El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que para las próximas elecciones subnacionales, programadas para marzo, se encuentran habilitados un total de 8.100 candidatos en todo el país. Esta cifra representa una reducción significativa, ya que inicialmente se registraron 34.618 postulantes, de los cuales más de 26.000 fueron inhabilitados por no cumplir con los requisitos establecidos.
Durante una reunión ampliada con los nueve tribunales electorales departamentales, se tomó la decisión de descalificar a casi el 80% de los aspirantes debido a la falta de documentación o incumplimiento de criterios mínimos. Por ejemplo, en Santa Cruz, 1.495 candidatos lograron la habilitación para participar en los comicios.
El TSE aclaró que los candidatos que fueron inhabilitados no podrán corregir sus documentos ni postular a otros cargos o agrupaciones políticas en este proceso electoral. Ávila destacó que muchos de estos aspirantes presentaron únicamente su carnet de identidad, a pesar de que los requisitos fueron comunicados desde el inicio del proceso.
Para garantizar la transparencia y el derecho al voto informado, el Órgano Electoral emitirá una norma que establecerá un plazo límite para que las organizaciones políticas puedan reemplazar a los candidatos inhabilitados. Esta medida busca evitar que las sustituciones se realicen a último momento, ya que algunas agrupaciones intentaban postergar estos cambios hasta 72 horas antes de la votación. La intención es fijar una fecha clara para la presentación de nuevos candidatos, respetando el espacio que dejó el postulante descalificado.
Ávila también señaló que ciertas organizaciones políticas utilizaron la estrategia de presentar candidaturas con documentación incompleta, lo que les permitió reservar el espacio para futuras sustituciones, una práctica que calificó como poco seria y responsable en el contexto democrático.
En cuanto a la situación de las autoridades que buscan la reelección, el presidente del TSE recordó que una sentencia constitucional de 2017 establece que solo los funcionarios no electos por voto popular están obligados a renunciar 90 días antes de las elecciones. En cambio, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y senadores tienen la opción de decidir si renuncian o no, aunque deben abstenerse de realizar campañas durante su horario laboral.
Respecto a la financiación del proceso electoral, Ávila aseguró que el presupuesto está garantizado y que las deudas de procesos anteriores han sido saldadas. Destacó que esta elección será considerablemente más costosa debido a la mayor cantidad de cargos a elegir, aproximadamente 5.000, frente a los 400 candidatos en el proceso anterior.
Finalmente, el presidente del TSE anunció la realización de dos encuentros estratégicos destinados a combatir la guerra sucia y la desinformación durante el proceso electoral, con el objetivo de fortalecer la integridad y la confianza en los comicios
