El trágico asesinato de Rubén López Quinteros, un hombre de 36 años, ha conmocionado a la comunidad del trópico de Cochabamba. López fue víctima de un ataque armado en el que recibió 26 impactos de bala, un hecho que la Policía está investigando bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Este caso ha puesto en evidencia la peligrosidad y la violencia que pueden existir en ciertas zonas, así como la persistencia de los agresores en sus intentos por acabar con la vida de esta persona.

El contexto del crimen se remonta a un antecedente preocupante ocurrido meses atrás. Según las investigaciones preliminares, el grupo de sicarios que finalmente perpetró el asesinato ya había intentado interceptar a López en diciembre del año anterior, en la misma área conocida como Valle Sajta. En esa oportunidad, gracias a circunstancias que aún se están analizando, López logró salvar su vida y escapar del peligro inminente. La persistencia de los agresores indica un plan premeditado y una intención clara de eliminarlo.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), encargada de las pesquisas, ha señalado que los atacantes utilizaron el mismo vehículo en ambos incidentes, lo que refuerza la conexión entre estos hechos y apunta a una acción coordinada por parte del grupo criminal. Este detalle es crucial para entender la dinámica del crimen y para avanzar en las investigaciones que permitan capturar a los responsables.

En aquella primera ocasión, tras ser perseguido por el motorizado sospechoso, López logró refugiarse en un módulo policial cercano y solicitó ayuda inmediata. Esta acción fue determinante para evitar una tragedia en ese momento y demuestra tanto la rapidez con la que actuó como su conocimiento sobre dónde buscar protección. Sin embargo, esta medida no fue suficiente para garantizar su seguridad a largo plazo.

El ataque fatal ocurrido el 2 de febrero representa una escalada significativa en la violencia contra López y pone sobre la mesa preguntas sobre las condiciones de seguridad en esta región. La zona del trópico cochabambino, caracterizada por su geografía particular y sus dinámicas sociales complejas, parece ser escenario recurrente de hechos violentos vinculados a conflictos personales o criminales. Este caso podría reflejar tensiones subyacentes o disputas no resueltas que derivan en episodios tan extremos como este asesinato.

La relevancia de este suceso trasciende lo individual y afecta directamente a la población local, generando preocupación por la seguridad ciudadana y por la capacidad institucional para prevenir ataques similares. La investigación policial no solo busca esclarecer los motivos específicos detrás del homicidio sino también identificar redes o estructuras criminales involucradas, con el fin último de desarticularlas y evitar futuros actos violentos.

En suma, el asesinato de Rubén López Quinteros representa un episodio grave dentro del contexto criminal del trópico cochabambino. Los antecedentes previos al ataque mortal evidencian una persecución prolongada y sistemática contra esta persona, lo que apunta a motivos profundos aún por esclarecer. La labor policial continúa siendo fundamental para aportar respuestas a esta tragedia y para reforzar las medidas destinadas a proteger a los ciudadanos frente a amenazas similares. Este caso subraya además la importancia de mantener vigilados los patrones delictivos locales para anticipar posibles riesgos y actuar con eficacia ante situaciones críticas

En un contexto marcado por crecientes denuncias sobre la calidad del combustible distribuido en el país, los conductores de vehículos comenzaron a manifestar su malestar en las calles, evidenciando la tensión que ha generado esta problemática en el sector del transporte. Estas protestas se producen apenas un día después de que el Gobierno reconociera públicamente deficiencias en la gasolina que se suministra, lo que ha encendido la alarma entre los choferes y usuarios habituales.

Las primeras expresiones de descontento surgieron desde primeras horas de la mañana en la ciudad de Oruro, donde un grupo de conductores decidió concentrarse frente a las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad encargada de la distribución del combustible. La situación escaló cuando estos choferes intentaron ingresar a la planta, acción que fue respondida con el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad para controlar la protesta. Esta medida refleja la gravedad con la que se toman estas manifestaciones y el impacto directo que tienen sobre las operaciones normales del suministro.

Los operadores del servicio urbano en Oruro, quienes representan una parte fundamental del sistema de transporte público local, adoptaron esta forma de presión para exigir respuestas concretas y soluciones inmediatas ante los daños que están sufriendo sus vehículos debido a la calidad cuestionable del combustible. Además, bloquearon vías adyacentes con sus vehículos, lo cual generó un trastorno adicional para el tránsito y evidenció el nivel de frustración entre los conductores. La advertencia clara es que estas protestas no cesarán hasta obtener una solución satisfactoria.

Mientras tanto, en La Paz también se registraron movilizaciones similares, esta vez frente a las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Los choferes allí demandaron compensaciones económicas por los daños causados a sus automotores. Según declaraciones de los líderes gremiales, más de 300 afiliados han reportado afectaciones directas a sus vehículos como consecuencia del uso continuo de esta gasolina problemática. Esta cifra subraya no solo la dimensión del problema sino también su impacto económico sobre quienes dependen diariamente del transporte para su sustento.

Frente a estas denuncias y movilizaciones, YPFB emitió un comunicado oficial para aclarar su posición y detallar las acciones emprendidas desde que tuvo conocimiento del problema. La estatal informó sobre la activación inmediata de un análisis técnico riguroso que abarcó toda la cadena logística del combustible: desde las plantas productoras ubicadas en países vecinos como Chile, Argentina y Paraguay, hasta cada etapa interna dentro del país —recepción, almacenamiento, transporte, refinación y distribución final en surtidores—. Este enfoque integral buscó identificar cualquier anomalía o incumplimiento en las especificaciones técnicas establecidas para garantizar la calidad del producto.

Los resultados confirmaron que tanto la gasolina importada como la producida nacionalmente cumplen estrictamente con las normas técnicas requeridas para ser considerada gasolina base con un índice octánico (RON) entre 78 y 84. Este nivel es adecuado para su mezcla con etanol, proceso mediante el cual se eleva el octanaje final más allá de 85 unidades conforme a lo estipulado por normativa vigente. Sin embargo, se detectaron casos puntuales donde tanques específicos contenían gasolina residual con parámetros técnicos inferiores, producto aparentemente de adquisiciones anteriores al actual abastecimiento. Además, se hallaron concentraciones elevadas de ciertos compuestos como gomas y manganeso en esas muestras aisladas.

Ante esta situación particularizada pero preocupante, YPFB aseguró haber implementado todas las medidas necesarias para controlar y prevenir futuros incidentes relacionados con combustible desestabilizado o adulterado. Garantizó que desde ese momento no debería circular más gasolina con dichas características nocivas en ningún punto del país. Asimismo, enfatizó a la población nacional que puede consumir el combustible disponible con total confianza y sin temor a afectar sus vehículos o sufrir inconvenientes derivados.

No obstante estas garantías oficiales, los choferes continúan manifestando su rechazo categórico hacia lo ocurrido y califican el combustible cuestionado como “basura”, evidenciando una brecha entre las explicaciones técnicas ofrecidas por YPFB y la percepción real en el terreno por parte quienes experimentan directamente los daños mecánicos. La persistencia en las protestas refleja una demanda legítima por mayor transparencia, mejor control y compensaciones justas para quienes han resultado afectados económicamente durante este episodio.

Este conflicto pone sobre relieve no solo problemáticas puntuales relacionadas con el sector hidrocarburífero sino también desafíos estructurales vinculados al abastecimiento eficiente y seguro del combustible vital para el transporte público y privado. La repercusión social es significativa dado que afecta tanto al gremio transportista como al conjunto de usuarios dependientes diariamente del servicio vehicular para sus actividades cotidianas. En consecuencia, mantener un diálogo abierto entre autoridades estatales y representantes gremiales resulta esencial para encontrar soluciones duraderas que garanticen calidad energética adecuada sin comprometer ni generar perjuicios económicos ni sociales adicionales.

En resumen, estas protestas iniciales marcan un punto crítico dentro del debate sobre calidad e integridad en los combustibles suministrados al mercado nacional. La respuesta institucional ha sido rápida pero aún insuficiente para calmar plenamente las inquietudes generadas por los choferes afectados. El desarrollo futuro de este conflicto dependerá en gran medida del cumplimiento efectivo por parte de YPFB respecto a sus compromisos anunciados así como del establecimiento claro de mecanismos compensatorios justos hacia quienes han sufrido pérdidas materiales derivadas del consumo prolongado de gasolina defectuosa o contaminada

La Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC) ha divulgado un informe detallado sobre la actividad sísmica ocurrida durante el mes de enero en Bolivia, revelando un total de 212 movimientos telúricos registrados en todo el territorio nacional. Este reporte, publicado recientemente, ofrece un panorama completo sobre la distribución y características de estos eventos, así como su impacto en las distintas regiones del país.

De acuerdo con los datos recopilados por la RS-OSC, el departamento que experimentó la mayor actividad sísmica fue Potosí, con un total de 148 sismos. Esta cifra representa una concentración significativa del fenómeno en comparación con otras regiones, lo que indica una particular dinámica geológica en esta zona. La alta incidencia de temblores en Potosí puede responder a las condiciones tectónicas específicas que afectan a esta región, conocida por su actividad minera y su ubicación en una zona geológicamente activa.

En contraste, el departamento de Chuquisaca reportó únicamente un movimiento sísmico durante todo el mes. Esta baja frecuencia sugiere que la región presenta una menor actividad tectónica o que los eventos son menos perceptibles o menos frecuentes en comparación con áreas como Potosí. Las diferencias marcadas entre departamentos reflejan la variabilidad geológica y estructural del territorio boliviano.

El informe también detalla las características técnicas de estos sismos, indicando que las profundidades hipocentrales oscilaron entre 1,7 kilómetros y 286,8 kilómetros. Esta amplia gama de profundidades revela que los movimientos telúricos se originaron tanto cerca de la superficie como en zonas más profundas de la corteza terrestre. En cuanto a las magnitudes registradas, fluctuaron entre 1,5 y 3,9 grados en la escala Richter, lo que clasifica a la mayoría de estos eventos dentro del rango de sismos leves a moderados.

Uno de los movimientos más destacados se produjo el 9 de enero a las 18:23:13 hora local. Este sismo alcanzó una magnitud máxima de 3,9 M y tuvo una profundidad hipocentral relativamente superficial de 10,6 kilómetros. El epicentro fue localizado a 40 kilómetros al norte de Salinas de Garci Mendoza, en el departamento de Oruro. Este evento representa uno de los más significativos del mes debido a su magnitud y proximidad a áreas pobladas.

Además del alto número registrado en Potosí y el sismo notable en Oruro, otros departamentos también experimentaron actividad sísmica durante enero. En Cochabamba se registraron 26 movimientos telúricos; La Paz reportó 16; Oruro contabilizó 15 eventos; y Santa Cruz tuvo seis sismos confirmados. Estas cifras reflejan un panorama diversificado donde distintas zonas presentan distintos niveles de actividad sísmica.

La información proporcionada por la Red Sismológica del Observatorio San Calixto es fundamental para entender el comportamiento sísmico en Bolivia y para fortalecer los sistemas de monitoreo y prevención ante posibles riesgos naturales. La detección temprana y el análisis detallado permiten no solo evaluar la peligrosidad potencial sino también informar a las autoridades y a la población sobre las áreas más vulnerables, facilitando estrategias adecuadas para mitigar impactos futuros.

En resumen, el informe mensual sobre sismos evidencia que Bolivia continúa siendo un país con actividad sísmica variable según sus regiones geográficas. La predominancia de eventos en Potosí y otros departamentos clave resalta la necesidad constante de vigilancia científica para garantizar la seguridad pública y promover una cultura preventiva frente a estos fenómenos naturales recurrentes

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) llevó a cabo un operativo exitoso en la ciudad de El Alto, donde logró incautar una importante cantidad de marihuana oculta dentro de encomiendas que pretendían ser enviadas a otros departamentos del país. En total, fueron encontrados 101 paquetes que contenían un peso acumulado de 104 kilos con 360 gramos de esta sustancia, camuflados cuidadosamente en costales de papa y prendas de vestir para evitar su detección.

El hallazgo se produjo en la calle 10 del barrio Villa Dolores, una zona conocida por la circulación constante de mercancías y encomiendas, lo que facilita el intento de camuflar envíos ilícitos entre productos legales. La operación policial se desarrolló en dos acciones separadas pero relacionadas, donde se detectaron dos encomiendas con el mismo remitente. La primera consistía en tres cajas de cartón, mientras que la segunda estaba compuesta por cuatro yutes, todos ellos ocultando la droga destinada a ser transportada hacia los departamentos del Beni y Pando, específicamente con intención de llegar hasta la frontera con Cobija.

Esta incautación representa un duro golpe para las redes de narcotráfico en la región, ya que el valor estimado en el mercado ilegal asciende a aproximadamente 83.600 dólares estadounidenses. El director departamental de la Felcn en La Paz, Daniel Lizarazu, señaló que este tipo de operativos son cruciales para frenar el flujo constante de sustancias ilícitas que intentan ingresar o salir del país mediante vías terrestres y puntos fronterizos.

No es la primera vez que las autoridades detectan envíos fraudulentos utilizando métodos similares para ocultar drogas dentro de productos agrícolas o vestimenta. Esta modalidad se ha convertido en una estrategia recurrente para intentar evadir los controles policiales y aduaneros. Por esta razón, la Felcn mantiene una vigilancia constante y realiza inspecciones minuciosas en puntos estratégicos como el barrio Villa Dolores.

Las investigaciones no concluyen con esta incautación. Las autoridades continúan trabajando para determinar la procedencia exacta del cargamento y su destino final dentro del territorio nacional o más allá. Para ello, están considerando revisar las cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde se interceptaron las encomiendas con el fin de identificar a los responsables directos del envío y desmantelar las redes involucradas.

Este tipo de acciones reafirma el compromiso institucional por combatir el narcotráfico y proteger a la población local frente a los daños sociales y económicos que genera este flagelo. La detección temprana y desarticulación de estas operaciones ilegales son fundamentales para reducir la oferta y circulación de drogas en las comunidades afectadas. Además, sirve como mensaje disuasivo para quienes intentan utilizar medios aparentemente inocuos para transportar sustancias prohibidas bajo el amparo del anonimato.

La incautación también tiene implicaciones importantes para la seguridad pública regional, pues limita los recursos económicos con los que cuentan las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Al afectar directamente sus finanzas, se dificulta su capacidad operativa para expandir sus actividades ilícitas o financiar otras formas de violencia asociadas al tráfico ilegal.

En definitiva, este operativo llevado a cabo por la Felcn no solo representa un logro significativo en materia antidrogas sino también un paso adelante en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la estabilidad social y económica del país. La continuidad en estas acciones es vital para fortalecer los mecanismos preventivos y garantizar un entorno más seguro para todos los ciudadanos

El presidente Rodrigo Paz ha oficializado un cambio significativo en la estructura del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba mediante la emisión del Decreto Supremo 5537. En este documento, se dispone la designación de Humberto Valenzuela Villarroel como nuevo vocal del TED en representación del Órgano Ejecutivo. Esta decisión implica la sustitución de Betzabé Merma Mamani, quien había sido nombrada por el expresidente Luis Arce en junio de 2021 y que ahora deja su cargo para dar paso a la nueva autoridad.

El decreto establece de manera clara y formal que Humberto Valenzuela asumirá sus funciones con todas las formalidades legales requeridas, asegurando que su incorporación al tribunal cumpla con los procedimientos establecidos por la normativa vigente. Este acto administrativo refleja una renovación dentro del órgano electoral departamental, lo cual puede tener repercusiones en el funcionamiento y dirección de los procesos electorales en Cochabamba.

Humberto Valenzuela no es un rostro nuevo dentro del Tribunal Electoral Departamental, ya que anteriormente desempeñó el cargo de vocal y también ejerció como presidente del TED en una gestión previa. Su periodo anterior culminó en diciembre de 2025, lo que indica que cuenta con experiencia y conocimiento profundo sobre el funcionamiento interno de este organismo electoral. Su retorno al tribunal podría aportar continuidad y liderazgo basado en su trayectoria previa.

Este cambio se produce en un contexto donde, apenas unos días antes, la Cámara de Diputados había llevado a cabo una sesión importante para designar a cuatro vocales titulares adicionales para el TED de Cochabamba. Los nuevos integrantes nombrados fueron Daniel Quinteros, Lidia Beramendi, Juana Estela Vargas y Danny Roberto Knaudt, junto con cuatro suplentes cuya identidad no ha sido detallada en esta ocasión. Estas incorporaciones buscan fortalecer el equipo encargado de garantizar procesos electorales transparentes y eficientes en la región.

La renovación en el Tribunal Electoral Departamental refleja un proceso dinámico dentro del sistema electoral local, donde las autoridades buscan conformar equipos capacitados para enfrentar los retos que implica la organización y supervisión electoral. La inclusión de figuras con experiencia como Humberto Valenzuela puede ser interpretada como un intento por equilibrar renovación con conocimiento institucional, asegurando así una gestión más sólida.

Para la población cochabambina, estos cambios representan una actualización en quienes supervisan los procesos electorales a nivel departamental, lo cual es fundamental para mantener la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La correcta designación y desempeño de los vocales del TED es esencial para garantizar elecciones justas y transparentes, aspectos cruciales para el fortalecimiento del sistema democrático local.

En resumen, la designación de Humberto Valenzuela como vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba constituye un movimiento relevante dentro del ámbito político-electoral regional. Su experiencia previa y su reciente nombramiento junto a otros vocales titulares demuestran un esfuerzo institucional por renovar y reforzar la estructura encargada de velar por la integridad electoral en esta importante región del país

Hasta las primeras horas del miércoles 4 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportó un total de 1.698 sustituciones de candidaturas a nivel nacional en el marco del proceso electoral subnacional que se llevará a cabo en 2026. Esta cifra refleja una significativa actividad política y administrativa en la preparación de las elecciones, donde diversos partidos y agrupaciones han realizado cambios en sus listas de candidatos con el fin de ajustar su oferta electoral.

El análisis territorial de estas sustituciones muestra una concentración notable en el departamento de La Paz, que registra 473 casos, evidenciando que esta región es la más dinámica en cuanto a modificaciones dentro del proceso electoral. Le siguen Potosí con 271 sustituciones y Beni con 260, mientras que Chuquisaca reporta 228. Otros departamentos como Tarija (161), Oruro (124), Pando (98), Santa Cruz (70) y Cochabamba (13) completan la distribución nacional, mostrando variaciones significativas que pueden estar vinculadas a factores locales como la organización interna de los partidos o la dinámica política regional.

Frente a este escenario, Ramiro Canedo Chávez, vocal del Tribunal Supremo Electoral, hizo un llamado enfático a las organizaciones políticas, alianzas electorales y a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) para que cumplan con los procedimientos establecidos para la sustitución de candidaturas. Este proceso es fundamental para garantizar que los electores tengan acceso a información actualizada y precisa sobre quiénes serán finalmente los aspirantes a cargos públicos en los distintos niveles: departamental, regional y municipal.

El plazo para realizar estas modificaciones está previsto hasta las 23:59 horas del jueves 5 de febrero de 2026. Canedo advirtió que una vez vencido este término se aplicará estrictamente el corte establecido en el calendario electoral, lo cual impedirá cualquier cambio posterior en las listas de candidatos. Esta medida busca dar certeza y estabilidad al proceso electoral, evitando alteraciones de último momento que podrían generar confusión o desinformación entre la ciudadanía.

Durante una conferencia de prensa realizada en Oruro junto a autoridades del Tribunal Electoral Departamental local, Canedo destacó la importancia del proceso de sustitución como un mecanismo que fortalece la transparencia electoral y asegura que los votantes dispongan de información clara y oportuna sobre quienes contenderán por cargos ejecutivos y legislativos. Este aspecto es especialmente relevante para los comicios subnacionales donde la cercanía entre candidatos y electores exige un conocimiento preciso sobre las opciones disponibles.

En suma, el proceso electoral subnacional se encuentra en una etapa crucial donde las organizaciones políticas deben ajustar sus candidaturas ante los tribunales electorales departamentales para cumplir con los plazos establecidos. El cumplimiento riguroso de estos procedimientos contribuye no solo a la organización eficiente del evento comicial sino también al fortalecimiento democrático al garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con plena información sobre quienes aspiran a representarles en sus respectivos gobiernos locales y regionales

El viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Yamil García, se encuentra en el centro de una polémica que ha trascendido más allá del ámbito administrativo, debido a las amenazas que ha recibido a través de redes sociales. Estas amenazas estarían vinculadas al entorno cercano de Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), quien está siendo investigada en relación con irregularidades detectadas en un proceso de compra y construcción dentro de dicha entidad. A pesar del hostigamiento y la presión, García ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la investigación, señalando que no permitirá que estas acciones obstaculicen el avance en la búsqueda de la verdad y la justicia.

El contexto que rodea estas declaraciones es un caso que involucra presuntas irregularidades en la adquisición de un terreno destinado a la construcción de oficinas para la Aduana Nacional en Tarija. Según ha detallado el viceministro, el precio pagado por el terreno fue considerablemente superior al valor real establecido por un avalúo interno realizado en 2022. Mientras que el avalúo fijaba el valor en 1.4 millones de bolivianos, la entidad terminó desembolsando 2.7 millones, lo que representa un sobreprecio significativo y motivo suficiente para iniciar una investigación exhaustiva sobre posibles actos irregulares o corrupción en el manejo de recursos públicos.

Además del sobreprecio detectado en la compra del terreno, las autoridades también están revisando minuciosamente toda la documentación relacionada con los contratos para la construcción de las oficinas. En este proceso se han identificado modificaciones contractuales cuestionables, como cambios en especificaciones técnicas que aparentemente no justifican incrementos en los costos. Un ejemplo claro es la reducción del espesor del vidrio utilizado en las obras, que pasó de 10 a 6 milímetros, mientras paralelamente se autorizaban aumentos económicos a favor de la empresa constructora contratada. Estas alteraciones generan sospechas sobre posibles maniobras para inflar costos y desviar recursos públicos.

Frente a estas investigaciones y las amenazas recibidas, García ha sido enfático al aclarar que el foco está exclusivamente puesto en la administración pública y no en aspectos personales o privados relacionados con Karina Serrudo. Resalta que lo que se está indagando son hechos vinculados a contrataciones públicas y manejo financiero dentro de una institución estatal, cuyo correcto funcionamiento es crucial para garantizar transparencia y buen uso de los fondos públicos destinados a beneficio colectivo. Esta distinción es fundamental para evitar malentendidos o intentos de desviar la atención hacia cuestiones personales sin relevancia para el caso.

La situación pone en evidencia no solo las dificultades que enfrentan los funcionarios encargados del control y supervisión cuando tratan temas delicados relacionados con corrupción o mala gestión pública, sino también los riesgos personales asociados a su labor. La denuncia por parte del viceministro sobre amenazas explícitas pone sobre la mesa una problemática recurrente: la protección insuficiente para quienes investigan actos ilícitos dentro del aparato estatal frente a grupos o individuos con intereses creados que buscan impedir dichas pesquisas.

Este episodio tiene una importancia significativa para toda la población boliviana ya que pone bajo escrutinio cómo se están manejando recursos públicos esenciales destinados a instituciones clave como la Aduana Nacional. La transparencia y rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer las instituciones y garantizar un desarrollo equitativo basado en normas claras y justas. Por ello, mantener abiertas estas investigaciones contribuye directamente a preservar el interés público y evitar prácticas corruptas que afectan negativamente tanto al Estado como a sus ciudadanos.

En definitiva, el compromiso manifestado por Yamil García representa un llamado claro a continuar con esfuerzos decididos contra cualquier forma de corrupción o irregularidad administrativa. A pesar de las presiones externas e intentos por frenar estas indagaciones mediante amenazas o intimidaciones, se sostiene una postura firme orientada a esclarecer los hechos e imponer las responsabilidades correspondientes. Este tipo de acciones refuerzan el papel fundamental del Estado como garante del orden legal y promotor activo de una gestión pública transparente y eficiente al servicio del bienestar común