La Cámara Alta del parlamento ha dado luz verde a una serie de ascensos dentro de la jerarquía policial, ratificando la propuesta elevada por el Órgano Ejecutivo a inicios de año. Este proceso marca un hito significativo, ya que por primera vez, coroneles que ejercían como comandantes departamentales han sido promovidos al grado de General Primero.

El procedimiento legislativo culminó con la aprobación del Proyecto de Resolución Camaral N° 15/2024-2025, el cual valida las promociones tanto para General Primero como para General Mayor de la institución policial. Las deliberaciones se extendieron durante dos días en el hemiciclo, finalizando con la ratificación de las listas el miércoles. Conforme al reglamento interno del cuerpo legislativo, estas sesiones relativas a ascensos se desarrollan a puerta cerrada, manteniendo la confidencialidad de los detalles discutidos. La comisión parlamentaria encargada de asuntos de defensa, a pesar de las habituales diferencias políticas, recomendó la aprobación de los informes pertinentes en esta ocasión.

Entre los oficiales que ascienden de coronel a General Primero, se encuentran: Gunther Luis Agudo Mendoza, Helsner Gonzalo Torrico Valdez, José Luis Arancibia Morales, Mirko Antonio Sokol Saravia, Edson Antonio Claure Mora, Ángel Morales Calzadilla, Rolando Raúl Rojas Daza, Lionel David Valenzuela Peláez, Oscar David Ruiz Arana, Walter Sossa Rivera, Freddy Bismarck Pereira Molina y Juan Román Peña Rojas.

Asimismo, se confirmaron los ascensos de General Primero a General Mayor para los siguientes oficiales: Edgar José Cortez Albornoz, Jhonny Omar Chávez Bascopé, Ismael Tito Villca Vargas, Jorge René Ríos Iturri y José Gregorio Illanes Rivero.

Finalmente, los altos mandos Augusto Juan Russo Sandoval, Guillermo Teddy Chacón y Leonel Jiménez Velasco han sido promovidos al grado de General Superior

La Cámara de Diputados ha dado luz verde, en las primeras horas de este viernes, a una iniciativa legislativa que establece la suspensión temporal de embargos y la ejecución de sentencias relacionadas con créditos de vivienda de interés social. Esta medida, aprobada en un contexto de desafíos económicos nacionales, busca ofrecer un respiro a los prestatarios.

La normativa aprobada también contempla el aplazamiento de los pagos de créditos destinados a viviendas de interés social, así como aquellos otorgados a unidades económicas de tamaño micro y pequeño. Tras su aprobación en sus etapas generales y particulares en la Cámara Baja, el texto ha sido remitido a la Cámara de Senadores para su correspondiente análisis y tratamiento.

La legislación, denominada Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias en Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos para Vivienda de Interés Social y Créditos a Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña, detalla sus alcances en sus disposiciones.

Una de las cláusulas fundamentales de la nueva ley estipula que, para aquellos prestatarios que enfrentan acciones judiciales por el cobro de obligaciones derivadas de créditos de vivienda de interés social concedidos por entidades financieras, se establece una moratoria de seis meses. Este periodo, que comenzará a regir desde la fecha de publicación de la ley, paralizará en todo el territorio nacional las órdenes judiciales de embargo, la ejecución de sentencias, los remates, los desapoderamientos y cualquier otra medida judicial que pudiera afectar los bienes dados en garantía o de propiedad de los demandados.

Adicionalmente, la propuesta legislativa obliga a las entidades de intermediación financiera y a las empresas de arrendamiento financiero que operan en el país a diferir automáticamente, por un lapso de seis meses a partir de la publicación de la ley, el pago de las cuotas de los créditos. Esta disposición aplica tanto a los préstamos para vivienda de interés social como a los créditos de las unidades económicas de tamaño micro y pequeño, abarcando el capital, los intereses, los seguros, las comisiones y otros cargos asociados.

En relación con esta medida, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de un comunicado emitido el 8 de septiembre, aseguró que la propuesta normativa no compromete la estabilidad ni la solidez del sistema financiero. La institución aclaró que la ley no implica una condonación de deudas ni una intervención en los acuerdos contractuales existentes entre los prestatarios y las instituciones financieras

El informe definitivo de la comisión legislativa que investigó supuestas irregularidades en el suministro de combustibles por parte de Botrading, subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recibió la aprobación de la Cámara de Diputados en la madrugada de este viernes. Esta decisión se produce en un momento en que el país continúa enfrentando la escasez de carburantes, manifestada en extensas filas en las estaciones de servicio, especialmente para la adquisición de diésel.

La resolución camaral, que valida las conclusiones de la comisión especial, fue ratificada por el presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra, quien instruyó que el documento sea remitido a las instancias pertinentes para su seguimiento.

Entre las recomendaciones principales del informe, se propone enviar los antecedentes del caso a la Contraloría General del Estado. Esta entidad, en caso de hallar indicios de responsabilidad, deberá trasladar la información al Ministerio Público para la correspondiente investigación. Asimismo, el documento sugiere la realización de auditorías especiales, abarcando aspectos financieros, técnicos, contables y jurídicos, tanto a YPFB Internacional S.A. como a Botrading S.A.

Botrading, una empresa filial de YPFB constituida en Paraguay, ha operado como intermediaria en la importación de combustibles hacia Bolivia. La investigación parlamentaria identificó posibles indicios de una serie de ilícitos, incluyendo presuntos sobreprecios en la compra de combustibles, negociados irregulares, falsedad ideológica, pagos excesivos o efectuados sin respaldo contractual, así como supuestos tratos preferenciales.

El Ministerio Público ya ha iniciado una investigación sobre el caso Botrading. En este contexto, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, compareció ante la Fiscalía de La Paz el pasado 3 de septiembre en calidad de testigo. Un fiscal a cargo de la investigación, también de nombre Omar Yujra, ha informado que más de seis personas están siendo investigadas. Entre los implicados se encuentran un ciudadano paraguayo, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y otros directivos o personal de YPFB Logística y YPFB Refinación

Bolivia se prepara para una segunda vuelta presidencial que definirá al próximo mandatario el 19 de octubre, con Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre como contendientes. Sin embargo, más allá del resultado en las urnas, el desafío inmediato para la nueva administración radica en la compleja configuración de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde la fragmentación anticipa la imperiosa necesidad de forjar alianzas para la gobernabilidad.

Los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) delinean un panorama legislativo sin mayorías absolutas. El Partido Demócrata Cristiano emerge como la fuerza más numerosa en el parlamento, asegurando 16 escaños en el Senado y un total de 49 diputados (17 plurinominales, 30 uninominales y 2 de circunscripción especial), sumando 65 legisladores. Le sigue la Alianza Libre, que también disputa la presidencia, con 12 senadores y 39 diputados (17 plurinominales, 20 uninominales y 2 especiales), alcanzando 51 representantes.

Detrás de estos dos bloques principales, otras fuerzas políticas han logrado representación. La Alianza Unidad consiguió 33 parlamentarios, mientras que la Alianza Popular (AP) obtuvo 8 diputados. APB Súmate sumó 6 representantes, y el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) logró apenas 2 diputados plurinominales, marcando su resultado electoral más bajo desde su creación.

Esta distribución de escaños implica que ninguna formación política o coalición dispone de la mayoría absoluta ni de los dos tercios necesarios para la aprobación de leyes y reformas constitucionales. Para que una ley simple sea aprobada en la Cámara de Diputados, se requieren 66 votos de un total de 130, mientras que para modificar la Constitución se necesitan 87. En la Cámara de Senadores, compuesta por 36 miembros, la mayoría absoluta se sitúa en 19 votos y los dos tercios en 24. Si se considera una sesión de Sala Plena, con 166 legisladores, la mayoría simple demanda 84 votos y los dos tercios, 111.

Ante este escenario, diversos analistas políticos y representantes electos coinciden en que la búsqueda de consensos será ineludible. Se ha sugerido que una alianza natural podría gestarse entre el PDC y Libre, argumentando que esta unión sería la más propicia para la estabilidad del país. Esta perspectiva se fundamenta en tres pilares: la participación de ambos frentes en la segunda vuelta presidencial, su condición de principales fuerzas parlamentarias y la complementariedad regional, con el PDC predominando en La Paz y Libre en Santa Cruz, lo que podría generar un equilibrio territorial y una mejor atención a las demandas nacionales.

Desde el ámbito legislativo, se advierte que el trabajo en la Asamblea será complejo. Algunos parlamentarios electos subrayan la importancia de la madurez política, el respeto y la empatía entre las diferentes bancadas. También se ha planteado la necesidad de una profunda revisión y reestructuración de los reglamentos internos de la ALP, argumentando que existen vacíos y limitaciones que afectan el ejercicio de la fiscalización y el debate legislativo.

A pesar de las complejidades, los representantes electos han manifestado una predisposición al diálogo. Voceros del PDC han señalado la apertura de su bancada para conversar con todas las fuerzas políticas, priorizando los intereses del país por encima de las agendas partidarias. De manera similar, diputados electos por Alianza Libre han reconocido que, si bien pueden surgir diferencias en aspectos como la conformación de la directiva de la ALP o la distribución de comisiones, la obligación de conciliar es imperativa. Argumentan que la mayoría de las propuestas de campaña buscan el bienestar de la población boliviana, lo que debería facilitar el acuerdo y garantizar la gobernabilidad en el parlamento.

En este contexto, la efectividad de la próxima gestión presidencial dependerá en gran medida de la capacidad de las organizaciones con representación parlamentaria para construir puentes y alcanzar acuerdos. Bolivia se encuentra ante la encrucijada de avanzar hacia un gobierno de concertación o, por el contrario, enfrentar un bloqueo legislativo que podría obstaculizar futuras reformas y el desarrollo nacional

La compleja problemática de los vehículos indocumentados, conocidos popularmente como ‘chutos’, ha irrumpido con fuerza en el escenario político boliviano, convirtiéndose en un eje central de la campaña electoral de segunda vuelta. Este fenómeno, que implica la entrada de automóviles robados en Chile o contrabandeados desde zonas francas del país vecino, no solo ha capturado la atención en Bolivia, sino que también ha encendido las alarmas en Chile, que se prepara para sus propias elecciones en noviembre.

Lo que comenzó como una propuesta electoral hace aproximadamente diez días, planteada por el candidato presidencial del PDC, Rodrigo Paz, para nacionalizar estos automóviles con el fin de inyectar recursos a las finanzas públicas, escaló rápidamente hasta provocar un incidente diplomático. La controversia se desató tras las declaraciones de una legisladora chilena, María Luisa Cordero, representante de Renovación Nacional, quien durante un debate en el parlamento chileno sobre el refuerzo de los controles vehiculares, atribuyó a los bolivianos un “problema crónico” de “falta de oxígeno en el cerebro” debido a la altitud del altiplano. Estas afirmaciones, de carácter xenófobo, generaron una ola de indignación en Bolivia.

A pesar de la polémica, la moción en el congreso chileno fue aprobada con una amplia mayoría de 132 votos y remitida al Senado. La iniciativa legislativa busca establecer la inscripción provisoria de vehículos importados a Chile, obligar a los importadores a informar al Registro Civil en un plazo de quince días y disponer la cancelación de matrículas en casos de pérdida total. El objetivo central es mejorar la trazabilidad de los automóviles y frenar el flujo de vehículos robados en Chile hacia el mercado negro de Bolivia y Paraguay.

En el contexto boliviano, Rodrigo Paz desestimó que su propuesta hubiera incentivado el ingreso de más vehículos irregulares, atribuyendo la persistencia del problema a la histórica falta de transparencia del gobierno saliente. El candidato se comprometió, en caso de asumir la presidencia, a regularizar el parque automotor mediante datos públicos y cooperación internacional, criticando la tardía reacción del actual gobierno ante esta situación que se arrastra por décadas.

Por su parte, Jorge Tuto Quiroga enfatizó que Bolivia no debe convertirse en un refugio para vehículos robados ni para actividades ilícitas como el narcotráfico. Defendió una propuesta que obligaría a quienes regularicen sus automóviles a pagar tarifas iguales o superiores a las de los importadores formales, reconociendo que la legalización de unidades irregulares ya se había implementado en administraciones anteriores, incluida la suya.

La Alianza Libre presentó un plan detallado para una “regularización única, estrictamente técnica y con tolerancia cero al delito”. Este esquema contempla una verificación internacional exhaustiva con la colaboración de Interpol y autoridades de Chile, Brasil, Perú y Argentina. El plan excluye y garantiza la restitución de cualquier vehículo robado, limita la regularización a una unidad por persona natural y establece sanciones agravadas para el fraude. Adicionalmente, propone la creación de un Registro Único de Regularización (RUR), la asignación de cupos de combustible subsidiado por placa, un bono de chatarrización para vehículos no aptos y la prohibición de nuevas amnistías por un período de diez años. Las proyecciones de Libre estiman que, en un escenario conservador, se podrían regularizar 50.000 vehículos con una tasa promedio de 6.000 bolivianos, generando una recaudación de 300 millones de bolivianos. En un escenario más optimista, con 120.000 unidades y una tasa promedio de 8.500 bolivianos, la recaudación podría ascender a 1.020 millones de bolivianos. El PDC, en contraste, no ha detallado su propuesta ni los cálculos de recaudación para esta regularización extraordinaria.

El antecedente de la Ley 133 de 2011, que permitió la nacionalización de 97.600 unidades de un total de 128.000 registradas, con cerca de 30.000 excluidas por inconsistencias o reportes de robo, principalmente de Chile y Brasil, sigue siendo un punto de referencia crucial. Este precedente alimenta el debate actual sobre si estas medidas representan un ordenamiento y una recaudación extraordinaria o, por el contrario, un incentivo al contrabando y la criminalidad.

La preocupación por estas ofertas electorales bolivianas ha trascendido la frontera. Autoridades chilenas han manifestado su inquietud, especialmente tras las declaraciones de Rodrigo Paz, quien llegó a sugerir una posible complicidad de Carabineros en el robo de motorizados. Datos del gobierno chileno revelan un aumento significativo en los robos de vehículos en el norte del país, con un incremento del 185,7% entre el 11 y el 17 de agosto en comparación con el mismo período del año anterior, pasando de 7 a 20 denuncias. Entre enero y julio, se registraron 619 casos, un 57,5% más que en el año precedente, concentrándose en las regiones de Arica y Parinacota.

En Bolivia, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando ha reportado el decomiso de 240 vehículos indocumentados en la frontera, la identificación de siete nuevos pasos clandestinos y la incineración de 44 unidades, de las cuales 121 eran camiones.

La promesa de legalizar los vehículos indocumentados ha reconfigurado la agenda electoral, generando un notable movimiento en el mercado informal. En plataformas digitales, proliferan anuncios que ofrecen nacionalización para automóviles fabricados entre 1988 y 2024, con reservas vía mensajería instantánea y la condición explícita de no incluir vehículos robados. Este fenómeno se extiende por más de 70 ferias a lo largo del país, incluyendo localidades como Patacamaya en La Paz, Challapata en Oruro, y varias zonas en Cochabamba (Chimoré, Ivirgarzama, Villa Tunari, Shinahota, Entre Ríos y Bulo Bulo) y los valles cruceños. El intenso debate electoral en Bolivia, en plena campaña por la segunda vuelta, coincide con el período preelectoral en Chile, que se prepara para elegir a su nuevo presidente en noviembre

La decisión de Conmebol de retirar a Santa Cruz como sede de la final única de la Copa Sudamericana 2025 ha generado un profundo malestar en la región, siendo el vicegobernador Mario Aguilera una de las voces más críticas al respecto. El funcionario expresó su lamento por la determinación, señalando que la realización del evento deportivo en la capital cruceña estaba prácticamente asegurada durante su período como gobernador en ejercicio, gracias a la previsión de recursos económicos.

Aguilera calificó la noticia como sumamente perjudicial, destacando el impacto negativo que representa para la imagen del país y, en particular, para Santa Cruz y el Gobierno Departamental, al que atribuyó la responsabilidad por la infraestructura del estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

El vicegobernador recordó que, apenas dos semanas antes de la reciente revocación, mientras aún desempeñaba sus funciones como gobernador, sostuvo una reunión clave. En este encuentro participaron representantes de Arena, la entidad encargada de certificar estadios para Conmebol, junto a directivos de la Federación Boliviana de Fútbol y una delegación de Conmebol. Durante la conversación, se reconoció la existencia de un cronograma ajustado para las obras, pero se ratificó que Santa Cruz poseía la capacidad financiera para garantizar la culminación de los trabajos requeridos y, en consecuencia, la celebración de la final.

Aguilera detalló el esquema presupuestario previsto para las mejoras del estadio, estructurado en tres componentes fundamentales. El primero correspondía a la Unidad de Proyectos Especiales, con una asignación inicial de 44 millones de bolivianos, que posteriormente se ajustó a 49 millones debido a la coyuntura económica y los costos de importación. El segundo pilar era el aporte de Conmebol, cifrado en 2 millones de dólares, equivalentes a casi 14 millones de bolivianos. Aunque estos fondos estaban inicialmente destinados a infraestructura general, fueron reorientados para financiar la instalación de un nuevo sistema de iluminación, cuyo costo ascendía a 2.1 millones de dólares. Finalmente, el tercer componente era un modelo concesionario propuesto por la Gobernación, diseñado no solo para satisfacer los requisitos de Conmebol, sino también para generar ingresos significativos –proyectados en más de 72 millones de bolivianos– que serían reinvertidos en el estadio. Este modelo contemplaba la creación de palcos de hospitalidad, la instalación de pantallas gigantes, sistemas de sonido avanzados, publicidad estática y un patio de comidas.

El vicegobernador afirmó que más de la mitad de estos recursos estaban respaldados por cartas de intención de diversas empresas privadas, aunque lamentó que los contratos correspondientes nunca llegaron a formalizarse. Subrayó que la gestión pública efectiva se basa en el trabajo constante y el compromiso, distanciándose de las confrontaciones o las acusaciones infundadas como método para resolver problemas.

En este contexto, Aguilera hizo un llamado a la actual administración de Luis Fernando Camacho para que retome el modelo concesionario, asegure los fondos necesarios y culmine las obras del estadio Tahuichi. Concluyó enfatizando la relevancia estratégica del recinto deportivo como un motor para el turismo, un escaparate para la proyección de la imagen de Santa Cruz y un elemento clave para fortalecer la identidad y la reconocida hospitalidad del oriente boliviano

En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la integridad del proceso electoral, los principales aspirantes a la presidencia han suscrito un compromiso fundamental. Representantes de las fuerzas políticas, incluyendo a los candidatos Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Tuto Quiroga de Libre, convergieron en un significativo encuentro en Santa Cruz, donde se formalizó este acuerdo. El pacto, atestiguado por vocales del organismo electoral, misiones de observación y delegaciones diplomáticas, establece tres pilares esenciales: el respeto irrestricto a los resultados que emanen de la voluntad popular, una condena enérgica a las campañas de desprestigio y a la desinformación electoral, y la confirmación de su participación en los debates organizados por la autoridad comicial, programados para el 5 de octubre para los aspirantes a la vicepresidencia y el 12 de octubre para los postulantes a la presidencia. Aunque uno de los contendientes no pudo estar presente en la ceremonia, se ha previsto hacerle llegar el documento para su eventual adhesión.

Desde la instancia electoral se ha enfatizado la importancia de que los liderazgos políticos sirvan de ejemplo, promoviendo un ambiente electoral libre de confrontaciones y centrado en la exposición de propuestas. Este compromiso colectivo busca asegurar un proceso transparente y constructivo.

En cuanto a la detección y combate de las campañas difamatorias, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) mantiene una vigilancia constante sobre la propaganda electoral. Ya se han impuesto sanciones a medios de comunicación y partidos políticos, y en el caso de particulares, se aplican multas que pueden ascender hasta veinte salarios mínimos. Sin embargo, se reconoce la complejidad de neutralizar completamente los ‘bots’ y las cuentas falsas en redes sociales, un desafío que incluso naciones con avanzada infraestructura tecnológica no han logrado resolver por completo. La estrategia para enfrentar la manipulación informativa se centra en la difusión de datos veraces y en la exhortación a los líderes para que orienten a sus militantes hacia una política que trascienda el círculo vicioso de la guerra sucia, respondiendo al anhelo ciudadano de un debate más elevado.

Pensando en la mejora continua, los próximos debates electorales se circunscribirán estrictamente a las funciones constitucionales de presidentes y vicepresidentes. Una comisión técnica será la encargada de definir la metodología y los ejes temáticos. Para mantener la fluidez, no se permitirán desmentidos en vivo, aunque los equipos técnicos de los candidatos conocerán los temas con antelación. La labor de verificación y contraste de datos recaerá posteriormente en periodistas y verificadores independientes. Estos encuentros son una iniciativa conjunta del organismo electoral, la Confederación Nacional de Empresarios y la Asociación Nacional de Periodistas, siguiendo el modelo de la primera vuelta.

La institución electoral ha reafirmado su capacidad técnica y financiera para informar a lo largo y ancho del país. Con nueve tribunales electorales distribuidos estratégicamente, se garantiza la capacitación y difusión de información. Sus siete vocales se despliegan en diversos medios para asegurar que la población esté plenamente informada. Se confía en la madurez del pueblo boliviano, al que se considera capaz de discernir entre información fidedigna y campañas de desprestigio.

Respecto al Sistema de Registro de Resultados Preliminares (Sirepre), este demostró una notable fiabilidad en la primera vuelta, con una diferencia inferior al 1% respecto a los cómputos oficiales y una cobertura del 95% de las actas para las 21:00 horas del 17 de agosto. Para la segunda vuelta, se proyecta alcanzar un 97% de cobertura. Los cómputos oficiales son públicos y completamente verificables, lo que desvirtúa cualquier insinuación de fraude electoral en el proceso.

En cuanto a la selección de jurados de mesa, el sorteo se realizará de manera informática y aleatoria el 19 de septiembre. Se prioriza la inclusión de jóvenes por su agilidad en la administración de las mesas, y si bien podría haber casos excepcionales de repetición, se asegura que serán mínimos. La labor de los jurados es fundamental y merece el máximo respeto.

Finalmente, se ha confirmado la autorización de al menos tres encuestas electorales. Se aplicarán sanciones rigurosas a los medios que difundan sondeos apócrifos o de empresas no registradas, manteniendo un equilibrio entre la verificación estricta y el derecho de los medios a informar.

En otro orden de cosas, se ha iniciado el proceso para la cancelación de la personería jurídica de aquellas organizaciones políticas que no alcanzaron el umbral electoral en agosto, específicamente ADN y UCS. Una vez notificadas, estas agrupaciones dispondrán de un plazo de cinco días para presentar sus descargos, tras lo cual la Sala Plena tomará una decisión conforme a la normativa vigente