, el decreto 5475, ha sido promulgado para establecer un marco regulatorio en el proceso de transición gubernamental. Esta disposición determina la suspensión de los plazos en los contratos que involucran a todas las entidades estatales, delegando la conclusión de estos compromisos a la administración entrante.

En el contexto de la transición, las máximas autoridades ejecutivas de los ministerios, sus dependencias descentralizadas, empresas públicas y otras instituciones del sector público a nivel central, están facultadas para declarar, mediante resolución expresa, la interrupción de los plazos en los procedimientos administrativos. Esta moratoria se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades, con la única excepción de aquellos plazos que estén explícitamente definidos por ley.

Previo a la emisión de esta normativa, la administración saliente, encabezada por Luis Arce, sostuvo reuniones con los delegados del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira. En estos encuentros se consensuó una metodología detallada para la transferencia de información esencial, con el propósito de que la nueva gestión adquiera un conocimiento integral de la situación del país al asumir sus responsabilidades. El decreto en cuestión sistematiza y reglamenta los pasos que las autoridades deben seguir durante este período.

Un aspecto particular de la reglamentación es que no se establece un presupuesto fijo ni un techo de gastos para las actividades de transición. La responsabilidad de cubrir los desembolsos recae directamente en cada institución involucrada, mientras que el Ministerio de la Presidencia asumirá exclusivamente un rol de coordinación general. Para facilitar la logística del traspaso presidencial, la normativa autoriza a los ministerios y a las entidades públicas participantes a realizar contrataciones directas de bienes y servicios. Esta facultad está estrictamente limitada a aquellos insumos y prestaciones necesarios para el desarrollo y ejecución de las actividades inherentes a la ceremonia de cambio de mando.

Desde la cartera de la Presidencia, se argumentó que la decisión de no fijar una cifra presupuestaria obedece a la incertidumbre sobre los requerimientos exactos que se presentarán. En este sentido, se recordó que durante la transición de 2020, la administración de Jeanine Áñez asignó un monto de 1.5 millones, del cual menos de la mitad fue efectivamente ejecutado.

Dada la naturaleza eminentemente protocolar del evento, la mayor parte de los costos asociados, particularmente aquellos relacionados con la recepción de delegaciones internacionales, recaerán en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La disposición legal también subraya la necesidad de una coordinación estrecha entre este evento y la Vicepresidencia, asegurando un desarrollo armónico de la ceremonia

El panorama político nacional ha entrado en una nueva etapa, apenas cuatro días después de la conclusión del balotaje y con el escrutinio oficial al 100%. Un momento decisivo fue el reconocimiento público de la victoria de Rodrigo Paz por parte de Jorge Tuto Quiroga, quien además ofreció un respaldo parlamentario incondicional, orientado a garantizar la gobernabilidad. Esta apertura incluso contempla la posibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para impulsar reformas constitucionales.

Desde el equipo de transición del presidente electo, la respuesta a este anuncio fue de aprecio, calificándolo como una manifestación de madurez democrática. Se enfatizó que este gesto facilitará un avance más rápido en la agenda prioritaria para el desarrollo del país, y se hizo un llamado a otros líderes para que emulen este ejemplo, priorizando el bienestar nacional sobre los intereses individuales. Este mensaje llega en un contexto donde el presidente electo busca desactivar tensiones y fomentar un ambiente de estabilidad antes de su toma de posesión, programada para el 8 de noviembre. Su discurso ha subrayado la importancia de la reconciliación, la reactivación económica y una diplomacia activa y abierta.

Por su parte, el vicepresidente electo, Edmand Lara, también valoró positivamente la postura de Quiroga y urgió a cesar las confrontaciones que caracterizaron la reciente campaña electoral. Relató haber sido agredido el día de la elección y compartió la preocupación de su hijo, quien teme regresar a la escuela. El futuro dignatario afirmó que la jornada electoral significó el triunfo de la libertad y que su administración trabajará para todos los ciudadanos. Subrayó la sólida unidad entre él y el presidente electo, instando a la reconciliación nacional y a dejar de lado las divisiones internas para propulsar el progreso de la nación.

Sin embargo, desde la administración saliente, surgieron cuestionamientos sobre las perspectivas de esta nueva gobernabilidad. Un ministro saliente, afiliado a una facción específica del partido en el poder, sugirió que la base del partido del presidente electo podría no estar conforme con la decisión de Quiroga de facilitar la gobernabilidad. De igual modo, una autoridad departamental advirtió sobre posibles desafíos si el nuevo gobierno no integra a las organizaciones sociales en la conformación de los ministerios, aunque respaldó la reducción de carteras ministeriales ante la crisis económica. Un dirigente de una importante federación departamental, históricamente vinculado a un expresidente, denunció la aparición de individuos que, bajo el pretexto de representar a las bases, buscan obtener cargos, y aseguró que se tomarán medidas al respecto.

Mientras tanto, en el seno del partido de Quiroga, ya se discute la configuración del próximo Parlamento. Un diputado electo de esta fuerza política manifestó que, más allá de cualquier aspiración personal, su prioridad es asegurar una gestión eficaz, aunque expresó que, de serle encomendada la presidencia de la Cámara de Diputados, asumiría la responsabilidad con determinación. Su candidatura para liderar la Cámara Baja ha cobrado fuerza, especialmente después de que Quiroga expresara su apoyo para que la bancada de su partido presida ambas cámaras legislativas.

En el ámbito internacional, el presidente Paz ha recibido expresiones de respaldo de diversas naciones, particularmente de Estados Unidos. En declaraciones recientes, señaló que el país estuvo apartado de la comunidad global durante dos décadas y anticipó que solo mantendrá relaciones con estados que respeten los principios democráticos. Su visión económica promueve un modelo de capitalismo inclusivo y la restauración de la institucionalidad como motor fundamental para el desarrollo.

La consolidación de la gobernabilidad, no obstante, aún no está plenamente asegurada. Existe un ofrecimiento y un agradecimiento, pero la materialización de un acuerdo efectivo dependerá de la habilidad del presidente electo para gestionar las presiones políticas, evitar la distribución de poder basada en cuotas y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad legislativa necesaria para afrontar los desafíos económicos actuales