El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, compareció recientemente ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona en calidad de investigado por un presunto delito de estafa relacionado con una inversión de 91.500 euros. Laporta rechazó cualquier acusación de engaño hacia la denunciante, señalando que se trató de un incumplimiento contractual y admitió que el negocio no tuvo éxito.
Según la defensa, representada por el abogado Jordi Pujante, no existe delito penal en este caso, sino únicamente un desacuerdo contractual. Pujante confía en que la investigación concluya sin mayores consecuencias legales para Laporta. La denuncia también involucra al vicepresidente del club, Rafael Yuste, y a los exdirectivos Xavier Sala i Martín y Joan Oliver, quienes estuvieron vinculados a las empresas Core Store, con sede en España, y CSSB Limited, ubicada en Hong Kong, durante el periodo en que ocurrieron los hechos.
La denuncia detalla que en 2016 la querellante invirtió 50.000 euros en forma de préstamo con un interés del 6 % en Core Store, empresa que tenía como objetivo apoyar el ascenso del Reus Deportivo a Segunda División. Además, la inversora adquirió acciones por un valor de 54.000 euros en CSSB Limited, cuyo proyecto consistía en crear una academia de formación en China inspirada en La Masia del FC Barcelona. Laporta figuraba como administrador solidario de Core Store junto a Joan Oliver, quien fue director general durante la primera presidencia de Laporta en el club y también estuvo vinculado al Reus Deportiu y a CSSB Limited.
De la inversión total de 104.000 euros, la denunciante solo recuperó 12.500 euros tras múltiples reclamaciones motivadas por incumplimientos contractuales reiterados por parte de ambas empresas. La defensa explicó que el proyecto funcionó adecuadamente durante varios años, pero a partir de 2019 y 2020 comenzó a presentar dificultades ajenas a la voluntad de Laporta, lo que impidió el cumplimiento de los acuerdos.
El abogado defensor calificó la querella como plagada de medias verdades y falsedades, señalando que se basa en recortes de prensa con intereses particulares y desvinculó a Laporta de la gestión directa del proyecto. Por su parte, el representante legal de la denunciante rechazó esta versión, afirmando que existen documentos, firmas e ingresos que evidencian la implicación directa de Laporta, y anunció la presentación de un contrato firmado por el presidente del club como prueba.
Laporta negó haber firmado dicho contrato y justificó los impagos de Core Store argumentando que la empresa está bajo investigación fiscal, lo que habría paralizado su actividad. Además, existen otros dos procedimientos abiertos relacionados con inversiones fallidas vinculadas al mismo proyecto, todos ellos promovidos por la acusación particular que solicitará penas de hasta seis años de prisión por estafa agravada en caso de que el caso llegue a juicio
