La administración de Donald Trump enfrenta una creciente controversia tras la muerte de un segundo ciudadano estadounidense en Mineápolis durante una operación federal contra la inmigración. El fallecimiento de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital para veteranos, ocurrió en medio de una protesta contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Pretti perdió la vida tras un enfrentamiento con agentes federales, lo que ha intensificado las tensiones en la ciudad, recordando el caso de Renee Good, quien fue abatida por un agente del ICE semanas atrás. La administración Trump inicialmente señaló que Pretti intentó atacar a los agentes con un arma de fuego, sin embargo, un video difundido en redes sociales y verificado por medios locales muestra que el enfermero nunca sacó un arma y fue disparado aproximadamente diez veces después de ser derribado.
Los familiares de Pretti denunciaron que el gobierno difundió información falsa sobre el incidente, asegurando que él estaba desarmado cuando fue atacado. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional expresó su condolencia hacia la familia, aunque mantuvo la defensa de los agentes, indicando que la investigación en curso aclarará los hechos.
El vicefiscal general destacó la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles del suceso, admitiendo que aún no se sabe si el arma fue retirada antes de que se efectuaran los disparos. Por otro lado, varios senadores republicanos han pedido una investigación completa y colaboración con las autoridades locales, a pesar de que el gobierno federal excluyó a los investigadores locales tras la muerte de Renee Good.
En los últimos días, miles de agentes federales han sido desplegados en Mineápolis como parte de una operación contra presuntos fraudes cometidos por inmigrantes somalíes, una acción que ha generado críticas por sus implicaciones raciales. El gobernador del estado, un demócrata, ha solicitado la retirada inmediata de estos agentes, argumentando que su presencia sin la formación adecuada representa un riesgo para la seguridad pública.
Las autoridades locales han presentado una demanda para detener la operación federal, con una audiencia judicial prevista para los próximos días. Además, un juez federal ha ordenado que no se alteren ni destruyan evidencias relacionadas con la muerte de Pretti.
El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle emitieron un comunicado calificando el incidente como una tragedia que refleja la erosión de valores fundamentales en el país, y llamaron a la ciudadanía a exigir responsabilidad y justicia. En contraste, el expresidente Trump acusó a las autoridades locales de fomentar la insurrección con sus declaraciones y defendió la labor de los agentes federales.
Mientras tanto, la opinión pública muestra un creciente descontento hacia las medidas antiinmigratorias implementadas por la administración, especialmente tras la detención de un niño de cinco años y su padre, hechos que han reavivado la indignación en la región.
Un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, responsable de la campaña contra la inmigración, defendió las acciones de los agentes, destacando la calidad de su entrenamiento y asegurando que sus intervenciones evitaron posibles ataques contra las fuerzas del orden
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