La gestión de permisos y licencias por parte de los legisladores ha desatado una considerable controversia y ha impulsado solicitudes de auditoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la Cámara de Diputados, las acusaciones se centran en supuestas falsificaciones y encubrimiento en la tramitación de permisos, mientras que en el Senado, la preocupación radica en las recurrentes ausencias de parlamentarios que han sido o son aspirantes a la presidencia del país.

En la Cámara Baja, el legislador Ingvar Ellefsen ha señalado que el expresidente de la institución, Israel Huaytari, habría presentado documentación alterada para justificar meses de inasistencia. Según Ellefsen, se han detectado más de un centenar de modificaciones en firmas, referencias y sellos de entidades como la Gobernación de Potosí. El diputado Ellefsen destacó que estos documentos presuntamente falsificados fueron aceptados por la Primera Secretaría y la actual Dirección de la Cámara de Diputados, lo que, a su juicio, ha generado un perjuicio económico tanto para el Estado como para la propia Cámara.

Esta situación ha reactivado un debate de larga data sobre la insuficiencia de controles en la concesión de licencias. La diputada Samantha Nogales recordó haber solicitado un informe sobre los permisos hace un año, impulsada por las ausencias del diputado Juan José Jauregui, quien enfrentaba acusaciones por delitos sexuales. Nogales lamentó que, a pesar de múltiples comunicaciones, su petición de acceso a la lista de licencias y sus respaldos no ha recibido respuesta hasta la fecha.

El panorama en la Cámara de Senadores presenta similitudes. El senador Pedro Benjamín Vargas ha criticado a su colega Rodrigo Paz, a quien acusa de acumular permisos mientras busca posicionarse como candidato presidencial. Paz, por ejemplo, solicitó licencia para una sesión plenaria reciente argumentando la necesidad de socializar proyectos. Vargas expresó su inquietud por la prolongada ausencia de Paz del hemiciclo, señalando que el senador no ha cumplido sus funciones habituales en más de un mes y cuestionó su idoneidad para la presidencia si no demuestra un compromiso pleno con sus responsabilidades legislativas.

Ante este escenario, la demanda de auditorías ha cobrado fuerza. Durante un debate en la Cámara Alta, la senadora Andrea Barrientos reiteró su exigencia, planteada desde hace aproximadamente un año, de que se publiquen las listas completas de asistencia de los legisladores, en aras de la transparencia. El senador Vargas solicitó una auditoría específica sobre las licencias de Paz, pero las senadoras Nelly Gallo y Andrea Barrientos propusieron extender esta revisión a todos los legisladores nacionales, incluyendo al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien también solicitó numerosos permisos durante el período electoral. La senadora Gallo enfatizó la relevancia de estas auditorías para la transparencia, especialmente en lo que respecta a la presencia o ausencia de los miembros de la Asamblea.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó su acuerdo con la necesidad de revisar y transparentar la información sobre las licencias. Indicó que es fundamental realizar una auditoría general y equitativa de los permisos de todos los senadores y senadoras, sugiriendo que esta acción se formalice mediante una comunicación de la Primera Secretaría. En la Cámara Baja, la diputada Nogales anticipó una solicitud similar, abogando por una auditoría que examine los respaldos de las licencias presentadas en esa instancia.

La situación también ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva del reglamento legislativo. Los parlamentarios han observado que la normativa actual permite justificar la mayoría de las inasistencias a través de licencias médicas, permisos personales y periodos dedicados a actividades regionales. Barrientos explicó que, si bien el reglamento establece un límite de cinco senadores con licencia por sesión para la Primera Secretaría, la interpretación de esta norma puede llevar a duplicar ese número, evidenciando una falta de claridad en la redacción.

En la Cámara de Diputados, el legislador Marcelo Pedrazas ha anunciado que impulsará una reforma al reglamento para reducir la cantidad de licencias permitidas. Además, propuso que la remuneración de los parlamentarios esté vinculada a su asistencia efectiva a las sesiones. Por su parte, el diputado Quintín Villazón planteó que las sesiones de las brigadas parlamentarias departamentales también sean consideradas obligatorias en cualquier propuesta de modificación reglamentaria

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha permanecido bajo custodia en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, a la espera de una audiencia judicial programada para las 13:45 de este viernes, 5 de septiembre.

Un tribunal paceño ha convocado a esta audiencia presencial, la cual se centrará en el proceso relacionado con la adquisición irregular de gases lacrimógenos de origen brasileño, un caso marcado por acusaciones de sobreprecio. Aunque ya existe una sentencia de ocho años en su contra por este asunto, la fiscalía solicitará únicamente una detención preventiva de seis meses. Esta medida se debe a que el fallo se encuentra en fase de apelación y aún no ha adquirido firmeza legal, impidiendo la ejecución inmediata de la condena.

Este proceso se suma a una serie de otros desafíos legales que enfrenta el exfuncionario de la administración de Jeanine Áñez. Se ha informado que un total de quince causas penales permanecen activas en su contra, de las cuales dos ya cuentan con sentencia.

La defensa del exministro ha argumentado que los procedimientos judiciales en curso poseen una motivación política y ha puesto en duda la legitimidad de las condenas existentes. Se ha enfatizado que, como cualquier ciudadano, Murillo tiene derecho a defenderse en libertad, a un plazo probatorio adecuado y a hacer uso de los recursos de impugnación que la Constitución garantiza.

El retorno del exministro al país se produjo tras ser deportado de Estados Unidos, donde cumplió una pena por conspiración para el blanqueo de capitales y sobornos. A su llegada en la madrugada del 4 de septiembre al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, fue inmediatamente aprehendido y, horas más tarde, trasladado a la capital, donde actualmente se encuentra bajo custodia policial.

Una delegación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la Defensoría del Pueblo, realizó una visita al exministro, quien manifestó encontrarse en buen estado físico y anímico. Durante esta visita, el exministro indicó haber recibido un trato adecuado por parte de los agentes policiales. Sus requerimientos actuales se centran en establecer comunicación con su representación legal y sus familiares, además de gestionar, mediante los canales pertinentes, la recuperación de documentos personales que no le fueron entregados en Estados Unidos

Una violenta combinación de precipitaciones torrenciales y ráfagas de viento con fuerza de huracán ha devastado las operaciones agrícolas en el Trópico Cochabambino, específicamente afectando a los miembros del Sindicato 3 de Mayo, adscrito a la Central 25 de Abril. El fenómeno meteorológico, ocurrido este jueves, se caracterizó por su extrema intensidad, resultando en un perjuicio considerable para las plantaciones de banano en la zona de Entre Ríos, dentro de la jurisdicción de la Central 25 de Abril.

La magnitud del temporal provocó el arrasamiento de vastas extensiones de cultivos, con una caída generalizada de las plantas de banano, lo que se traduce en una merma sustancial de la producción esperada. En este momento, los agricultores se dedican a cuantificar la extensión total de los perjuicios, si bien las proyecciones iniciales sugieren que el impacto económico será de gran envergadura

La madrugada de ayer marcó el retorno a territorio boliviano de un exministro de la gestión transitoria, quien arribó al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, en un vuelo procedente de Miami. Su llegada, alrededor de las 04:15, culminó un proceso de deportación, según lo confirmado por autoridades migratorias y el actual titular de la cartera de Gobierno, quien se hizo presente en las primeras horas del día para supervisar el recibimiento y el posterior traslado del exfuncionario a La Paz, donde se concentran las causas judiciales en su contra.

Apenas se abrieron las compuertas de la aeronave, un equipo de agentes policiales bolivianos abordó el avión. En cuestión de minutos, el exministro fue provisto de un chaleco de seguridad, sus muñecas fueron aseguradas con esposas y fue escoltado fuera de la aeronave. Descendió con paso firme, luciendo la cabeza rapada y una barba blanca que contrastaba con una expresión que muchos interpretaron como desafiante. Al percatarse de la presencia de la prensa, realizó un gesto exagerado de asombro. Posteriormente, las autoridades informaron que padecía de ansiedad e hipertensión. Durante su trayecto por los pasillos del aeropuerto, se inclinaba ocasionalmente para intercambiar breves palabras con sus custodios, sin mostrar en ningún momento señales de debilidad.

El Ministerio Público, a través de su máxima autoridad, informó que el exministro enfrenta una quincena de causas judiciales en el país, incluyendo dos sentencias condenatorias que aún se encuentran en fase de apelación. Una de estas condenas es de ocho años de privación de libertad, vinculada al denominado caso Gases Lacrimógenos, y la otra, de cinco años y cuatro meses, correspondiente al caso Gases del Ecuador. Además, existen declaraciones de rebeldía y acusaciones por resoluciones contrarias a la Constitución, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Las primeras horas tras su arribo transcurrieron en un espacio de detención provisional habilitado en el propio aeropuerto de Viru Viru. Allí, según el ministro de Gobierno, fue sometido a una revisión médica que confirmó un diagnóstico de hipertensión y un cuadro de ansiedad. Cerca del mediodía, fue trasladado en otra aeronave hacia La Paz. A su llegada a la sede de gobierno, un cortejo de vehículos policiales lo acompañó desde el aeropuerto hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En dicho lugar, representantes del Ministerio Público adelantaron que se solicitará la programación inmediata de audiencias para definir las medidas cautelares pertinentes.

Paralelamente, se conoció que el exfuncionario también deberá responder por un proceso iniciado por una ciudadana que fue injustamente acusada durante su gestión en relación con el caso de la bebé Samanta. La demandante exige una compensación de un millón de bolivianos por el daño causado a su dignidad. El exministro ocupó su cargo entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, optando por abandonar el país antes de la transición gubernamental.

Las imágenes del exministro sonriendo mientras era escoltado generaron diversas reacciones. La ministra de Justicia calificó su actitud como una muestra de soberbia. En contraste, su defensa legal solicitó que su cliente pueda enfrentar los procesos en libertad, invocando una directriz del Tribunal Supremo de Justicia que ordena revisar las detenciones preventivas. El jurista argumentó que, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse en libertad, en un plazo razonable y a ejercer los recursos impugnativos que la Constitución garantiza, enfatizando que, de no respetarse estos principios, no existiría un juez natural ni imparcial, libre de manipulación gubernamental o política.

Desde otros sectores, se alzaron voces exigiendo su reclusión inmediata en el penal de Chonchocoro. Un exlegislador, por ejemplo, afirmó que el exministro hizo quedar mal a Bolivia, recordando los trágicos eventos de 2019. De manera similar, un ministro de Obras Públicas demandó su traslado a dicha prisión, donde se encuentran detenidas personas con sentencias por crímenes graves. Un senador saliente, afín a una corriente política específica, también reclamó que no se permita su liberación, calificándolo de alta peligrosidad y acusándolo de haber causado muertes y de haber defraudado al Estado.

Incluso desde la oposición surgieron comparaciones, con un senador de Creemos pidiendo al Gobierno la misma diligencia para detener a otro exmandatario en el Chapare, quien enfrenta causas por abuso a menores y trata de personas. Por otro lado, un diputado de la facción evista comentó con sarcasmo sobre la llegada del exministro, recordando que la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia había planteado el retorno de exiliados y expresando sorpresa por la ausencia de un recibimiento más ceremonial

Una congregación de sobrevivientes de abuso eclesial en Bolivia se reunirá este viernes en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba. El propósito de esta convocatoria es presenciar la lectura completa de la sentencia dictada contra los exprovinciales jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons, quienes fueron procesados por su implicación en el encubrimiento de los múltiples abusos sexuales atribuidos al sacerdote Alfonso Pedrajas.

La cita está fijada para las 15:00 horas, momento en que los participantes se congregarán frente al Palacio de Culturas de la Gobernación. Allí, se hará pública la totalidad del dictamen judicial, abarcando tanto sus fundamentos como la parte resolutiva. La organización ha extendido una invitación a un amplio espectro de la sociedad, incluyendo a otras víctimas y sobrevivientes, así como a aliados, colectivos de activistas y artistas solidarios, instándolos a unirse en la plaza principal para escuchar el veredicto.

Tras este fallo histórico, que resultó en una condena de un año de prisión para los dos religiosos octogenarios, la misma comunidad ha revelado que continúa recibiendo nuevos testimonios. Estas narrativas adicionales no solo identifican a otros sacerdotes jesuitas como perpetradores de abuso, sino que también arrojan luz con mayor detalle sobre los intrincados mecanismos de encubrimiento que habrían operado durante décadas, señalando con mayor nitidez a los actores y estructuras institucionales involucradas en estos perversos esquemas.

Actualmente, estas nuevas acusaciones están siendo compiladas y preparadas para su presentación formal ante las instancias judiciales correspondientes. En este contexto, se mantiene un llamado persistente a todas aquellas personas que hayan sido víctimas o testigos de abuso sexual dentro del ámbito eclesiástico. La invitación es a unirse a la causa por la verdad y la justicia, con la firme convicción de romper el ciclo de silencio y asegurar que tales crímenes no se repitan en el territorio boliviano