El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó sobre la detección de una red de corrupción vinculada a la adquisición y construcción del edificio de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) en Tarija. Según la denuncia inicial, el Estado habría sufrido un perjuicio económico cercano a los 10 millones de bolivianos debido a sobreprecios en la compra del terreno y en la ejecución de la obra, cuyo costo total ascendió a 27 millones de bolivianos.
La investigación preliminar señala que el terreno fue adquirido a un precio considerablemente mayor al ofertado por otro postor, generando la primera irregularidad durante el proceso de licitación, que se realizó en tres intentos. En la adjudicación final, el contrato se otorgó por un valor de 2.760.000 bolivianos, cuando existía una propuesta por 1.800.000 bolivianos para un terreno similar.
Adicionalmente, se detectaron sobrecostos en la construcción del inmueble. Un análisis comparativo de mercado reveló que el precio por metro cuadrado en la zona debería rondar los 300 dólares, sin embargo, la empresa encargada cobró aproximadamente 1.000 dólares por metro cuadrado, lo que evidencia una diferencia sustancial y un posible acto de conducta antieconómica.
Otra irregularidad destacada es la falta de saneamiento oportuno de los documentos legales del terreno. El contrato estipulaba que el vendedor debía entregar la documentación en un plazo de 25 días, pero esta entrega se retrasó por cerca de dos años, lo que contraviene los términos establecidos y genera dudas sobre la transparencia del proceso.
La denuncia formal fue presentada contra la expresidenta de la Aduana, Karina Serrudo, por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, así como contra dos representantes de las empresas involucradas en la venta y construcción. La Fiscalía aceptó la denuncia y el Viceministerio de Transparencia continúa recibiendo información adicional que podría implicar a otros funcionarios y empresarios con vínculos familiares, extendiendo así el alcance de la investigación.
El caso tiene sus orígenes en un proceso iniciado en 2017 durante la gestión del gerente regional de la Aduana en Tarija, Roberto Castellanos Zenteno. Karina Serrudo asumió la presidencia de la entidad en noviembre de 2020, en un contexto político diferente. Actualmente, se evalúa la participación de miembros de la Unidad Solicitante, la Comisión de Calificación, así como funcionarios legales y de supervisión que debían garantizar la transparencia en la licitación y construcción de las oficinas.
Las autoridades continúan recopilando y sistematizando datos que podrían revelar una red de corrupción familiar entre exejecutivos y empresarios vinculados, lo que permitiría ampliar la investigación en los próximos días para esclarecer completamente los hechos y establecer responsabilidades
