La Asociación de Municipios de Tarija (AMT) ha manifestado un creciente descontento ante la falta de avances en la implementación de la propuesta conocida como 50/50, una iniciativa planteada durante la campaña electoral por el presidente Rodrigo Paz que prometía una redistribución equitativa de los recursos económicos entre el gobierno central y los municipios. Esta propuesta generó inicialmente altas expectativas entre las autoridades locales, quienes vieron en ella una oportunidad para fortalecer la autonomía municipal y mejorar la capacidad de gestión financiera a nivel local. Sin embargo, a más de tres meses desde el inicio del actual gobierno, las expectativas se han ido desvaneciendo debido a las demoras y la falta de concreción en las acciones gubernamentales.
Gabriela Vilca, directora ejecutiva de la AMT, ha señalado que al comienzo del mandato existía un clima optimista respecto a la posibilidad de reconfigurar el esquema de distribución financiera estatal para beneficiar a los municipios. Se esperaba que se estableciera un trabajo técnico riguroso que permitiera avanzar en este sentido, especialmente tras reuniones previas con representantes del Ejecutivo central. En particular, Vilca recordó encuentros mantenidos con la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien en una reunión celebrada en Cochabamba anunció la creación de mesas técnicas con el fin de analizar y promover la implementación del modelo 50/50. No obstante, recientes declaraciones oficiales han sembrado dudas sobre el ritmo y compromiso real con este proceso, al sugerir que su desarrollo podría prolongarse por un tiempo indefinido.
Esta situación ha generado una percepción contradictoria entre los municipios, pues mientras por un lado se anunciaban pasos concretos para avanzar hacia una mayor descentralización financiera, por otro se evidencian señales poco claras e incluso mensajes contradictorios desde el Ejecutivo nacional. Vilca destacó esta contradicción y cuestionó también las expresiones públicas del propio presidente Paz, quien en enero indicó que la redistribución sería tema para abordar al final de su gestión, lo cual contraviene las expectativas iniciales y genera incertidumbre sobre el compromiso real con esta reforma.
El retraso en materializar esta redistribución está comenzando a causar molestia entre los alcaldes del departamento, quienes habían depositado confianza en que una mayor asignación presupuestaria directa contribuiría no solo a atender demandas locales más urgentes sino también a fortalecer el proceso autonómico. La ausencia de avances concretos pone en riesgo la credibilidad del gobierno frente a los gobiernos municipales y limita el potencial desarrollo territorial basado en un manejo más autónomo y eficiente de los recursos.
Ante este panorama, la AMT ha dejado claro que insistirá en mantener abiertas las vías de diálogo con el Ejecutivo nacional para definir una hoja de ruta clara y comprometedora respecto al 50/50. Desde esta organización consideran fundamental avanzar en una redistribución justa que permita reducir las brechas existentes entre el nivel central y los gobiernos municipales. Solo mediante esta estrategia será posible atender adecuadamente las necesidades locales, potenciar proyectos comunitarios y garantizar una gobernabilidad más equilibrada y participativa.
En definitiva, el caso refleja uno de los desafíos actuales en materia fiscal y administrativa dentro del país: cómo lograr una verdadera descentralización que fortalezca a los municipios sin dilaciones ni contradicciones políticas. La experiencia reciente muestra que las promesas electorales sobre distribución equitativa deben ir acompañadas no solo de anuncios sino también de planes técnicos claros y compromisos efectivos para traducirse en resultados palpables para la población local. La presión ejercida por organizaciones como la AMT podría ser clave para impulsar estos cambios necesarios y evitar que las expectativas ciudadanas sigan siendo frustradas por retrasos o falta de voluntad política
