Las pesquisas relacionadas con la incautación de más de 700 kilos de cocaína de alta pureza, ocultos en madera destinada a la exportación desde Santa Cruz hacia España y detectados en el Puerto de Arica, Chile, continúan su curso con una serie de allanamientos, decomisos de bienes inmuebles, maquinaria pesada y dinero en efectivo.
Tras la revelación del decomiso en Chile el 22 de noviembre, las autoridades bolivianas activaron inmediatamente los procedimientos investigativos a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía especializada en sustancias controladas, bajo la coordinación del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Se determinó que el cargamento fue despachado el 25 de octubre desde Santa Cruz por una empresa de transporte, lo que motivó la realización de múltiples operativos para identificar a los responsables y solicitar cooperación internacional.
Durante el fin de semana, se llevaron a cabo al menos siete allanamientos en la región de Santa Cruz, que derivaron en la incautación de cuatro inmuebles. En San Ignacio de Velasco se decomisaron un tinglado utilizado para el acopio de madera, un montacargas, un tractocamión y una pala mecánica. Además, se incautaron 240.000 dólares, documentación relevante, madera con certificación para exportación y otros elementos probatorios.
Las investigaciones apuntan a un ciudadano español como uno de los principales accionistas de la empresa involucrada, quien fue identificado tras establecerse que autorizó el despacho de la madera en octubre. La carga interceptada en el puerto chileno alcanzaba casi 20 toneladas, dentro de las cuales fueron hallados los 700 kilos de clorhidrato de cocaína.
Además del ciudadano extranjero, se identificaron otros implicados en la operación de la empresa exportadora. Entre ellos, fue detenida la responsable de exportaciones, Rocío Esther C. G., quien fue imputada por tráfico de sustancias controladas. El juez cautelar ordenó su detención preventiva por 60 días en el penal de Palmasola. Durante la audiencia, la acusada optó por guardar silencio.
El análisis de las exportaciones realizadas por la empresa desde 2018 reveló un total de 152 envíos de madera a diversos países, incluyendo Estados Unidos, España, Israel, China y Uruguay. La compañía, con sede en Santa Cruz, está legalmente constituida y cuenta con los certificados forestales y permisos administrativos otorgados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
El viceministro de Defensa Social destacó la movilización de las entidades antinarcóticos para esclarecer el caso y rechazó las críticas sobre la transparencia en la lucha contra el narcotráfico. Subrayó que la carga salió del país durante la administración anterior y que la investigación continúa abierta, con la expectativa de revelar nuevas informaciones hasta su completa resolución
