La Alcaldía de La Paz, en conjunto con los representantes del transporte público, acordaron establecer tarifas diferenciadas para el pasaje escolar. Según lo convenido, el costo será de Bs 2,50 para los minibuses y Bs 1,80 para los micros, buscando aliviar la carga económica que enfrentan las familias en el contexto actual.

Erik Millares, secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, destacó que esta decisión se tomó tras varias reuniones con los transportistas y representa un gesto de apoyo frente a la situación económica del país. Asimismo, hizo un llamado a la población para que respalde esta medida solidaria.

Por su parte, Santos Escalante, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes de La Paz “Chuquiago Marka”, manifestó que los conductores muestran empatía y solidaridad con los usuarios afectados por la crisis.

En cuanto a otros grupos vulnerables, Millares informó que la tarifa preferencial de Bs 1,80 se mantiene para personas con discapacidad y adultos mayores en el transporte masivo, que incluye micros y buses. Además, en el servicio municipal de buses Pumakarati, la tarifa es de Bs 2,50 para pagos en efectivo y Bs 2 para quienes utilicen la tarjeta inteligente.

El funcionario aclaró que en modalidades de transporte como trufis, taxis y servicios exclusivos no se aplican tarifas diferenciadas para estos sectores.

Finalmente, se recordó que el inicio del ciclo escolar 2026 está programado para el lunes 2 de febrero en todo el territorio nacional

La federación Tupac Katari, que representa a las comunidades rurales de las 20 provincias del departamento de La Paz, ha establecido una prohibición clara respecto al uso y entrega de símbolos tradicionales de autoridad originaria a candidatos políticos. Entre estos símbolos se encuentran el poncho, la chalina, el chicote, el sombrero, la chuspa y el bastón de mando, elementos que representan la autoridad legítima dentro de las comunidades campesinas.

Según la normativa interna de esta organización campesina, está terminantemente prohibido que estos distintivos sean otorgados a aspirantes a gobernadores o alcaldes, así como a cualquier autoridad política. La resolución advierte que quienes incumplan esta disposición serán sancionados conforme a las normas y procedimientos propios de la federación. Además, se ha establecido un mecanismo para identificar a las personas que intenten utilizar esta indumentaria para fines políticos, especialmente aquellos vinculados a partidos neoliberales.

Tradicionalmente, en las ceremonias públicas del área rural del altiplano, los candidatos que visitan las comunidades recibían estos símbolos como una forma de reconocimiento y proclamación. En muchos casos, los propios candidatos adquirían la vestimenta y designaban a alguien para que se la colocara en actos masivos. Sin embargo, estos elementos son en realidad el “uniforme” de la autoridad campesina y se entregan exclusivamente a quienes han sido electos dentro de la estructura orgánica de las comunidades para que los porten en reuniones y actividades oficiales.

Con la nueva disposición, se prohíbe no solo la entrega de estos símbolos a candidatos políticos, sino también la participación de dirigentes de la federación en actos protocolarios donde se realice tal entrega o proclamación. Asimismo, se establece que cualquier autoridad originaria que decida postularse a un cargo político debe renunciar a su posición en la estructura orgánica por razones de ética y cumplimiento de las normas internas. De no hacerlo, perderá su condición de autoridad originaria.

Esta medida también involucra a la organización femenina Bartolina Sisa, que agrupa a las mujeres campesinas, a cuyos dirigentes se les exige acatar las mismas disposiciones para garantizar la integridad y respeto de los símbolos ancestrales y la autoridad originaria en el contexto político

Desde la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que apoya la administración del presidente Rodrigo Paz, manifestaron su respaldo al aumento en las tarifas de los pasajes aéreos.

Tras la aprobación en el Senado, con una mayoría de dos tercios, de un proyecto de ley que pretende anular la nueva escala tarifaria establecida para el transporte aéreo, legisladores de la Cámara de Diputados expresaron posturas divididas respecto a esta iniciativa, que ahora será analizada en dicha instancia.

La diputada del PDC, Claudia Bilbao, expresó que apoyan la gestión del presidente Paz y no buscan confrontaciones. Señaló que existen grandes compañías aéreas interesadas en operar en el país, pero que resulta complicado imponer restricciones que impidan incrementos en los precios de los pasajes.

Por otro lado, el diputado Edgar Zegarra, representante de la alianza Libre, se mostró en desacuerdo con el aumento, argumentando que las autoridades ejecutivas no están considerando la situación económica de la población boliviana. Criticó al Gobierno por mantener un discurso contradictorio, al hablar de crisis mientras aplica incrementos en los costos de los pasajes, y afirmó que la administración carece de una dirección clara.

Cabe destacar que el jueves por la tarde, la Cámara de Senadores aprobó en ambas instancias el proyecto de ley que busca dejar sin efecto la resolución emitida por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la cual establecía una nueva escala máxima para las tarifas aéreas. Tras esta aprobación, el proyecto será sometido a discusión en la Cámara de Diputados

En el marco de las investigaciones relacionadas con posibles deficiencias en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz, específicamente en el sector de El Sillar, se llevó a cabo una intervención significativa. Se habían detectado problemas estructurales en más de una docena de puntos críticos a lo largo de esta vía.

Durante la mañana de este viernes, fiscales junto a agentes policiales realizaron un allanamiento en las oficinas de la empresa china Sinohydro, ubicadas en el sur de la ciudad de La Paz. Esta acción forma parte de las pesquisas que buscan esclarecer las irregularidades en la construcción y mantenimiento de la carretera mencionada.

Como parte de este proceso, el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, fue enviado a prisión preventiva. La Fiscalía ha identificado un presunto daño económico que supera los dos millones de dólares, derivado de las fallas detectadas en la obra.

Tras el allanamiento, las oficinas de Sinohydro fueron precintadas, luego de que las autoridades retiraran una considerable cantidad de documentación relevante para la investigación. Además, el representante legal de la empresa fue citado para prestar declaración en relación con el caso.

Estas acciones reflejan el avance en la investigación de las supuestas irregularidades que comprometen la integridad de una vía fundamental para la conectividad del país

Con motivo de las festividades carnavalescas, diversas entidades han puesto en marcha un operativo conjunto en Cochabamba, orientado a mantener la seguridad, el orden público y el adecuado desarrollo del Carnaval de la Concordia.

La coordinación entre la Policía Boliviana, el cuerpo de Bomberos y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es clave para proteger a los asistentes y garantizar un ambiente seguro durante las celebraciones.

Cristian Tarifa, encargado del área de Cultura, destacó que se están ultimando los preparativos y que todos los sectores involucrados ya trabajan en conjunto para ofrecer un Corso memorable para la comunidad

El presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Álvaro Tejerina, informó durante una conferencia de prensa que, tras un análisis realizado en el último mes, se constató que la planta no se encuentra en operación. Según Tejerina, la empresa presenta un perjuicio económico cercano a los 100 millones de dólares.

El ejecutivo destacó que, a través de una auditoría técnica, se detectaron indicios que demuestran que la planta no está funcionando actualmente. Asimismo, cuestionó la inauguración llevada a cabo en febrero del año pasado, calificándola como una acción engañosa.

Los resultados preliminares de la revisión técnica indican un daño económico significativo para el Estado, estimado en alrededor de 100 millones de dólares, lo que refleja la situación crítica que enfrenta la siderúrgica