En la provincia Guarayos, Santa Cruz, una familia dedicada a la producción agrícola ha denunciado el reciente ingreso de aproximadamente medio centenar de personas a su propiedad, la finca El Encanto, justo en medio de la temporada de cosecha de soya. Este incidente, ocurrido el sábado por la noche, marca la cuarta ocasión en que el predio es objeto de una ocupación irregular por parte de presuntos avasalladores.

La situación, según los afectados, se remonta a 2021 y, a pesar de las reiteradas denuncias presentadas, el conflicto persiste sin una resolución definitiva. La representante de la familia ha enfatizado que la propiedad cuenta con documentación legal que acredita su titularidad desde 2008, incluyendo registros en Derechos Reales y el INRA. Sin embargo, los líderes de la ocupación, según ella, estarían difundiendo información errónea, afirmando que el terreno es de dominio fiscal.

La familia ha expresado su profunda preocupación por el impacto en las aproximadamente 50 hectáreas de cultivo de soya, temiendo pérdidas económicas significativas y daños irreversibles a la producción si la situación no se resuelve con celeridad. Se ha solicitado una intervención policial inmediata para desalojar a los ocupantes y proceder con las aprehensiones correspondientes, especialmente considerando que la incursión se produjo directamente en el área de cosecha.

Los invasores, al parecer, habrían sido movilizados desde una comunidad cercana, tras una reunión convocada por los organizadores de la toma. Además, se ha observado la presencia de menores y adultos mayores entre las personas trasladadas al predio, lo que los denunciantes interpretan como una estrategia para justificar una supuesta posesión. La familia ha insistido desde el inicio del conflicto en que no se intervenga ni se siembre en el predio, dado el respaldo legal de la propiedad privada.

El abogado de la familia ha cuestionado la actuación del Ministerio Público ante estos hechos, señalando una preocupante permisividad. Ha manifestado que la Fiscalía de Guarayos habría rechazado recibir la denuncia, solicitando que esta sea radicada en Santa Cruz de la Sierra, lo que dilata la respuesta jurídica y paraliza las actividades agrícolas esenciales. Se ha hecho un llamado a las autoridades fiscales para que actúen con la misma diligencia que en otros tipos de delitos, frente a lo que describe como organizaciones criminales dedicadas al avasallamiento.

En semanas recientes, la Gobernación cruceña activó una mesa interinstitucional, involucrando a la Fiscalía, la Policía y el Tribunal Departamental de Justicia, con el objetivo de abordar la problemática de las tomas de tierras. Desde estas instancias, se ha asegurado que el sistema de justicia actuará con firmeza, sin reconocer fueros ni privilegios, y que se aplicará todo el rigor de la ley en estos casos

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, se encuentra en el centro de una significativa confrontación diplomática incluso antes de asumir formalmente su cargo. La tensión ha surgido a raíz de un intercambio de declaraciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, marcando una temprana divergencia en el panorama político regional.

Paz ha enfatizado su compromiso inquebrantable con los principios democráticos y la libertad, postulándolos como ejes centrales de su futura administración. En un pronunciamiento categórico, el futuro mandatario boliviano contrastó la adhesión de su país a estos valores con lo que, a su juicio, representa la gestión del líder venezolano. Articuló una visión de dignidad para su nación, fundamentada en la paz, el empleo, la sanidad y la educación, buscando edificar un país unificado, libre de rencores, divisiones y persecuciones, y reafirmando su postura a favor de la democracia y las libertades fundamentales.

La escalada de la controversia se inició tras los comentarios del presidente Maduro, quien criticó la posición de Paz por distanciarse de ciertos regímenes con democracias cuestionadas en la región. Previamente, el 24 de octubre, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) tomó la decisión de suspender al gobierno electo de Paz. La Alianza justificó esta medida alegando una conducta que calificaron de antibolivariana, antilatinoamericana, proimperialista y colonialista por parte del futuro mandatario boliviano.

Maduro, en sintonía con la declaración de la ALBA, caracterizó a Paz como una figura antibolivariana, antisucrista, procolonialista y proimperialista. El líder venezolano advirtió al presidente electo boliviano sobre las consecuencias de sus acciones, afirmando que quien se opone a Venezuela, se debilita, y sugiriendo que Paz había iniciado su gestión de manera desfavorable. También se le atribuyó haber vinculado las acciones de Paz a una supuesta influencia externa, específicamente de la embajada estadounidense, sugiriendo que buscaba apoyo popular a través de esta vía.

Por su parte, Paz ha desestimado la relevancia de las decisiones de la Alianza Bolivariana. En un pronunciamiento anterior, cuestionó el funcionamiento de la organización y los beneficios que Bolivia podría obtener de ella, subrayando que no permitirá que las posturas de dicha entidad obstaculicen su proyecto de construir una nación próspera para todos sus ciudadanos.

Tras su victoria en las elecciones generales de Bolivia, que se definieron en dos rondas, Paz se prepara para asumir la presidencia el próximo 8 de noviembre, en un contexto de desafíos económicos. Ha declarado que los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a su ceremonia de investidura, lo que subraya aún más su postura y la dirección que busca imprimir a la política exterior boliviana

La plaza principal de San Ramón fue escenario de un acto de violencia extrema el pasado domingo, cuando Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa local, fue fatalmente atacado. El incidente, caracterizado por una ráfaga de disparos, ha sido calificado por las autoridades como una ejecución que exhibe un alto grado de “profesionalismo criminal” y un claro mensaje intimidatorio.

Según los detalles revelados por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, el ataque fue meticulosamente planeado y devastador, con 32 impactos de bala efectuados desde una camioneta modelo Fortuner. Este suceso se enmarca dentro de una intensa disputa entre organizaciones delictivas. Estas facciones, que previamente operaban bajo la influencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ahora compiten por el control territorial con la estructura liderada por Yasser Andrés Vásquez Cardona, conocido como Coco Vázquez. Ambos individuos se encuentran actualmente prófugos de la justicia.

El elevado número de disparos, 32 en total, no es un detalle menor. Para los expertos en análisis criminal, una cantidad tan significativa de impactos suele perseguir objetivos específicos: asegurar la eliminación total del blanco sin posibilidad de supervivencia, enviar una advertencia contundente a terceros y demostrar una capacidad operativa superior frente a grupos rivales. Las autoridades han observado que en otros episodios violentos vinculados a estas redes, se han encontrado mensajes y consignas explícitas como “Matemos al sapo” o “Que muera el Colla”, lo que refuerza la teoría de ejecuciones selectivas con una fuerte carga simbólica en la pugna por el dominio de actividades ilícitas.

Este no es el primer atentado contra López Rodríguez. En abril de este año, logró sobrevivir a un ataque en el Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra, donde una vagoneta blanca, vinculada por la policía al clan Marset, fue utilizada en un incidente que resultó en la muerte de su acompañante. Se ha recordado que esta misma vagoneta fue hallada abandonada en un aeropuerto en 2023 y asociada a la red de Marset. A pesar de ello, el vehículo fue restituido a un supuesto propietario, solo para reaparecer en hechos violentos meses después. La hipótesis oficial sugiere que el hijo de la alcaldesa pudo haber cambiado de lealtades dentro de la estructura criminal, lo que habría desencadenado su ejecución en la plaza de San Ramón.

El viceministro Aguilera ha destacado la complejidad operativa en la región del Beni, caracterizada por sus extensas rutas fluviales y el uso de pontones y lanchas. Se ha señalado la presunta implicación de personal naval en el traslado de sicarios, y ya se han reportado detenciones entre miembros de la Armada, además de la remisión de informes con nombres de supuestos pilotos y enlaces logísticos.

Asimismo, la autoridad ha denunciado obstáculos en el ámbito judicial, mencionando que siete solicitudes de allanamiento presentadas en el último mes fueron denegadas por un juez. Se ha recordado que en octubre de 2023, una intervención en domicilios de la alcaldesa de San Ramón reveló la presencia de armas de largo alcance y combustible para avionetas. Este hallazgo, según las declaraciones, motivó una denuncia por parte de la edil y la posterior exclusión del Ministerio de Gobierno de las investigaciones relacionadas con el caso Marset. A pesar de estos desafíos, el viceministro ha reafirmado el compromiso de perseguir a estas estructuras criminales, aunque ha reconocido que el progreso de las investigaciones dependerá de una estrecha coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial, una tarea que recaerá en la próxima administración gubernamental.

En un contexto más amplio, la Policía de Santa Cruz investiga un posible secuestro o atentado contra Ívar García, alias ‘El Colla’, quien es señalado como presunto testaferro de Marset. Recientemente, el propio prófugo divulgó un video con amenazas y contenido delictivo cuya veracidad ha sido valorada como alta por el Gobierno. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y la Fiscalía supervisan las decisiones sobre medidas de protección y solicitudes de testigo protegido presentadas por la defensa de ‘El Colla’. En este panorama, la necesidad de transparencia es un punto recurrente, especialmente tras casos previos, como el asesinato del capitán José Carlos Aldunate, donde la celeridad en la identificación de sospechosos y la remoción de equipos investigativos generaron interrogantes.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos en Santa Cruz y Beni en la búsqueda de Sebastián Marset, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Las acciones incluyen rastrillajes en áreas urbanas y rurales, así como el secuestro de haciendas y propiedades vinculadas al fugitivo. Se ha explicado que la capacidad de mimetización de Marset y la escasez de información precisa complican su localización. Bolivia ha solicitado cooperación a Paraguay, si bien este país ha indicado no poseer datos concretos. La coordinación internacional es considerada fundamental para lograr la captura del fugitivo

La máxima autoridad electoral del país ha anunciado que la convocatoria para los comicios subnacionales de 2026 se emitirá alrededor de mediados de noviembre. Estas elecciones, previstas para marzo de ese año, determinarán a las nuevas autoridades en diversas instancias de gobierno.

Como parte fundamental del calendario electoral, se llevará a cabo un proceso de registro masivo de votantes entre el 1 y el 10 de diciembre de este año. Esta fase está dirigida a todos los ciudadanos que hayan cumplido los 18 años o que alcancen la mayoría de edad hasta la fecha de la elección subnacional. Estas gestiones marcarán el cierre de la administración de los actuales vocales del organismo electoral, cuyo mandato concluye en diciembre.

Para sustentar este vasto proceso, la solicitud presupuestaria correspondiente ya ha sido presentada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los comicios de marzo de 2026 designarán a las autoridades de los nueve gobiernos departamentales, de 336 gobiernos municipales y del gobierno autónomo de la región del Gran Chaco en Tarija.

Entre las dignidades a elegir se encuentran nueve gobernadores, así como vicegobernadores para Santa Cruz, Tarija y Pando. En el departamento de Beni, se seleccionarán subgobernadores y corregidores. A nivel departamental, se votará por asambleístas tanto por territorio como por población en las nueve regiones, además de asambleístas bajo normas y procedimientos propios. El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco elegirá a su Ejecutivo Regional, Ejecutivos de Desarrollo y Asambleístas Regionales. En el ámbito municipal, los ciudadanos seleccionarán a sus alcaldes y concejales.

En total, el proceso electoral designará a 4.962 autoridades políticas en todo el país, distribuidas en 583 a nivel departamental, 27 regional y 4.352 municipal, incluyendo tanto titulares como suplentes.

Paralelamente, para establecer el marco regulatorio de los comicios en departamentos que aún no poseen estatutos autonómicos, como La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, el organismo electoral ha enviado un proyecto de ley al Órgano Legislativo. Se ha programado una reunión para este martes entre los representantes del ente electoral y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, con el objetivo de profundizar en los detalles y alcances de esta propuesta legislativa

El binomio electo, compuesto por Rodrigo Paz y Edmand Lara, ha cursado una solicitud formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que la entrega de sus credenciales como presidente y vicepresidente, respectivamente, se efectúe el lunes 3 de noviembre en el histórico recinto de la Casa de la Libertad, ubicado en la ciudad de Sucre.

Óscar Hassenteufel, quien preside de manera interina el máximo órgano electoral, ha indicado que la petición será sometida a consideración de la Sala Plena. El organismo deliberará sobre la viabilidad de la propuesta y, una vez tomada una determinación, se informará oportunamente al público. Se anticipa que la resolución del ente electoral respecto a la solicitud de Paz y Lara se dará a conocer antes del martes 28 de octubre.

Esta iniciativa por parte del binomio surge en un momento de debate público, particularmente en Sucre, acerca de la localización de los actos protocolares. La controversia se generó a raíz de la planificación inicial de llevar a cabo la ceremonia de posesión de los mandatarios en La Paz, el 8 de noviembre, en el marco de una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en lugar de la capital constitucional.

Adicionalmente, se ha confirmado que la entrega de las credenciales correspondientes a los diputados y senadores, tanto titulares como suplentes, se realizará el miércoles 29 de octubre en un establecimiento hotelero situado en la Sede de Gobierno

Un magistrado penal en Cochabamba ha dispuesto este lunes el ingreso preventivo al centro penitenciario de El Abra, de máxima seguridad, para un joven de 25 años. Este individuo está siendo investigado por su presunta implicación en el deceso del estudiante universitario Paúl Ricardo Nina Flores, quien cursaba la carrera de Agronomía en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

La detención del sospechoso se produjo el sábado, apenas unas horas después del descubrimiento del cuerpo sin vida dentro del campus central de la UMSS, en un contexto de celebraciones por la semana facultativa. La Fiscalía ha formulado una imputación formal por el cargo de asesinato, y durante la reciente audiencia cautelar, la parte acusadora presentó indicios que lo vinculan directamente con el hecho.

La defensa del imputado ha manifestado su intención de evaluar una apelación a la resolución judicial. Según el abogado, su representado alegó una profunda alteración de la conciencia debido a la ingesta de alcohol al momento de los hechos, lo que le impediría recordar los eventos. Se espera que los análisis toxicológicos a cargo del IDIF confirmen este estado de embriaguez, lo que, según la defensa, demostraría una condición de inconsciencia.

Asimismo, la defensa indicó que la tipificación inicial del delito como asesinato es provisional y podría ajustarse a lo largo del proceso, dependiendo de los resultados de las pericias y los testimonios que se recaben. Esta calificación podría variar conforme se reúnan elementos adicionales que definan la responsabilidad penal.

Los allegados de la víctima han manifestado su profundo pesar y un clamor por justicia tras conocer la decisión judicial. Paúl Ricardo, de 28 años, se encontraba próximo a culminar sus estudios y era un reconocido músico, apreciado por sus compañeros por su alegría y talento. Su madre, visiblemente afectada, ha expresado que su hijo fue privado de la vida de manera violenta dentro de la universidad, exigiendo que se esclarezcan los hechos y que los responsables asuman las consecuencias de sus actos, garantizando que este crimen no quede impune.

El entorno de Paúl Ricardo sigue de cerca el proceso judicial y demanda que el caso no caiga en el olvido, solicitando además un refuerzo en las medidas de seguridad dentro de las instalaciones universitarias.

El trágico suceso ha generado una honda conmoción en la comunidad de la UMSS. Estudiantes y académicos organizaron una vigilia con velas y música en homenaje al joven fallecido. Representantes académicos y de la Federación Universitaria Local (FUL) han condenado enérgicamente la violencia y han instado a fortalecer las medidas de seguridad en los espacios universitarios, especialmente durante celebraciones estudiantiles.

Mientras la defensa del imputado evalúa los pasos legales a seguir, la Fiscalía prosigue con la investigación para establecer la posible participación de terceros o la existencia de un encubrimiento posterior al crimen

En la fase final de la actual gestión presidencial, se oficializó una nueva normativa de carácter excepcional y transitorio, diseñada para asegurar el suministro de diésel y gasolina en el país ante situaciones de emergencia. Esta legislación, cuya promulgación se concretó recientemente, fue impulsada activamente por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, tras intensas gestiones que incluyeron la socialización de la propuesta con importantes sectores productivos en la sede de gobierno.

La ley en cuestión establece un marco temporal de tres meses, a partir de su publicación, que habilita a personas naturales y jurídicas privadas a importar diésel y gasolinas para su comercialización en el mercado interno. Este mecanismo busca flexibilizar el abastecimiento y responder a las necesidades urgentes de consumo.

Tras la promulgación, un representante del Comité Pro Santa Cruz expresó su beneplácito por la medida, señalando que representa una clara evidencia de los desafíos inherentes al modelo económico implementado por la administración saliente.

La normativa, de carácter excepcional, permite la importación y despacho de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) por un periodo de noventa días. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) supervisará este proceso, encargándose de emitir la Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) a través de una plataforma digital única, con un plazo máximo de respuesta de 48 horas hábiles.

Adicionalmente, se ha dispuesto que estas importaciones de combustibles estarán exentas del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las estaciones de servicio tendrán la opción de adquirir el combustible de importadores autorizados o realizar la importación directamente desde la frontera, siempre bajo un riguroso control de la ANH. Este control es crucial para garantizar que el combustible subsidiado no sea comercializado bajo la modalidad de importación directa.

Desde Santa Cruz, el presidente del Comité Pro Santa Cruz calificó la entrada en vigor de la ley como un triunfo para la ciudadanía boliviana, que ahora dispone de una vía directa e inmediata para la importación de combustibles. Subrayó la imperiosa necesidad de impulsar la producción, el trabajo y superar las dificultades de suministro, con el objetivo de eliminar las filas de espera.

La iniciativa de los cívicos cruceños para lograr la sanción de esta ley incluyó un acercamiento sin precedentes hacia sectores productivos en La Paz, tradicionalmente vinculados a la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS). Un representante del Comité Pro Santa Cruz sostuvo reuniones con dirigentes de tres importantes gremios: mineros sindicalizados, cooperativistas mineros y la dirigencia nacional del transporte público.

Durante estos encuentros, se aclaró que la ley no es de aplicación obligatoria y su carácter es estrictamente temporal, con una vigencia de noventa días, buscando facilitar la adquisición de combustible por vías privadas.

La primera de estas reuniones se llevó a cabo con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Aunque su máximo dirigente manifestó sorpresa por la visita y aclaró que no habían convocado a los cívicos, se dialogó sobre la ley. La principal demanda de los mineros fue que la normativa se socializara ampliamente para evitar cualquier impacto negativo en los sectores más vulnerables, expresando preocupación por posibles incrementos en los precios al consumidor.

Posteriormente, el representante cívico se reunió con la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), donde se logró un avance en la comprensión de la ley como una medida temporal y no impositiva.

Finalmente, se produjo un encuentro con dirigentes de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. Tras esta reunión, un dirigente de los choferes destacó el acercamiento inédito con la entidad cívica cruceña, resaltando la importancia del diálogo intersectorial