Los productores arroceros han declarado una situación de emergencia debido a la creciente problemática que enfrentan por el ingreso masivo de arroz de contrabando proveniente de Paraguay y Argentina. Esta situación se agrava por la política de “arancel cero” aplicada a las importaciones legales, lo que ha provocado una competencia desigual y pérdidas significativas dentro del sector nacional. La combinación de estos factores ha generado una crisis que pone en riesgo la sustentabilidad económica de los agricultores locales dedicados al cultivo del arroz.
La principal preocupación expresada por los productores radica en la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con los productos importados, tanto legales como ilegales. Según el presidente del sector arrocero, David Pérez, las condiciones actuales del mercado perjudican profundamente a los agricultores nacionales, quienes carecen de ciertos beneficios que sí poseen sus contrapartes extranjeras. Entre estas desventajas se mencionan la falta de acceso a tecnología avanzada, ausencia de seguridad jurídica y otras condiciones favorables que reciben los productores paraguayos y argentinos. Esta disparidad crea un escenario donde el producto nacional queda rezagado frente a mercancías más baratas y abundantes.
El problema se intensifica con el ingreso diario estimado en unos 20 camiones cargados con arroz contrabandeado, lo cual ha saturado el mercado local. Este flujo ilegal no solo afecta el precio del arroz nacional, sino que además pone en duda la trazabilidad y calidad del producto consumido internamente. En algunos casos, el arroz importado ilegalmente es reempacado en bolsas con etiquetado local, lo que dificulta su identificación y permite su venta como si fuera producción nacional. Esta práctica ha sido calificada por los productores como parte de una red mafiosa que opera con plena impunidad, generando un daño directo al sector productivo legítimo.
Ante esta situación crítica, los arroceros han solicitado formalmente al Gobierno una revisión exhaustiva de las políticas vigentes para la importación del arroz. Reclaman una regulación más estricta que permita proteger al productor nacional y evitar que el mercado se inunde con productos extranjeros a precios irrisorios debido a subsidios o costos menores en esos países. La emergencia declarada no solo refleja un problema económico puntual sino también una amenaza estructural para la agricultura local, que podría ver reducida su capacidad productiva ante la falta de rentabilidad.
La relevancia de este conflicto trasciende el ámbito económico particular del sector arrocero porque impacta directamente en la seguridad alimentaria y en el sustento de numerosas familias vinculadas a esta actividad agrícola. La pérdida de competitividad puede derivar en cierre de emprendimientos rurales y desempleo, afectando además a las comunidades dependientes del cultivo y comercialización del arroz. Por ello, resulta fundamental encontrar soluciones efectivas para frenar tanto el contrabando como las distorsiones generadas por políticas arancelarias que no contemplan las realidades locales.
En definitiva, la denuncia realizada por los productores arroceros evidencia un desequilibrio sistémico entre la producción nacional y las importaciones internacionales bajo condiciones desiguales. La llamada a revisar las normativas vigentes busca establecer un marco regulatorio justo que garantice la viabilidad del sector interno frente a presiones externas nocivas. Sin intervenciones adecuadas, el panorama podría agravarse aún más, comprometiendo no solo al cultivo específico sino también a toda una cadena productiva relacionada con este alimento básico para gran parte de la población
