Después de una semana marcada por la tensión social y la incertidumbre sobre la continuidad de un acuerdo, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5516, con la finalidad de aliviar el malestar generado tras la aprobación del Decreto 5503. Esta nueva normativa mantiene el enfoque central en la estabilización fiscal, la regulación del mercado de combustibles y la corrección de desequilibrios estructurales heredados de administraciones previas.
El Decreto 5516 entró en vigencia tras alcanzar un consenso con la Central Obrera Boliviana (COB), que respaldó su contenido. Según el secretario ejecutivo de esta organización, el acuerdo fue producto de un diálogo inclusivo que involucró a diversos sectores sociales.
Aunque deroga formalmente el decreto anterior, el nuevo marco legal conserva la esencia de la política económica implementada, incorporando además un conjunto ampliado de medidas sociales y redistributivas dirigidas a proteger a los grupos más vulnerables.
El documento parte de un diagnóstico crítico que señala una crisis económica, financiera y social estructural, caracterizada por un desabastecimiento histórico de combustibles, un sistema de subsidios insostenible y un fuerte impacto inflacionario en los costos logísticos y productivos.
En este contexto, el Gobierno reafirma que la estabilización de los precios de los derivados del petróleo es fundamental para recuperar la previsibilidad, reducir el contrabando y garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado.
El decreto establece los precios finales para el consumidor de los principales derivados del petróleo bajo un esquema de estabilización basado en una metodología de ajuste detallada en su reglamento. Así, la Gasolina Premium se fija en Bs 11,00 por litro; el Jet Fuel en Bs 10,74; y la Gasolina de Aviación en Bs 10,57 por litro. En cuanto a los combustibles de mayor demanda, el Diésel Oil alcanza un precio de Bs 9,80 por litro, mientras que la Gasolina Especial se sitúa en Bs 6,96. Otros derivados, como el Gas Oil y el Kerosene, tienen precios de Bs 5,69 y Bs 5,64 por litro, respectivamente. El Gas Licuado de Petróleo (GLP) mantiene su valor en Bs 22,25.
Una diferencia significativa respecto al decreto anterior es el fortalecimiento del componente social. El Gobierno amplió la política redistributiva mediante un paquete de transferencias monetarias directas. Entre las medidas anunciadas destaca el aumento del Bono Juancito Pinto, que a partir de 2026 pasará de Bs 200 a Bs 300 como incentivo para la permanencia escolar. Asimismo, la Renta Dignidad para adultos mayores no jubilados se incrementará en Bs 150, con el objetivo de mitigar el impacto del ajuste de precios en sus ingresos fijos.
Se mantiene el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que consiste en transferencias monetarias temporales dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad. Este programa contempla pagos mensuales de Bs 150, con topes anuales variables según el grupo beneficiario, incluyendo madres receptoras del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y familias con estudiantes del sistema fiscal. El financiamiento del PEPE provendrá del Tesoro General de la Nación y de fuentes externas, con la ejecución a cargo de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, bajo un régimen de contratación directa y control posterior.
Además, se anunció un aumento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300, lo que representa un incremento del 20% en comparación con 2025, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Esta medida busca proteger el poder adquisitivo en un contexto de ajuste de precios relativos.
En cuanto a las reacciones, el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba valoró positivamente el decreto, destacando que se descartó la eliminación de subsidios a los combustibles, una medida que consideraba perjudicial para el país. Asimismo, resaltó que la continuidad de los bonos sociales evitará un impacto mayor en los sectores más vulnerables. Sin embargo, expresó ciertas dudas sobre la sostenibilidad económica de estas decisiones, aunque estas inquietudes fueron mitigadas tras la firma de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que contempla un financiamiento de 4.500 millones de dólares para apoyar la liquidez en municipios, gobernaciones, universidades y proyectos concurrentes y nuevos.
Por su parte, un economista del Centro de Estudios Populi señaló que el nuevo decreto mantiene los pilares fundamentales de la política de estabilización, aunque omite reformas estructurales importantes, especialmente en materia de atracción de inversiones y cambios impositivos. Destacó que quedaron fuera medidas relevantes para mejorar el clima de inversión, como reformas arancelarias, tributarias y vinculadas a la gestión de recursos naturales. Además, cuestionó el aumento del salario mínimo en un 21%, argumentando que, si bien busca compensar la inflación proyectada para 2025, no todos los sectores económicos presentan la misma realidad, y algunos, como la construcción, han experimentado una fuerte contracción
