El viceministro encargado de la Lucha contra el Contrabando, José Maurice Castro Pautrat, reconoció durante una reciente conferencia de prensa que la institución enfrenta importantes limitaciones en cuanto a recursos humanos, infraestructura y logística para combatir eficazmente esta problemática. Actualmente, el Estado dispone de aproximadamente 400 efectivos especializados en esta área, una cifra que resulta insuficiente para cubrir de manera simultánea todos los puntos fronterizos y atender las diversas demandas operativas.

Castro destacó que, además del reducido número de personal, existen dificultades relacionadas con la movilidad, comunicación y accesibilidad en las zonas fronterizas. Estas áreas, en las que también habitan comunidades asentadas, requieren una presencia estatal constante que hoy no puede garantizarse plenamente debido a estas restricciones.

Desde la creación del Viceministerio en 2018, no se ha renovado el parque vehicular asignado a esta función, lo que representa un obstáculo adicional para el control y la vigilancia en las fronteras. La falta de medios de transporte adecuados afecta directamente la efectividad de las operaciones y el trabajo de fiscalización en estas regiones.

A pesar de estos desafíos, el viceministro anunció la implementación de medidas concretas para reforzar la lucha contra el contrabando. Entre ellas, se ha intensificado la vigilancia en los puntos fronterizos considerados más vulnerables, con especial énfasis en el control del contrabando de gas y combustibles. Para ello, se ha desplegado el Comando Estratégico Operacional, con la supervisión directa de mandos militares en las zonas críticas.

Además, se están realizando esfuerzos para optimizar el uso de los recursos disponibles, priorizando los pasos fronterizos de mayor riesgo y ajustando los procedimientos para enfrentar las nuevas modalidades de contrabando que han surgido. Estas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta y garantizar una mayor presencia estatal en las áreas más afectadas

El actual Gobierno de Bolivia enfrenta el reto de mejorar su imagen en el escenario internacional y atraer nuevas inversiones, tras dos décadas de políticas exteriores que generaron desconfianza y limitaron la seguridad jurídica para los capitales extranjeros. Esta situación ha provocado una casi nula presencia de inversión extranjera directa en el país.

El canciller Fernando Aramayo señaló que la desconfianza acumulada durante años ha dificultado que inversionistas serios confíen plenamente en Bolivia. La distancia con espacios multilaterales y problemas como la deuda han afectado la percepción internacional sobre la estabilidad y garantías para las inversiones.

En este contexto, Bolivia participará el 29 de enero en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se desarrolla del 27 al 30 de enero en Panamá. Durante este evento, representantes del sector empresarial y autoridades gubernamentales presentarán las oportunidades que ofrece el país, con especial énfasis en el turismo, uno de los sectores que el Gobierno busca potenciar.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó la importancia de debatir temas como la implementación de una política de cielos abiertos, que podría atraer a más inversores, así como la posición estratégica de Bolivia en la transición energética a nivel regional.

Además, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en estabilizar la economía, lo que ha sido reconocido por organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han mostrado señales positivas de confianza tras la crisis experimentada durante el mandato anterior.

Durante la cita en Panamá, se realizarán anuncios relacionados con la firma de acuerdos con organismos multilaterales, los cuales serán dados a conocer por el presidente boliviano. También están previstos encuentros bilaterales con mandatarios como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con el objetivo de fortalecer las relaciones y abrir nuevas vías de cooperación

Un coronel de las Fuerzas Armadas fue detenido bajo sospecha de emplear de manera irregular los bienes y recursos pertenecientes a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena). El oficial fue trasladado a dependencias policiales para que rinda su declaración sobre los hechos.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Henry Pinto, indicó que el detenido permanece en celdas policiales a la espera de la audiencia de medidas cautelares. La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden fiscal, debido a presuntos delitos relacionados con el uso indebido de bienes estatales, influencias y beneficios derivados de su cargo.

De acuerdo con la investigación preliminar, el militar habría utilizado recursos de Cofadena para fines personales, lo que motivó la intervención de las autoridades. Las pesquisas continúan y se espera que se convoque a más personas vinculadas al caso, aunque los detalles sobre futuras diligencias se mantienen bajo reserva por el momento

A partir del 26 de enero, el Gobierno iniciará la entrega del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un apoyo económico temporal diseñado para fortalecer el ingreso de las familias bolivianas más vulnerables frente al aumento de precios en el país. Este beneficio consiste en un monto total de 450 bolivianos, distribuidos en tres pagos mensuales de 150 bolivianos cada uno, correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026. Los beneficiarios podrán cobrar estos montos de forma mensual o acumulada hasta el 30 de abril de 2026.

Este programa está dirigido a personas que, hasta el 30 de noviembre de 2025, hayan sido beneficiarias de ciertos subsidios sociales. Entre los grupos que pueden acceder al bono se encuentran madres gestantes y niños que reciben el Bono Juana Azurduy, padres o tutores de estudiantes beneficiarios del Bono Juancito Pinto, personas con discapacidad visual registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), así como personas con discapacidad grave o muy grave inscritas en el Sistema de Protección Social para Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD). Además, los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad y no cuentan con jubilación recibirán un complemento adicional de 150 bolivianos, elevando su renta mensual a 500 bolivianos durante un año.

El programa establece que se otorgará un único pago por familia, incluso si varios integrantes reciben distintos bonos. En particular, los adultos mayores que no son rentistas verán incrementada su Renta Dignidad de 350 a 500 bolivianos mensuales durante un año.

Respecto a la modalidad de pago, la Gestora Pública indicó que este se realizará conforme al día de cumpleaños de cada beneficiario. Por ejemplo, quienes cumplen años el 26 de julio podrán cobrar el bono PEPE el 26 de enero, mientras que quienes nacieron el 12 de enero lo harán el 12 de febrero. En el caso de febrero, mes con 28 días, quienes tengan fechas de cumpleaños el 29, 30 o 31 podrán realizar el cobro el 29, 30 o 31 de marzo, respectivamente.

Para recibir el bono no es necesario realizar trámites ni inscripciones previas. El cobro se efectuará presentando el carnet de identidad original y vigente, junto con una fotocopia del mismo. Las autoridades aclararon que el bono PEPE no sustituye ni modifica otros beneficios sociales existentes, sino que constituye un complemento temporal para aliviar el impacto inflacionario en los hogares.

Los interesados pueden verificar su elegibilidad ingresando al sitio web www.gestora.bo, en la sección correspondiente al programa PEPE, donde deberán registrar su número de carnet y fecha de nacimiento. En la plataforma aparecerá un ícono representado por un quirquincho, símbolo de la campaña comunicacional del bono. Al hacer clic en este, el sistema mostrará si la persona es apta para recibir el beneficio.

Adicionalmente, la Gestora Pública dispone de una línea gratuita, 800-101-070, para consultas, orientación o reclamos relacionados con el bono PEPE. El plazo máximo para cobrar este beneficio es hasta el 30 de abril de 2026, después de lo cual el bono perderá validez.

El pago del bono podrá realizarse en 44 entidades financieras autorizadas en todo el país. Entre estas se encuentran bancos como Banco Unión, Banco Fortaleza, Bancosol, Banco PYME Ecofuturo y Banco Prodem; entidades financieras y fondos como El Progreso, La Primera, La Promotora, IFD Cidre, IFD Crecer, IFD Fondeco, IFD Fubode, IFD Fundación Diaconía, IFD Fundación Sartawi, IFD Idepro e IFD Fundación PRO Mujer. Asimismo, cooperativas de ahorro y crédito distribuidas en todas las provincias de Bolivia estarán habilitadas para efectuar el pago del bono PEPE, sumándose a una red que supera las 1.300 agencias y puntos de atención, según datos de la Gestora Pública

Después de varias semanas de estabilidad en su valor, el dólar en Bolivia experimentó una ligera disminución en su cotización este martes, especialmente en el mercado paralelo, tanto en operaciones de compra como de venta.

Este movimiento se produce un día después de que el Gobierno anunciara la devolución de dólares a pequeños ahorristas en todo el territorio nacional. La medida permite que personas naturales y jurídicas con cuentas en dólares que tengan saldos inferiores a 1.000 dólares al 31 de diciembre de 2025 puedan retirar total o parcialmente sus fondos en efectivo y en moneda estadounidense.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el dólar referencial se cotiza en 9,32 bolivianos para la compra y 9,52 bolivianos para la venta. En contraste, el mercado paralelo muestra valores inferiores a los registrados en semanas anteriores, cuando la cotización del dólar rondaba los 9,60 bolivianos.

A primera hora de la mañana, a las 06:00, la plataforma Dólar Blue Bolivia reportó que el dólar digital USDC se negociaba a 9,40 bolivianos para la compra y 9,33 bolivianos para la venta. Por su parte, el portal dolarboliviahoy.com indicó que el USDT tenía un precio de venta de 9,33 bolivianos y de compra de 9,39 bolivianos.

Es importante destacar que estas cotizaciones pueden variar a lo largo del día debido a la volatilidad propia de estas plataformas. No obstante, los valores actuales siguen siendo superiores al tipo de cambio oficial establecido por el BCB, que se mantiene en 6,86 bolivianos para la compra y 6,96 bolivianos para la venta.

El presidente Rodrigo Paz señaló que esta devolución corresponde a dólares que fueron retenidos por la administración anterior, en referencia al gobierno de Luis Arce, y que se utilizaron para la adquisición de gasolina y diésel

El domingo 25 de enero, la exministra de Culturas, Sabina Orellana Cruz, intentó salir del país con destino a Argentina, pero fue impedida por la Policía en el puesto fronterizo de Villazón, en Potosí. Esta información fue confirmada por el director de Interpol Bolivia, Pompeo Sánchez, quien aclaró que la exfuncionaria no fue detenida ni arrestada, ya que la legislación vigente no contempla esa medida en este tipo de casos.

De acuerdo con la Ley 1352, las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben permanecer en el territorio boliviano durante un periodo de tres meses tras concluir su mandato. Esta disposición tiene como objetivo garantizar que los funcionarios salientes presenten los informes correspondientes, promoviendo la transparencia y protegiendo los intereses del Estado. Además, busca asegurar la continuidad en la gestión gubernamental y prevenir la impunidad frente a posibles actos de corrupción.

En este contexto, a Sabina Orellana se le recomendó no abandonar el país para cumplir con esta obligación legal, aunque no se aplicó ninguna medida coercitiva en su contra