El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha iniciado un proceso de coordinación con el Órgano Judicial con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de las próximas elecciones subnacionales y proteger el principio de preclusión. Esta colaboración busca extenderse también a las elecciones judiciales complementarias, en las cuales se elegirán magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Este esfuerzo interinstitucional representa el segundo proceso electoral en el que el Órgano Electoral establece reuniones con otras entidades para garantizar la transparencia y legalidad en la administración de los comicios. Además del TSJ, el TSE ha convocado al Ministerio Público y al TCP para fortalecer este trabajo conjunto.

Aunque el TSJ valora positivamente esta coordinación, expertos y exautoridades han expresado reservas. Argumentan que, pese a los compromisos adquiridos, cada juez mantiene autonomía para decidir en función de la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, lo que podría generar situaciones similares a las ocurridas con magistrados que se mantuvieron en sus cargos más allá de sus mandatos constitucionales.

En enero, los presidentes del TSE y del TSJ adelantaron acuerdos preliminares para estas reuniones, destacando la necesidad de evitar que la justicia sea utilizada como herramienta política durante el proceso electoral. El encuentro principal se programó para mediados de mes en Sucre, donde se abordarán no solo las elecciones subnacionales, sino también la organización de las elecciones judiciales complementarias.

El presidente del TSJ subrayó que esta coordinación se realiza bajo un marco de respeto institucional y autonomía, diferenciándose de prácticas anteriores donde existía influencia política directa sobre el Órgano Judicial. Afirmó que las decisiones judiciales deben basarse exclusivamente en la Constitución y las leyes, sin interferencias externas.

Por su parte, el vocal del TSE anunció que la reunión incluirá al TCP y al Ministerio Público, con la finalidad de impedir que se repitan acciones legales que en procesos previos buscaron frenar las elecciones mediante recursos judiciales que contravenían el principio de preclusión.

No obstante, el exmagistrado del TCP Marco Antonio Baldivieso cuestionó la postura de ambos órganos, señalando que no corresponde al TSE ni al TSJ anticipar criterios sobre posibles demandas que pudieran presentarse durante el proceso electoral. Según Baldivieso, esta actitud remite a prácticas del pasado, donde magistrados emitían fallos bajo intereses partidarios, lo que pone en duda la utilidad de estas reuniones para garantizar elecciones imparciales.

Baldivieso enfatizó que la prioridad debe ser que el TSE garantice la participación política conforme a la legislación nacional y a los estándares internacionales. Respecto a la elección judicial, destacó la importancia de que la Asamblea Legislativa, responsable de la preselección de candidatos, actúe con total transparencia para evitar conflictos o impugnaciones que puedan afectar el proceso.

En contraste, el diputado Rafael López, representante de la alianza Libre, valoró positivamente la iniciativa de coordinación entre las instituciones, recordando que esta estrategia fue exitosa en las elecciones generales recientes y consideró que replicarla en las subnacionales contribuirá a la estabilidad y legitimidad del proceso electoral.

Cabe recordar que en el pasado reciente, durante la gestión de magistrados autoprorrogados en el TCP, se promovieron acciones que prolongaron su permanencia en el cargo mediante fallos judiciales, con el respaldo de autoridades del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la actual dirección del TSJ ha declarado el fin de esas prácticas, llamando a los jueces a actuar estrictamente conforme a la Constitución y la ley.

En este contexto, el TSE ha establecido nuevas restricciones para la sustitución de candidaturas por inhabilitación, limitando el plazo para realizar estos cambios hasta principios de febrero. Esta medida busca evitar maniobras que puedan afectar la transparencia electoral, aunque podría generar controversias legales por parte de actores políticos que consideren vulnerados sus derechos.

Frente a posibles impugnaciones, se plantea la interrogante sobre cómo responderán el TCP y el TSJ, en un escenario donde la coordinación institucional busca precisamente evitar que la justicia se convierta en un obstáculo para el desarrollo electoral