El conflicto que involucra a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía ha avanzado hacia una fase decisiva, con un proceso judicial en curso en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos. Esta demanda, impulsada por la Defensoría del Pueblo, busca medidas precautorias para proteger esta área protegida frente a las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en la zona. Paralelamente, las comunidades locales exigen una auditoría exhaustiva del Plan de Manejo y de las licencias ambientales que autorizaron la entrada de las empresas petroleras.
El Tribunal Agroambiental se pronunció recientemente sobre la situación, destacando la importancia de tratar estos casos con prioridad debido a la protección del derecho fundamental a un medio ambiente saludable. La presidenta del Tribunal, Roxana Chávez Rodas, enfatizó la necesidad de que la justicia actúe con independencia y transparencia, respetando la Constitución y la legislación vigente, sin presiones externas.
Chávez también resaltó que, aunque el Tribunal Agroambiental nacional no está facultado para emitir un fallo de fondo en esta etapa inicial, la jurisdicción agroambiental debe regirse por los principios de prevención y precaución para evitar daños irreversibles al entorno natural. Además, recordó la vigencia de una resolución que insta a los jueces a actuar de oficio y con rapidez en temas ambientales, priorizando el interés colectivo y la protección de las generaciones futuras por encima de formalismos excesivos.
En paralelo, las comunidades campesinas de Tariquía han manifestado su rechazo a la judicialización de su resistencia y demandan la revisión rigurosa del Plan de Manejo 2015–2025 y de las licencias ambientales otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Estas comunidades denuncian que la autorización para la exploración y explotación hidrocarburífera en la reserva, establecida por un decreto supremo en 2015, ha generado divisiones internas, agresiones y procesos judiciales que consideran persecutorios. Además, denuncian intentos de criminalizar su defensa del territorio, especialmente tras la denuncia penal contra 17 de sus integrantes por parte de empresas petroleras.
El pronunciamiento comunitario subraya varios puntos innegociables, entre ellos el rechazo absoluto a la actividad petrolera en la reserva y sus zonas adyacentes, la negativa a aceptar compensaciones económicas a cambio de permitir dichas actividades, y la afirmación de su autonomía en la lucha, desvinculada de intereses políticos. También condenan la instrumentalización política y la persecución judicial como métodos para silenciar su resistencia.
En el ámbito político, legisladores de la región han expresado su respaldo a los comunarios y han solicitado que se desestimen las acusaciones en su contra. La Brigada Parlamentaria se ha sumado a la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo para esclarecer la situación en Tariquía. Por su parte, autoridades gubernamentales han visitado a los manifestantes para dialogar sobre sus reclamos, reconociendo vulneraciones a la Constitución y proponiendo la realización de un nuevo proceso de consulta previa. Sin embargo, esta intervención ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores que cuestionan la intencionalidad política detrás de dicha presencia.
En el marco de esta compleja situación, el Comité Cívico local tiene previsto realizar un congreso para definir estrategias y acciones en defensa de la reserva, reafirmando la importancia de proteger uno de los ecosistemas más valiosos del sur del país frente a las presiones extractivas
