Nelson Cox, quien en 2020 se desempeñaba como delegado de la Defensoría del Pueblo, habría interferido en la investigación relacionada con un caso de estupro y trata de personas que involucraba al expresidente Evo Morales, según denunció Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi).
De acuerdo con Alcázar, Cox desempeñó un papel crucial durante el operativo en el que se incautó un vehículo conducido por el hermano de Noemí Meneses Chávez, presunta víctima en el proceso contra Morales. En aquel momento, Cox ejercía funciones en Cochabamba, mientras Alcázar dirigía Sepdavi.
El caso salió a la luz en julio de 2020, cuando Noemí y dos de sus hermanos fueron detenidos en Cochabamba. La Policía retuvo la camioneta en la que se desplazaban, un vehículo oficial de la Gobernación de Cochabamba que había sido reportado como desaparecido y que, según denuncias, se utilizaba para fines personales desde 2018. El conductor era hermano de Noemí y chofer de la Gobernación.
Durante el operativo, se confiscó el teléfono móvil de Noemí, donde las autoridades encontraron numerosas fotografías y un historial extenso de comunicaciones con Morales. Entre las imágenes se identificaron también a figuras políticas cercanas al expresidente, como el actual presidente Luis Arce, el exministro Juan Ramón Quintana, el exministro Sacha Llorenti y el exsenador Andrónico Rodríguez, quienes en ese momento estaban en campaña electoral.
Es importante señalar que Morales se encontraba refugiado en Argentina tras renunciar a la presidencia en noviembre de 2019, luego de las protestas por denuncias de fraude electoral.
Alcázar indicó que, tras la detención, Cox acudió a la Policía por solicitud de los familiares de Noemí y realizó acciones que evitaron que los detenidos fueran presentados ante la fiscalía. Un acta firmada por representantes legales, fiscales, autoridades de la Gobernación y por Cox certifica el secuestro del vehículo.
Posteriormente, Alcázar denunció que Cox y la entonces delegada nacional de la Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, emprendieron una campaña para desacreditar a los funcionarios implicados en la investigación del caso de estupro y trata de personas, que fue formalmente denunciado en agosto de 2020.
Consultado sobre estas acusaciones, Cox, quien también fue abogado de Morales tras dejar su cargo, no respondió inicialmente a las llamadas. Posteriormente, mediante un mensaje de texto, afirmó desconocer los detalles y solicitó mayor información, pero no ofreció respuestas adicionales tras recibir los datos.
Además del caso del vehículo, la Fiscalía relacionó a Noemí con una investigación por terrorismo contra Morales, en la que ella declaró como testigo en julio de 2020. En su testimonio, afirmó tener una relación sentimental con el expresidente desde mayo de ese año.
Un informe de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación registró que Noemí realizó 37 viajes entre 2015 y 2020, comenzando a los 14 años, con el propósito de encontrarse con Morales. Tras el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, Alcázar manifestó haber tenido que abandonar el país y declararse perseguido político
