El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, congregó en Santa Cruz a una significativa representación del sector empresarial del país y a sus principales asesores económicos, José Gabriel Espinoza y José Luis Lupo. Este encuentro inaugural marcó el inicio formal de la interacción del futuro mandatario con los actores clave que impulsarán la reactivación económica nacional a partir del 8 de noviembre, fecha en que asumirá el cargo en La Paz.

Durante la reunión, denominada Primer Encuentro Nacional con el Sector Empresarial y Productivo, Paz Pereira delineó los pilares fundamentales de su futura relación con el sector privado y la dirección económica de su administración. Se reveló la planificación de una cumbre empresarial de envergadura para el 7 de noviembre en Santa Cruz, que reunirá a empresarios nacionales e internacionales que llegarán al país con motivo de su investidura.

Este evento, previo a su toma de posesión, fue presentado como el punto de partida simbólico para una transformación económica que busca asegurar el bienestar de la ciudadanía y consolidar un Estado eficiente. El mandatario electo subrayó la visión de una Bolivia abierta al mundo, fomentando la llegada de capitales y oportunidades.

Paz Pereira enfatizó su propósito central de superar las barreras estatales que han frenado la inversión. En su lugar, propuso un modelo de colaboración público-privada, con un enfoque regional y una participación equitativa, agradeciendo el apoyo del empresariado y de Santa Cruz. Insistió en que esta nueva etapa significará una profunda transformación institucional, basada en la transparencia, el respeto irrestricto a la propiedad privada y la seguridad jurídica.

Rodrigo Paz presentó a los primeros integrantes de su equipo económico, confirmando a José Gabriel Espinoza y José Luis Lupo como figuras centrales de su futuro gabinete. Espinoza, por su parte, detalló que la administración de Paz Pereira introducirá un renovado enfoque en la política económica, priorizando la apertura internacional y la restauración de la confianza empresarial. Asimismo, adelantó que la ceremonia de investidura presidencial será el marco para el anuncio de una iniciativa trascendental destinada a reinsertar a Bolivia en los circuitos globales de inversión y comercio.

El sector empresarial boliviano expresó un notable optimismo, especialmente ante la expectativa de soluciones a la prolongada escasez de combustibles que ha afectado la productividad nacional.

Finalmente, el mandatario electo combinó el mensaje económico con una firme declaración política, enfatizando la bienvenida a la cooperación de instituciones internacionales y países amigos –incluyendo a Estados Unidos y las naciones fronterizas como Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile– en la lucha contra actividades ilícitas. Advirtió que cualquier oposición a esta cruzada contra la ilegalidad será seriamente considerada, pues la justicia, la transparencia y el combate a delitos como la trata de personas y los movimientos financieros ilícitos serán pilares inquebrantables de su gestión

El Ministerio Público ha presentado cargos formales contra Napoleón Yahuasi, actual alcalde del municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. La acción legal se fundamenta en un presunto desembolso de 141.882 bolivianos destinado a una obra que, según las investigaciones, nunca fue ejecutada. A pesar de la ausencia de la construcción, se habrían presentado informes acompañados de material fotográfico que certificaban falsamente la culminación del proyecto.

La fundamentación de los cargos subraya un potencial riesgo de obstaculización en el curso de la investigación. Se argumenta que el actual burgomaestre podría ejercer una influencia indebida sobre los testigos, especialmente considerando su posición y el hecho de que aún se esperan declaraciones de nuevos funcionarios públicos. Los antecedentes del caso indican que, en su rol ejecutivo, Yahuasi autorizó el pago para un proyecto de reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en la calle Lanza del Distrito 2, una obra que, hasta el momento, no ha sido iniciada.

Un miembro del Concejo Municipal ha expresado su preocupación por la lentitud del proceso. Según sus declaraciones, la imputación se formalizó hace varias semanas, pero la audiencia cautelar aún no se ha programado. Asimismo, los actos investigativos relacionados con este proyecto, cuya ejecución estaba prevista para noviembre de 2024, muestran un estancamiento.

El mismo edil ha manifestado su inquietud ante lo que percibe como una posible inclinación del representante del Ministerio Público a favor del alcalde. En lugar de solicitar prisión preventiva, se habrían propuesto medidas como el arresto domiciliario, permitiéndole continuar en sus funciones. Adicionalmente, se establecería la obligación de presentarse a firmar un registro de control cada quince días y una prohibición de salida del país.

Por su parte, el alcalde Yahuasi ha confirmado la existencia de los cargos en su contra, aunque ha desestimado la calificación de obra fantasma. En su defensa, ha afirmado ser él mismo quien alertó sobre las irregularidades detectadas en el área de Saneamiento Básico. Según su versión, fue él quien denunció al director de dicha área, quien ya habría sido aprehendido, así como al supervisor de la obra, por la emisión de informes falsos que atestiguaban la ejecución de un trabajo inexistente.

El burgomaestre también ha sugerido que el proceso en su contra podría responder a motivaciones políticas, dada la proximidad de las elecciones municipales.

Sin embargo, la documentación del caso detalla que fue el propio alcalde Yahuasi quien estampó su firma en la autorización para el desembolso de los 141.882 bolivianos a favor de Mery Huarachi, propietaria de la empresa contratista. Se señala que Huarachi, en presunta complicidad con Marifer Ramos, supervisora de la obra, y Rudy Alvarado, secretario municipal del área financiera, habrían presentado informes fraudulentos. Estos documentos aseguraban que el cambio de tuberías de alcantarillado se había completado en un plazo de diez días, justificando así el pago total por un trabajo concluido. Resulta relevante que los informes, firmados por Yahuasi y los demás implicados, incluían fotografías que supuestamente mostraban el progreso de la obra en una calle ubicada a pocas cuadras de la sede municipal. No obstante, una inspección técnica posterior, llevada a cabo por miembros del Concejo Municipal, reveló que en el lugar no se había realizado ninguna intervención, desmintiendo por completo los reportes presentados

La incursión de la niñez y adolescencia en el ecosistema digital se produce a edades cada vez más tempranas, generando una serie de desafíos y riesgos que requieren atención urgente. Una reciente investigación colaborativa ha puesto de manifiesto cómo los menores en Bolivia, desde los seis años, se sumergen en el mundo online, exponiéndose a peligros que van desde el contenido violento hasta la interacción con desconocidos y la adicción a las pantallas.

Este análisis revela que más de la mitad de los adolescentes encuestados iniciaron su experiencia en internet entre los seis y los once años, con una ligera mayor prevalencia entre los varones. La tecnología se ha integrado de tal forma en la vida cotidiana que muchos jóvenes describen su relación con las redes sociales y los videojuegos como una dependencia. Manifiestan una incapacidad para desconectarse, lo cual sugiere la presencia de patrones adictivos relacionados con el uso de pantallas. Además, el acceso a estas herramientas se enfoca predominantemente en el entretenimiento y la socialización, relegando a un segundo plano las oportunidades de aprendizaje y desarrollo académico.

Las plataformas digitales preferidas varían notablemente según el género. Mientras que YouTube y los juegos en línea captan la atención de la mayoría de los chicos, las chicas se inclinan más por TikTok, Facebook e Instagram. Sin embargo, son las adolescentes quienes muestran una mayor vulnerabilidad ante contenidos perjudiciales y riesgos de explotación sexual en el ámbito digital. Se ha observado que la exposición a mensajes discriminatorios o violentos, imágenes explícitas de violencia y material relacionado con autolesiones es significativamente alta, afectando a un porcentaje considerable de los jóvenes, con una incidencia superior en el grupo femenino para todas estas categorías de contenido negativo.

Un aspecto particularmente preocupante es la interacción con personas desconocidas. Cerca de la mitad de los adolescentes admitió haber contactado a alguien que no conocía en persona, y un porcentaje ligeramente menor llegó a concretar un encuentro físico con estas personas. Estas cifras son más elevadas en el segmento masculino y aumentan en el grupo de edad de 15 a 17 años. Esta situación agrava la preocupación por el fenómeno del *grooming*, donde adultos se acercan a menores en línea con intenciones de explotación. Se ha documentado que estos depredadores utilizan tácticas de suplantación de identidad para ganarse la confianza de los niños y niñas.

La dinámica de los algoritmos juega un papel crucial en la exposición a contenidos. Si un menor consume material violento, el sistema tiende a ofrecerle más de lo mismo, creando un ciclo de retroalimentación. Por el contrario, una orientación parental hacia contenidos constructivos puede dirigir al algoritmo a presentar material más positivo. La interacción digital moldea directamente los intereses, las referencias culturales y las formas de comunicación de los adolescentes, abriendo tanto vías para la autoexpresión como fuentes de comparación, presión social y exposición a la violencia simbólica.

Ante este panorama, se hace un llamado urgente a padres, educadores y autoridades para promover un uso responsable, supervisado y formativo del internet, fortaleciendo la alfabetización digital desde edades tempranas. Especialistas en psicología infantil enfatizan la necesidad de establecer límites claros y consistentes en el uso de dispositivos móviles, designando horarios específicos y creando espacios libres de tecnología en el hogar. Esto es fundamental para salvaguardar la salud emocional y física de los niños.

Se recomienda asignar tiempos definidos para las tareas, el ocio y los juegos, asegurándose de que el tiempo frente a la pantalla se establezca con antelación y como recompensa tras cumplir con responsabilidades escolares o domésticas. La supervisión parental activa y el acompañamiento en las actividades digitales no solo fortalecen el vínculo familiar, sino que también permiten identificar y mitigar riesgos. Asimismo, el uso de celulares antes de dormir ha sido identificado como un factor que perturba la calidad del sueño, ya que la luz azul y la estimulación de los juegos alteran la producción de melatonina, lo que puede derivar en irritabilidad y ansiedad al día siguiente.

Es crucial designar momentos y lugares donde las pantallas estén ausentes, como durante las comidas o las conversaciones familiares, y fomentar activamente actividades de ocio fuera del entorno digital, explorando y redescubriendo los intereses de los hijos. Los padres deben involucrarse en los juegos que sus hijos utilizan, no desde una postura de control, sino como un acompañamiento emocional que refuerza la conexión. Finalmente, la tecnología no debe ser percibida como una amenaza, sino como una herramienta poderosa que requiere una guía adecuada. No se trata de aislar a los niños del mundo digital, sino de equiparlos con las habilidades y el criterio para utilizarlo de manera segura, con afecto y límites bien definidos

El vasto acervo histórico del municipio de Mizque, en Cochabamba, ha sido oficialmente incorporado al patrimonio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB). Este acontecimiento representa un significativo enriquecimiento para la memoria documental del país.

Considerado un pilar fundamental en la narrativa histórica boliviana, Mizque ha cedido a la institución nacional un compendio de registros procedentes de sus antiguos juzgados y notarías. Este importante traspaso abarca más de un centenar de cajas repletas de material.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo el pasado viernes en la sede del ABNB, ubicada en Sucre. Contó con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo al alcalde de Mizque, Fernando Álvarez, miembros del consejo municipal, y el director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Máximo Pacheco.

El volumen total de este legado documental asciende a 15.36 metros lineales, distribuidos en más de 120 contenedores. La colección se compone de 3.131 expedientes de carácter judicial, 10.163 escrituras públicas, 1.122 protocolos notariales y 98 legajos de minutas.

Este invaluable conjunto de documentos no solo enriquece significativamente el acervo del ABNB, sino que también garantiza la preservación de eventos, resoluciones y la esencia de la vida que conforma la historia de Mizque, un municipio cochabambino con un rol trascendental en el desarrollo de la nación.

El alcalde Álvarez expresó la profunda satisfacción de los habitantes de Mizque por esta transferencia de registros, que cubren un periodo histórico que se extiende desde el año 1565 hasta 1863.

Por su parte, el director Pacheco hizo hincapié en la relevancia histórica de estos documentos, los cuales encapsulan momentos cruciales de la historia boliviana, abarcando tanto la época colonial como la republicana. Señaló que la transferencia de este material al ABNB había sido dispuesta originalmente en 1836, mediante una resolución emitida por el entonces presidente Tomás Frías. Lamentablemente, diversas circunstancias impidieron su rescate y traslado en aquel momento. Sin embargo, se resaltó que la concreción de este objetivo representa un logro significativo y un invaluable beneficio para la historiografía nacional

La posibilidad de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) retorne a territorio boliviano ha catalizado una renovada confrontación en el panorama político nacional. Esta coyuntura ha puesto de manifiesto la aguda polarización entre el expresidente Evo Morales y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quienes han intercambiado declaraciones contundentes sobre el asunto.

Desde un encuentro de productores de coca en Villa Tunari, el exmandatario Morales cuestionó la postura del presidente electo Rodrigo Paz, quien previamente había manifestado su disposición a colaborar con organismos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Morales recordó episodios históricos vinculados a los denominados narcovínculos de la década de los noventa, que afectaron a líderes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), partido al que pertenecía el expresidente Paz Zamora. En este contexto, el líder cocalero evocó cómo la DEA habría perseguido a figuras políticas de la época, incluyendo a Óscar Eid y a miembros de la familia del expresidente Paz, a quienes incluso se les retiró la visa, señalando una aparente contradicción en la actual apertura.

Morales argumentó que la presencia de la agencia estadounidense no resultó en una disminución efectiva de los cultivos de coca en Bolivia. Por el contrario, sostuvo que fue la nacionalización de la estrategia antidrogas, implementada durante su gestión, la que condujo a una reducción significativa de las cifras sin la intervención de Estados Unidos. A modo de ejemplo, el expresidente indicó que entre 1990 y 1993, el país registraba aproximadamente 48.600 hectáreas de coca, mientras que bajo su administración, esta cifra se redujo a cerca de 20.000.

El cónclave de los productores del Trópico concluyó con una resolución que rechaza enfáticamente el posible regreso de la DEA, declarando que no se permitirá su establecimiento en la región. Los miembros de la Federación Yungas del Chapare fundamentaron su posición en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, el cual prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Además, denunciaron que durante la anterior presencia de la agencia estadounidense, la lucha contra el narcotráfico no fue genuina, sino que estuvo marcada por abusos y la pérdida de vidas de productores cocaleros.

En contraste, desde Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho emitió una enérgica respuesta, calificando a Morales de cobarde y acusándolo de instrumentalizar la política para salvaguardar intereses personales y vicios. Camacho afirmó que Morales intenta generar resistencia y convulsión ante la perspectiva de que Bolivia reanude la cooperación con organismos internacionales. El gobernador subrayó la necesidad de un nuevo ciclo político que logre pacificar el país e impulse un plan integral para combatir la ilegalidad y los crímenes asociados al narcotráfico.

Camacho enfatizó que el verdadero debate no gira en torno a la presencia de la DEA, sino sobre la imperiosa necesidad de un viraje hacia la libertad, la democracia y el desarrollo que Bolivia requiere. En este escenario, el gobernador posicionó a Morales como un individuo que se ampara en la política para eludir responsabilidades judiciales relacionadas con acusaciones de agresiones a menores, corrupción y la protección que su gobierno habría brindado a actividades perjudiciales como el narcotráfico, que, según él, dañan vidas y destruyen familias.

Este cruce de acusaciones entre Morales y Camacho se produce en un momento de reconfiguración política en Bolivia, tras la elección de Rodrigo Paz. El discurso de Paz sobre la cooperación internacional en materia antidrogas ha generado claras resistencias en el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) y, al mismo tiempo, ha encontrado un sólido respaldo en diversos sectores de la oposición

Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de San Ramón, Estela Rodríguez, fue asesinado la noche del domingo 26 de octubre en la plaza principal de dicho municipio beniano. El suceso se registró aproximadamente a las 21:30 horas, y la víctima recibió un impacto de al menos 31 disparos.

Tras el ataque, se escucharon peticiones urgentes para contactar a su madre, la señora Estela. Este lamentable hecho no es el primer incidente violento que sufre López Rodríguez en el presente año. En abril, había sobrevivido a otro atentado con arma de fuego ocurrido en el Cambódromo de la ciudad de Santa Cruz. En aquella ocasión, su acompañante, el conductor del vehículo, perdió la vida

El hijo de la alcaldesa de San Ramón, Jhonatan López Rodríguez, fue asesinado la noche del domingo en la plaza principal de la localidad. El ataque, perpetrado desde un vehículo tipo Fortuner, resultó en al menos 31 impactos de bala.

Este trágico evento es considerado por las autoridades como una escalada en la disputa entre organizaciones criminales, las cuales estuvieron previamente cohesionadas bajo la influencia del narcotraficante Sebastián Marset. Se ha señalado que la víctima también habría fungido como conductor de una persona implicada en un acto de sicariato o asesinato en el departamento de Santa Cruz.

La alcaldesa de San Ramón, Estela Rodríguez, ya había sido objeto de investigaciones previas. En octubre de 2023, se intervinieron sus domicilios, donde se encontraron armas de largo alcance y combustible destinado a avionetas. En respuesta a estas acciones, la alcaldesa alegó una persecución penal ilegal, lo que derivó en la exclusión de los investigadores de las pesquisas vinculadas a Sebastián Marset.

Asimismo, en 2023, una vagoneta blanca vinculada al clan Marset fue descubierta abandonada en un aeropuerto. Aunque un individuo se presentó como su propietario y negó cualquier conexión con la red criminal, el vehículo fue restituido. Sin embargo, en abril de este año, esa misma vagoneta fue el escenario de un ataque en el que el acompañante del hijo de la alcaldesa perdió la vida.

En aquel incidente de abril, ocurrido en el Cambódromo de Santa Cruz, Jhonatan López Rodríguez y su acompañante fueron blanco de disparos mientras se encontraban en el vehículo. López Rodríguez logró sobrevivir al ataque, a diferencia de su acompañante. Estos hechos sugieren una participación continua de esta red criminal, asociada a Sebastián Marset, en una estructura dedicada a la perpetración de secuestros y sicariatos.

En un desarrollo reciente, Sebastián Marset, el narcotraficante más buscado en la región, difundió un video. Este material, cuya veracidad ha sido estimada por el gobierno en un 89%, muestra a Marset y a otros individuos armados, declarando su disposición a hacer guerra con el que sea