La Asamblea Departamental enfrenta una profunda crisis financiera y administrativa que ha dejado paralizadas sus actividades, debido a la falta de recursos y al retraso en el pago de salarios a sus legisladores, funcionarios y personal policial. Según el asambleísta José Yucra Paredes, representante del Movimiento al Socialismo (MAS), esta situación se ha prolongado durante varios meses, generando un clima de incertidumbre y preocupación dentro del órgano legislativo.
El retraso en los pagos es especialmente grave para los policías asignados a la Asamblea, quienes llevan cinco meses sin recibir su salario. Por su parte, los funcionarios administrativos acumulan tres meses de impago y los asambleístas no perciben sus haberes desde hace dos meses. Esta situación contrasta marcadamente con la gobernación departamental, que mantiene al día el pago de su personal, incluyendo a policías y funcionarios, según las declaraciones del legislador.
El asambleísta denunció que la gobernación ha dejado de transferir recursos a la Asamblea desde hace tiempo, lo que ha provocado una acumulación de deudas por servicios básicos como internet, fotocopias y combustible. Incluso se adeudan gastos relacionados con mantenimiento, como la compra de llantas para vehículos oficiales. Esta falta de financiamiento ha llevado a que las operaciones del órgano legislativo se encuentren prácticamente paralizadas.
En un intento por adaptarse a la restricción presupuestaria, la Asamblea ha realizado significativos ajustes en su presupuesto anual. Inicialmente contemplaba un monto de 17.5 millones de bolivianos para funcionar; sin embargo, este fue reducido primero a 14 millones y actualmente se está bajando aún más hasta alcanzar los 9 millones. Estas medidas reflejan un esfuerzo por ajustarse a las condiciones impuestas por la falta de recursos; no obstante, Yucra Paredes señala que este esfuerzo no es correspondido por la gobernación, que mantiene intacto su presupuesto anual cercano a los 54 millones.
Además del desequilibrio financiero entre ambas instituciones, el legislador denunció un trato discriminatorio por parte del gobernador hacia la Asamblea. Mientras la gobernación cuenta con fondos para fortalecer institucionalmente sus áreas e incluso contratar personal eventual, la Asamblea carece incluso para cubrir gastos básicos operativos. Esta disparidad genera tensiones políticas y administrativas entre ambos niveles departamentales.
En el marco de esta confrontación también surge un conflicto legal relacionado con el Decreto 012 emitido por el gobernador. Este decreto pretende crear una empresa intergubernativa bajo el nombre Setar, una acción que según Yucra Paredes invade las competencias exclusivas del órgano legislativo departamental. El asambleísta enfatizó que solo corresponde a la Asamblea crear empresas públicas mediante leyes específicas y que el gobernador únicamente puede emitir decretos reglamentarios para aplicar dichas leyes.
La gobernación ha respondido que mientras no exista una declaración formal de inconstitucionalidad contra el Decreto 012, este seguirá vigente. Esto genera un escenario jurídico complejo donde se enfrentan interpretaciones distintas sobre las facultades legales del gobernador y la Asamblea departamental.
En suma, la crisis financiera en la Asamblea departamental afecta directamente a cientos de trabajadores públicos y pone en riesgo el normal funcionamiento del órgano legislativo. La falta de pago prolongada afecta no solo a los asambleístas sino también al personal policial y administrativo esencial para garantizar seguridad y operatividad dentro del edificio legislativo. La negativa o demora en transferir recursos desde la gobernación profundiza las dificultades institucionales e incrementa las tensiones políticas internas.
Este conflicto expone además un problema estructural sobre la distribución presupuestaria y competencia entre órganos departamentales en Bolivia. La disparidad presupuestaria entre gobernación y Asamblea pone en entredicho el equilibrio necesario para un funcionamiento democrático efectivo. Asimismo, cuestiona el respeto mutuo hacia las atribuciones legales establecidas para cada institución.
La población involucrada directa o indirectamente en este conflicto son tanto los trabajadores públicos afectados como los ciudadanos que dependen del funcionamiento adecuado del órgano legislativo para la elaboración y supervisión de normativas departamentales. La paralización actual limita además la capacidad política para responder a demandas sociales o gestionar proyectos necesarios para el desarrollo regional.
En definitiva, esta situación requiere atención urgente para garantizar el pago justo a los servidores públicos afectados y restablecer el flujo financiero necesario para reactivar las funciones institucionales básicas en beneficio del departamento y sus habitantes. También plantea desafíos legales e institucionales sobre competencias administrativas que deberán resolverse conforme al marco constitucional vigente
