La población penitenciaria en Bolivia ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando las 33.181 personas privadas de libertad hasta septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 3,58% desde diciembre de 2024, cuando la cifra era de 32.035. Aunque se registró una leve disminución del 1,14% en septiembre de 2025 en comparación con el mes anterior, el análisis general confirma una tendencia al alza del 4,47% respecto al mismo periodo del año precedente.

Entre las causas principales de reclusión, los delitos de agresión sexual contra niñas, niños y adolescentes se posicionan como la primera razón, afectando al 17,90% de los encarcelados. Esta categoría supera a otros crímenes como el narcotráfico, que representa el 14,90%, y las violaciones agravadas a personas mayores, con un 12,51%. Los delitos de feminicidio y sus tentativas, junto con los intentos de homicidio, suman un 2,33% y un 2,5% respectivamente.

Expertos en la materia atribuyen este incremento, en parte, a la creciente incidencia de la violencia sexual que afecta a la población adolescente, exacerbada por los entornos digitales. La reciente promulgación de la Ley N° 1636, diseñada para proteger la integridad sexual de menores en plataformas digitales, ha sido un factor clave. Esta normativa ha permitido la tipificación de nuevas conductas delictivas, como el envío de imágenes sexuales a menores y el contacto digital con fines sexuales, lo que ha llevado a la investigación y sanción de casos que antes no estaban contemplados. Se anticipa que la aplicación de esta ley continuará revelando un mayor número de situaciones.

Se ha observado que gran parte de los agresores provienen del círculo familiar de las víctimas, aunque también se registran incidentes de captación digital por parte de individuos desconocidos. Ante esta problemática, el Ministerio Público ha desplegado una estrategia de prevención y capacitación, enfocada en zonas con alta incidencia penal. Esta iniciativa incluye la realización de charlas informativas en universidades y la expansión de estas actividades a diversos municipios de los valles y la Chiquitania. Adicionalmente, se ha instado a las familias bolivianas a mantener una vigilancia activa sobre el uso de dispositivos móviles por parte de niños y adolescentes, especialmente en periodos como las graduaciones y fiestas de fin de año, debido a la detección de casos delicados de captación con fines sexuales.

Geográficamente, el departamento de Santa Cruz concentra la mayor proporción de la población penitenciaria, con un 35,94% del total nacional, seguido por La Paz (19,80%) y Cochabamba (14,89%). En contraste, Pando y Oruro presentan las menores proporciones, con un 2,43% y un 4,55% respectivamente.

El sistema penitenciario continúa enfrentando desafíos estructurales significativos, como el hacinamiento y la alta prevalencia de la detención preventiva. Aunque la cantidad de personas con sentencia firme aumentó un 15,56% en el último año, la población en detención preventiva solo disminuyó un 3,11%. Esta disparidad subraya que miles de individuos permanecen privados de libertad sin una condena, una problemática histórica del sistema judicial. Los análisis sugieren la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y explorar alternativas a la detención preventiva para aliviar la presión sobre las cárceles.

En cuanto a la composición demográfica, el grupo etario predominante en los recintos penitenciarios es el de 29 a 59 años, que constituye el 65% del total y ha experimentado un crecimiento del 7,43% en el último año. Le sigue el grupo de internos entre 18 y 28 años, que mostró una ligera reducción del 2,09%

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha concluido una serie de encuentros estratégicos en Washington D.C., centrados en abordar los desafíos económicos que enfrenta su nación. Durante su visita a Estados Unidos, el futuro mandatario sostuvo conversaciones con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, a quien expresó su reconocimiento por el diálogo constructivo y la colaboración propuesta para el desarrollo boliviano.

Goldfajn, por su parte, felicitó personalmente a Paz por su reciente victoria electoral y delineó un plan de acompañamiento del Grupo BID. Este plan se estructura en tres fases clave: una transición a corto plazo, una etapa de estabilización con énfasis en la protección social, y finalmente, la implementación de reformas orientadas a fomentar un crecimiento económico sostenido. El máximo directivo del BID reiteró el compromiso de la institución para contribuir a un futuro más próspero para Bolivia.

Previamente, el presidente electo también se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aunque los detalles específicos de este encuentro no han sido divulgados. La agenda de Paz en la capital estadounidense, iniciada el miércoles, se ha enfocado en gestiones ante organismos multilaterales con el objetivo primordial de asegurar el suministro de combustibles y garantizar la disponibilidad de divisas en la economía boliviana, dos de las principales preocupaciones actuales en el país sudamericano.

En declaraciones recientes, Paz Pereira afirmó que la problemática del desabastecimiento de combustibles será resuelta, señalando que solo resta ultimar los aspectos logísticos para la importación de diésel y gasolina. En este esfuerzo, el presidente electo cuenta con el respaldo de un equipo de colaboradores, incluyendo a los economistas José Luis Lupo, Mauricio Medinaceli y Gabriel Espinoza. Este último ha enfatizado el trabajo conjunto para asegurar que los combustibles lleguen a cada rincón del país, buscando abrir puertas a mayores flujos de inversión y oportunidades para Bolivia.

La escasez de combustibles se ha convertido en una preocupación recurrente desde el año pasado, y su solución fue una de las promesas centrales de la campaña electoral de Paz. Asimismo, el próximo gobierno boliviano deberá enfrentar la persistente falta de divisas que ha afectado al país desde principios de 2023, generando restricciones en el acceso a dólares dentro del sistema financiero. Ambas situaciones han contribuido al encarecimiento de productos de primera necesidad, reflejándose en una inflación acumulada del 18.33% en los primeros nueve meses del año, cifra que excede significativamente el 7.5% proyectado para todo 2025.

Rodrigo Paz Pereira, quien asumirá la presidencia junto a su vicepresidente, el expolicía Edman Lara, prestará juramento el próximo 8 de noviembre

Las propuestas de reforma constitucional, impulsadas por sectores de la oposición, han sido oficialmente presentadas. El empresario Samuel Doria Medina, quien obtuvo el tercer lugar en los comicios nacionales, dio a conocer este viernes una iniciativa que busca modificar la Carta Magna como alternativa a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Su planteamiento se articula en torno a tres pilares fundamentales: político, económico y judicial.

En el ámbito político, se propone la eliminación de la reelección presidencial bajo cualquier modalidad. Asimismo, se plantea prohibir que ciudadanos naturalizados puedan acceder a la presidencia del país. Otro punto relevante es la flexibilización de los requisitos para la victoria en la primera ronda electoral. Finalmente, se busca garantizar que la segunda vuelta electoral se celebre con prontitud tras la primera, estableciendo un plazo máximo de tres semanas entre ambas.

Actualmente, la normativa constitucional permite la reelección presidencial por una única vez de manera continua, aunque existe un debate jurídico sobre la posibilidad de reelección en mandatos no consecutivos. Para evitar una segunda vuelta, la Constitución exige que el candidato ganador obtenga más del 50% de los votos válidos o, en su defecto, un mínimo del 40% con una diferencia de al menos diez puntos porcentuales respecto al segundo postulante. En cuanto a la nacionalidad, la Constitución vigente establece que tanto bolivianos de nacimiento como por naturalización pueden ocupar la presidencia.

Respecto al sistema judicial, la propuesta sugiere una transformación en la elección de magistrados, eliminando el voto directo de la población. Se plantea también la disolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, argumentando que ha derivado en una instancia de procesamiento adicional, con injerencia en litigios relevantes y prácticas que han suscitado críticas. Una tercera medida en este pilar es la asignación obligatoria de un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto de la justicia.

Finalmente, en el eje económico, la iniciativa busca modificar las regulaciones que obstaculizan la inversión privada, siempre preservando el carácter estratégico de los recursos naturales. Se propone restablecer un marco regulatorio estatal autónomo del poder ejecutivo, con el fin de evitar que el gobierno actúe simultáneamente como regulador y actor económico. Por último, se plantea la creación de un mecanismo constitucional que regule la incorporación de la biotecnología en las actividades productivas, sustrayéndola de la discrecionalidad de las administraciones gubernamentales de turno

La Asamblea Legislativa Plurinacional ha promulgado una legislación significativa este viernes, 31 de octubre, enfocada en la protección de deudores de créditos de vivienda de interés social y unidades económicas de tamaño micro y pequeño. Esta nueva normativa establece una suspensión temporal de embargos y ejecuciones de sentencias en procesos judiciales relacionados con créditos de vivienda social, además de un diferimiento en el pago de dichos créditos y aquellos otorgados a micro y pequeñas empresas.

La aprobación de esta ley tuvo lugar durante la última sesión legislativa del período constitucional 2020-2025, un encuentro caracterizado por un ambiente de intensa confrontación y frecuentes interrupciones. La sesión estuvo marcada por expresiones de desacuerdo y diversas acusaciones, dirigidas principalmente a la presidencia de la Asamblea Legislativa.

El proceso de sanción de la ley requirió dos rondas de votación. Finalmente, se adoptó la versión original aprobada por la Cámara de Diputados, descartando las modificaciones propuestas posteriormente por la Cámara de Senadores. En la primera votación, el proyecto obtuvo 68 votos a favor, superando el umbral de 53 votos necesarios para la mayoría. Sin embargo, las objeciones de los legisladores de la oposición llevaron a una segunda votación, en la que el respaldo al proyecto se amplió a 76 votos. Tras esta confirmación, la ley fue declarada aprobada y sancionada, procediéndose a su remisión al Órgano Ejecutivo para los trámites constitucionales de promulgación, todo ello en medio de persistentes manifestaciones de descontento por parte de la oposición.

Al inicio de la sesión, la senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana (CC) había solicitado el aplazamiento del tratamiento del proyecto de ley, argumentando la necesidad de considerar las enmiendas realizadas en el Senado. No obstante, su propuesta fue sometida a votación y rechazada por la mayoría, que optó por continuar con el debate de la versión inicial.

La senadora Barrientos expresó su preocupación por el alcance de la ley aprobada, señalando que la modificación del Senado buscaba limitar su aplicación a un periodo de gracia exclusivo para aquellos prestatarios en situación de mora. Criticó que la versión final beneficiaría a un universo de 1.400.000 prestatarios, incluyendo a quienes no presentan retrasos en sus pagos y están al día con sus obligaciones bancarias. Advirtió sobre el riesgo de generar una crisis financiera en cadena, evocando situaciones previas de quiebra bancaria, y cuestionó la sostenibilidad de tal medida. Según sus datos, solo 45.000 prestatarios se encuentran en mora y 3.000 viviendas están en proceso de embargo.

En respuesta a estas objeciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, desestimó las alertas de la senadora Barrientos. Subrayó la solidez del sistema financiero, que había reportado utilidades cercanas a los 400 millones de dólares, y cuestionó la existencia de un peligro inminente.

Yujra explicó la diferencia fundamental entre el diferimiento propuesto por Diputados y el periodo de gracia que había planteado el Senado. Aclaró que el diferimiento implica que los prestatarios suspenderán por seis meses no solo el pago de capital e intereses, sino también de comisiones, multas y otros cargos adicionales cobrados por las entidades bancarias. En contraste, el concepto de periodo de gracia del Senado habría significado únicamente la postergación del capital, manteniendo la obligación de pagar intereses y demás costos adicionales