La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ha orquestado una significativa reconfiguración en el panorama de la distribución de los ingresos hidrocarburíferos, mediante la promulgación de una nueva ley. Esta normativa no solo ha revitalizado el debate sobre el reparto de la riqueza generada por el gas, sino que también ha instaurado un complejo escenario jurídico al modificar, a través de una disposición departamental, el porcentaje del 45% asignado históricamente a la región del Chaco, un monto que hasta ahora se regía por una ley de alcance nacional.
Impulsada principalmente por las provincias de Arce y O’Connor, la legislación busca establecer un reconocimiento a la producción de hidrocarburos que se genera fuera de la zona chaqueña. Sin embargo, lo hace reestructurando el esquema del 45% que el Chaco ha percibido durante años, lo que anticipa una posible escalada de controversias legales y una desarmonía institucional.
El nuevo esquema distributivo, de naturaleza claramente redistributiva, redefine las asignaciones de la siguiente manera: La región del Chaco mantendrá un 45%, pero con una condición fundamental: este porcentaje será calculado únicamente sobre la producción efectiva de hidrocarburos dentro de su propia jurisdicción territorial. Esto implica que la participación del Chaco estará directamente ligada a su volumen de producción interna, y no a un porcentaje fijo del total de regalías departamentales.
Para las provincias que emergen como nuevas productoras, como Arce y O’Connor, y otras que puedan sumarse, la ley establece un 38% del total. De este monto, la mitad se destinará directamente a los municipios de dichas provincias, mientras que la otra mitad será administrada por la Gobernación para financiar servicios de salud en esas mismas jurisdicciones. Adicionalmente, se ha previsto un 7% de regalía solidaria para los municipios de provincias no productoras, un fondo que se financiará con los recursos provenientes de la producción de Arce y O’Connor. El 55% restante de los ingresos se reserva para la gestión del Gobierno Departamental.
El principal desafío que enfrenta esta normativa no es meramente político, sino profundamente legal. El 45% de las regalías que el Chaco ha recibido está cimentado en una ley nacional, cuya antigüedad precede incluso a la Constitución Política del Estado, y que en su momento blindó el pacto fiscal de Tarija. Esta situación genera una colisión de preceptos: ¿Es jurídicamente viable que una ley departamental altere o reinterprete lo que una ley nacional ha dictaminado con claridad y ha regulado la distribución por años?
Especialistas en derecho autonómico explican que la relación entre leyes nacionales, departamentales o municipales no se rige por un principio de jerarquía, sino por el de competencia. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido, a través de una vasta jurisprudencia, que la distribución interna de las regalías es una facultad inherente a la Asamblea Departamental. Las regalías son concebidas como una compensación por el impacto ambiental derivado de la extracción de hidrocarburos, lo que subraya la necesidad de una distribución equitativa, más allá de consideraciones poblacionales o geográficas.
Sobre las leyes preconstitucionales, se aclara que estas mantienen su vigencia solo en la medida en que no existan normas específicas sobre la materia emitidas por las entidades territoriales. Por lo tanto, la existencia de una nueva ley departamental sobre la distribución de regalías podría dejar sin efecto la ley nacional preconstitucional que amparaba el 45% para el Chaco. Asimismo, se subraya que las regiones autónomas no poseen facultades legislativas propias en estas materias, sino que ejercen competencias transferidas desde los gobiernos departamentales. La promulgación de esta norma por el Gobernador requerirá un análisis previo de su impacto en el Gobierno Regional, y en caso de implicaciones legales, el Tribunal Constitucional Plurinacional sería la instancia resolutiva.
Desde el Chaco, representantes legislativos han calificado la ley departamental como inconstitucional, argumentando que los recursos de la región están protegidos por normativas nacionales y han anunciado acciones legales. En contraste, líderes de organizaciones sociales de municipios como Entre Ríos, Padcaya y Bermejo han manifestado su respaldo a la aprobación de esta medida. No obstante, algunas voces han expresado preocupación, advirtiendo que la redistribución se efectúa en un contexto donde Tarija recibe cada vez menos recursos, lo que podría llevar a una futura escasez y pone en relieve la urgencia de un nuevo pacto fiscal
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