Franklin Flores, exgerente de la empresa estatal Emapa, enfrenta al menos seis procesos judiciales relacionados con su gestión en la institución, entre los cuales destaca el caso de la planta piscícola ubicada en la zona de Tiquina, a orillas del lago Titicaca. Según el fiscal Johan Muñoz, el proyecto permanece inconcluso y ya se estima un daño económico significativo para el Estado.
Durante las investigaciones, se constató que aunque existe una construcción física, la planta carece de maquinaria operativa, lo que la convierte en otro caso de infraestructura abandonada que ha generado pérdidas económicas. Actualmente, se revisa el proceso de contratación para establecer con precisión el monto del perjuicio, y se prevé citar a Flores para continuar con las diligencias, sin descartar una imputación formal en su contra.
El gerente actual de Emapa, Sergio Siles, confirmó que la planta piscícola, que contó con una inversión aproximada de 87,7 millones de bolivianos, no fue terminada. Las pesquisas se enfocan en posibles incumplimientos de deberes y conductas antieconómicas, buscando evitar la impunidad en el manejo de recursos públicos.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, señaló que tras la detención de Flores, quien se encontraba prófugo, se identificaron irregularidades graves y presuntos malos manejos financieros que habrían ocasionado un daño económico preliminar cercano a los 260 millones de bolivianos. Las investigaciones, apoyadas en auditorías e informes técnicos, han derivado en acciones legales contra exautoridades, exfuncionarios y particulares vinculados a una red de corrupción dentro de la empresa estatal.
Además del caso de la planta piscícola, Flores está siendo procesado por irregularidades en la planta de papa de El Alto, donde se presume la comisión de delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Por este motivo, cumple detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, junto a otros implicados, incluidos exfuncionarios y familiares.
Flores también enfrenta procesos relacionados con dos casos vinculados a la compra y distribución de harina subvencionada. El primero, conocido como “harina 1”, involucra la presunta reventa de este insumo a precios elevados, con un daño económico estimado en 3,4 millones de bolivianos. Este caso incluye a exfuncionarios de Emapa y a exdirigentes sociales, algunos de los cuales están bajo medidas cautelares ordenadas por la justicia. El segundo caso, denominado “harina 2”, corresponde a una ampliación de la investigación, debido a la magnitud del esquema irregular detectado en la distribución del producto destinado al pan de batalla. En esta causa se indagan delitos como contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes públicos, involucrando a exautoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y exdirectivos de Emapa.
Adicionalmente, Flores enfrenta procesos por enriquecimiento ilícito y nombramientos irregulares, relacionados con la designación de personal sin los requisitos académicos ni experiencia técnica necesarios, afectando áreas estratégicas para el funcionamiento adecuado de las plantas productivas. Recientemente, el exgerente declaró en el penal de San Pedro en relación a estos cargos.
El gerente de Emapa destacó que el Ministerio Público continuará proporcionando información y respaldos para asegurar una investigación transparente y rigurosa. Por su parte, el ministro Justiniano aclaró que estas investigaciones no son las únicas, ya que las auditorías continúan para detectar otras irregularidades cometidas en las últimas dos décadas. El objetivo principal es recuperar la confianza ciudadana en las instituciones estratégicas del Estado, respetando siempre el debido proceso y la independencia del Órgano Judicial
