Bolivia ha establecido un marco legal pionero para la protección de la niñez y adolescencia frente al abuso y la explotación sexual en entornos digitales. Esta iniciativa, gestada en la Fiscalía General del Estado mediante un esfuerzo colaborativo con el apoyo de cooperantes internacionales, responde a una necesidad urgente. Solo en el año 2024, se registraron 33.300 reportes vinculados a estas problemáticas en plataformas en línea, evidenciando una brecha en la legislación preexistente que, hasta ahora, solo abordaba delitos como pornografía, estupro o violación, sin contemplar tipos penales específicos para el abuso digital.

En respuesta a esta realidad, la nueva normativa introduce cinco delitos inéditos. Estos incluyen la producción de material de abuso sexual infantil, sancionada con penas que oscilan entre 15 y 20 años de prisión, así como el contacto con fines sexuales en entornos digitales, la comercialización de dicho material, su distribución y su almacenamiento. La severidad de las penas busca enviar un mensaje contundente: el país no tolerará que los agresores se amparen en el anonimato de una pantalla para perpetrar daños contra los menores.

Para la investigación efectiva de estos delitos, el Ministerio Público ha fortalecido sus capacidades. Se ha creado una unidad especializada dentro de la Fiscalía Superior en razón de género, equipada con tecnología avanzada producto de donaciones de cooperantes internacionales. Este equipo opera integrado al ecosistema Roma del Ministerio Público y colabora activamente con organismos internacionales como Interpol Francia, permitiendo rastrear contenidos sexuales en dispositivos electrónicos de manera eficiente y respetando la privacidad. Gracias a estas herramientas y al trabajo investigativo, se han logrado ya 26 sentencias condenatorias, con penas de entre 20 y 30 años de prisión.

La relevancia del entorno digital en esta legislación es fundamental. Actualmente, niños, niñas y adolescentes dedican una parte considerable de su tiempo a redes sociales, plataformas de mensajería y juegos en línea. Esto significa que el agresor ya no requiere proximidad física con la víctima; un simple dispositivo electrónico es suficiente para acceder a ellos. Por ello, esta ley se considera histórica, al reconocer por primera vez la violencia sexual en entornos digitales y establecer un marco legal específico para combatirla.

Paralelamente a la aplicación de la ley, se ha puesto un énfasis primordial en la prevención y socialización. Se ha instruido a los fiscales departamentales para que realicen campañas informativas en colegios, mercados, gremios, ferias y medios de comunicación, dirigidas a padres, maestros y estudiantes. El objetivo es concienciar sobre los riesgos asociados a los juegos en línea y las redes sociales. Estas campañas se extenderán a eventos masivos como la Feria Expocruz y a radios comunitarias, buscando una difusión amplia a nivel nacional.

El principal desafío a futuro radica en la capacitación digital de la policía y los investigadores, asegurando que dominen adecuadamente los equipos y protocolos internacionales. Asimismo, es crucial expandir la cooperación con organismos que proveen tecnología y recursos. La aspiración última es que la ley funcione como un mecanismo preventivo, idealmente evitando la necesidad de su aplicación. No obstante, se garantiza que, de surgir agresores, los nuevos tipos penales serán aplicados con la máxima firmeza.

Esta normativa representa un hito trascendental para la protección de la niñez en Bolivia. Constituye un compromiso ineludible para fiscales, jueces y policías de actuar con celeridad contra quienes utilicen el ámbito digital para abusar de los menores. Al mismo tiempo, convoca a toda la sociedad a ejercer la prevención, a mantenerse vigilante y a salvaguardar a los niños en este nuevo espacio de riesgo: el mundo digital

El líder del Frente Revolucionario de Izquierda, Edgar Guzmán, ha expresado su profunda preocupación ante la propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados, comúnmente conocidos como autos chutos. Según Guzmán, esta medida, planteada por el candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, equivaldría a una legitimación de actividades ilícitas como el contrabando, un problema que ya ha adquirido dimensiones internacionales.

Adicionalmente, el dirigente de izquierda cuestionó otro anuncio proveniente de sus oponentes políticos: la eventual desaparición de la Aduana Nacional. Para Guzmán, esta idea representa una amenaza directa a la estabilidad institucional del país, anticipando una crisis. En lugar de considerar el desmantelamiento de entidades clave, argumenta que es imperativo fortalecer y respaldar instituciones como la Aduana. Subrayó que, tras un periodo en el que la institucionalidad nacional fue severamente afectada, es crucial apoyar las estructuras estatales existentes. Anunciar el cierre de instituciones solo augura una profundización de las crisis que el Estado podría no estar en capacidad de soportar.

Respecto a las acusaciones de estar inmersos en una campaña de desprestigio, Guzmán Jaúregui fue enfático en negar tales afirmaciones. Explicó que su alianza, que respalda la candidatura de Jorge Tuto Quiroga, simplemente se limita a analizar y repercutir las declaraciones públicas de los líderes del Partido Demócrata Cristiano. Como ejemplo, mencionó el caso de Edman Lara, quien inicialmente anunció una Renta Dignidad de 2.000 bolivianos, para luego rectificar y reducir la cifra a 500 bolivianos, indicando que el monto mayor sería para un futuro incierto.

Guzmán aseguró que su candidato, Tuto Quiroga, está dispuesto a asistir a cualquier llamado del Órgano Electoral para firmar un acuerdo que promueva una campaña limpia y libre de ataques. Destacó esta iniciativa como fundamental para frenar la desinformación. El dirigente concluyó enfatizando que el país ha atravesado dos décadas marcadas por la corrupción y la falta de transparencia. Bolivia, a su juicio, requiere de propuestas serias, coherentes y maduras, que eviten la inestabilidad política. La reconstrucción nacional demandará políticas económicas y sociales claras, así como una considerable fortaleza para llevar a cabo esta tarea monumental

La economía nacional se encuentra en un punto de inflexión que demanda un cambio estructural hacia un modelo productivo, según la visión de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Desde esta institución se plantea la urgencia de abandonar el esquema actual, que ha demostrado ser insostenible y ha provocado un deterioro significativo en las cadenas productivas del país.

Un ejemplo elocuente de esta dinámica se observó recientemente con las políticas de exportación de carne bovina. Las restricciones impuestas a la salida de este producto, particularmente desde la región oriental, generaron una pérdida estimada de sesenta millones de dólares en un lapso de cien días. Sin embargo, la posterior flexibilización de estas medidas transformó el panorama: las exportaciones experimentaron un repunte, se incrementó el flujo de divisas y, paradójicamente, el precio de la carne para el consumo interno comenzó a descender. Este caso ilustra la necesidad de fomentar la producción en volumen, lo cual requiere acceso a mercados, precios justos y un marco de condiciones gubernamentales que estimulen al sector productivo.

El sector agropecuario ha mantenido una agenda de desarrollo postergada por casi dos décadas. Esta agenda comprende una serie de iniciativas puntuales y pragmáticas, bien conocidas por las autoridades y los nuevos representantes legislativos. Entre los pilares fundamentales se destaca la restitución de la certidumbre jurídica, considerada imperativa para reactivar la inversión en todos los sectores y, con ello, propiciar el progreso general.

Otro aspecto crucial es la adopción de la biotecnología. Mientras el mundo avanza en innovaciones que optimizan la producción, la negativa a incorporar estos avances en Bolivia coloca al país en una desventaja competitiva. Se subraya que la generación de divisas y las exportaciones son vitales, por lo que tanto las exportaciones como las importaciones deben ser irrestrictas para permitir la competencia con la producción internacional.

Asimismo, se aborda la situación de la pequeña propiedad. La vasta mayoría de los productores nacionales, aproximadamente un ochenta por ciento, son pequeños agricultores que requieren la titulación de sus tierras para acceder a financiamiento, permitiéndoles utilizar su propiedad como garantía si así lo deciden.

Con la implementación de estos pocos, pero significativos, ajustes, el sector agropecuario, agroindustrial y agroturístico tiene la capacidad de ofrecer una contribución sustancial al país. Se asegura que existe el potencial y la agilidad necesarios para ayudar a Bolivia a superar su actual crisis económica.

Es fundamental priorizar todos los rubros que puedan generar excedentes exportables. Si en regiones como Tarija se producen arándanos, ajo o vino, estos deben ser impulsados hacia el mercado global. Se enfatiza que el mundo demanda alimentos y Bolivia, ubicada estratégicamente en el cinturón tropical, está llamada a ser un proveedor clave. Se subraya el rol estratégico de Sudamérica como el granero del planeta, un concepto que debe ser plenamente comprendido para explotar la diversidad agropecuaria de todo el territorio nacional.

La propuesta central es la implementación de un nuevo modelo económico basado en la producción agropecuaria, agroindustrial y agroturística. Estos sectores tienen un alto potencial para generar empleo, impulsar las exportaciones y dinamizar la economía. Se hace un llamado a un sinceramiento económico por parte de los nuevos líderes, para que comprendan la necesidad de trascender el actual modelo subvencionista. Este enfoque, aplicado durante casi dos décadas, ha demostrado ser insostenible, manifestándose en escasez de combustibles, falta de divisas, inseguridad y un deterioro generalizado de las cadenas productivas

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha delineado su posición de cara a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, afirmando que no promoverá el voto nulo ni ofrecerá su respaldo a ninguno de los dos contendientes por la Presidencia, Rodrigo Paz y el también exmandatario Jorge Tuto Quiroga.

Esta declaración marca un cambio respecto a la primera ronda de comicios, celebrada el 17 de agosto, donde Morales (quien gobernó de 2006 a 2019) había impulsado activamente el voto nulo. En aquella ocasión, el exjefe de Estado no pudo participar como candidato debido a la ausencia de un partido político propio y a una resolución constitucional que impedía su reelección. Su argumento entonces era que ninguno de los aspirantes representaba verdaderamente al pueblo boliviano.

Durante la campaña de la primera vuelta, Morales y sus seguidores realizaron esfuerzos significativos en todo el país para fomentar el voto nulo. Sin embargo, el político no pudo desplazarse fuera de su área de influencia, ya que pesa sobre él una orden de captura por un caso de trata agravada de personas, relacionado con la supuesta paternidad de un hijo con una menor de edad durante su mandato presidencial. Actualmente, se encuentra resguardado por cientos de sus simpatizantes, quienes buscan evitar su detención.

El exmandatario ha desmentido categóricamente cualquier rumor de acercamiento o acuerdo con las formaciones políticas que apoyan a Paz Pereira y Tuto Quiroga. Indicó que, lamentablemente, algunos estaban usando su nombre de forma indebida, y enfatizó: Es falso, totalmente falso, quiero negarlo. Tenemos principios, tenemos valores, no vamos a estar acordando con la derecha.

En la primera vuelta, el voto nulo alcanzó un 19,78 % del total. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se impuso con el 32,06 % de los sufragios, mientras que Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, obtuvo el 26,70 %. La legislación electoral boliviana estipula que, si ningún candidato logra más del 50 % de los votos más uno, o al menos el 40 % con una ventaja de diez puntos sobre su rival más cercano, se debe realizar una segunda vuelta. Esta será la primera vez en la historia democrática del país andino que se celebra un balotaje presidencial.

Previamente, Morales intentó postularse como candidato presidencial a través de un partido ajeno, tras haber perdido el liderazgo histórico de casi tres décadas del Movimiento al Socialismo (MAS). No obstante, el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), con el que pretendía participar, fue descalificado y perdió su personería jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El MAS, por su parte, obtuvo un modesto 3,17 % de los votos en estas elecciones, salvándose por poco de la desaparición como agrupación política, ya que la normativa del TSE establece que un partido debe perder su personería jurídica si no alcanza al menos el 3 % de los sufragios. Este resultado marca el fin de casi veinte años de gobiernos del MAS, en un contexto de profunda división interna y el notorio distanciamiento entre Morales y el actual presidente Luis Arce desde finales de 2021