El alcalde de La Paz, Iván Arias, propuso implementar compensaciones económicas dirigidas a los sectores más vulnerables como alternativa al levantamiento de la subvención a los combustibles, medida establecida por el Gobierno nacional mediante el Decreto Supremo 5503. Según Arias, el incremento en las tarifas del transporte público podría afectar considerablemente a las familias, especialmente a aquellas con varios hijos, debido al aumento en el costo diario de los pasajes.
El edil detalló que un incremento de Bs 2,40 a Bs 3 en la tarifa del transporte representa un gasto adicional significativo para quienes utilizan el servicio de manera habitual. Calculó que un aumento de sesenta centavos por cinco viajes diarios se traduce en un gasto extra de tres bolivianos diarios, que en un periodo de diez días suma 30 bolivianos. Por ello, sugirió la creación de mecanismos de transferencia directa y focalizada, dirigidos a madres solteras, personas desempleadas o sin ingresos fijos, así como a hogares en situación de vulnerabilidad, para cubrir este sobrecosto mediante depósitos específicos.
El alcalde cuestionó la falta de un sistema de compensación social por parte del Gobierno, señalando que la eliminación de la subvención debería ir acompañada de la devolución de ese monto de manera focalizada a la población afectada. En caso contrario, Arias consideró que sería más prudente mantener la subvención al transporte público, dado el impacto multiplicador que tiene este sector en la economía diaria de las ciudades.
En respuesta, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó la posibilidad de modificar o negociar el Decreto Supremo 5503, calificando la medida como necesaria para enfrentar la crisis económica actual. Lupo enfatizó que esta decisión no es objeto de negociación ni de capricho, sino la única vía viable para estabilizar la economía y evitar un mayor empobrecimiento.
El ministro también señaló que, según estudios realizados tanto por municipios como por el propio Gobierno, el combustible representa menos del 20% en la estructura de costos del transporte público, por lo que un aumento en las tarifas superior a ese porcentaje sería injustificado. Además, mencionó que el Ejecutivo implementó medidas complementarias para aliviar al sector, como la eliminación de aranceles para repuestos, llantas, neumáticos y baterías.
Finalmente, Lupo cuestionó la efectividad de mantener una subvención sobre un combustible que, en su opinión, no estaba disponible de forma regular en el mercado, señalando que un precio bajo carece de sentido si el producto no permite a los transportistas operar con normalidad durante la semana
