Doce personas enfrentarán un juicio penal tras una denuncia presentada por Petrobras, mientras que una segunda denuncia ha dado inicio a otro proceso que se encuentra en etapa de investigación, según informó el abogado Roger Ibarra.

Ibarra representa a once comunarios acusados de oponerse al ingreso de la petrolera en la zona de Saicán, señalando que estos enfrentan una persecución judicial y actos de intimidación. El abogado cuestionó la falta de consideración de las pruebas presentadas y destacó que no está claro quién autorizó la entrada de Petrobras y YPFB en un área que no cuenta con propietario legal.

A pesar de haber solicitado el sobreseimiento para sus defendidos, el Ministerio Público continuó con las acciones legales, elevando la acusación a doce personas, entre las cuales figura un concejal de Entre Ríos, que cuenta con representación legal propia. En lugar de archivar el caso, la Fiscalía procedió con la acusación formal y el proceso fue remitido a un juzgado, que ordenó un juicio oral abreviado y contradictorio. Este proceso podría concluir con una sentencia condenatoria o con la absolución de los acusados.

Las imputaciones incluyen atentado contra la libertad de trabajo e impedimento y obstaculización de la función pública. Los denunciantes manejan un total de 85 pruebas. En caso de dictarse sentencia, la defensa podrá interponer una apelación restringida y, si el proceso continúa, recurrir al recurso de casación ante la instancia superior de justicia en Sucre.

Según el Código Penal, estos delitos conllevan una pena máxima de hasta dos años de prisión. Aunque no se prevé encarcelamiento para los acusados, de ser hallados culpables podrían enfrentar consecuencias significativas, como antecedentes penales que limitarían sus derechos ciudadanos.

Asimismo, el abogado Ibarra informó que las petroleras presentaron una segunda denuncia contra 17 comunarios, de los cuales él representa a 12. Este nuevo proceso, iniciado el 30 de diciembre, fue inicialmente desestimado por la Fiscalía, pero la objeción presentada por el abogado de las petroleras llevó a que la desestimación fuera revocada y el caso continuara.

Ibarra calificó esta situación como una persecución política y un intento de amedrentamiento hacia quienes defienden la región, señalando que la intención detrás de estos procedimientos es desalentar las vigilias y bloqueos que buscan impedir el ingreso de actividades petroleras en la zona