En las primeras horas del lunes, un operativo policial irrumpió en el cantón Chiquiacá, ubicado en el municipio de Entre Ríos, para permitir el ingreso de la empresa Petrobras Bolivia al área donde se planea desarrollar el pozo exploratorio Domo Oso X-3, próximo a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. La acción generó confrontación con comunarios que mantenían un punto de vigilia en Quebrada Las Vacas, quienes se oponen a las actividades extractivas en esta zona protegida.

El despliegue incluyó al menos 13 vehículos y alrededor de 40 agentes policiales que avanzaron hasta el campamento del proyecto, provocando rechazo en varias comunidades y sectores de la ciudad de Tarija, que defienden la conservación de la reserva. Esta área es considerada vital por su riqueza en biodiversidad y por ser una fuente importante de agua en el sur del país.

Defensores ambientales expresaron su descontento ante la decisión gubernamental de utilizar la fuerza pública para romper la resistencia comunal. Señalaron que existían compromisos previos por parte de autoridades para proteger la reserva y evitar la entrada de petroleras, compromisos que, según ellos, no se han respetado.

Tras el operativo, la Fiscalía de Entre Ríos inició un proceso judicial contra 17 comunarios, quienes fueron citados a declarar en un plazo de 24 horas por presuntos delitos de asociación delictuosa, usurpación de derechos y atentados contra la libertad de trabajo. La denuncia fue presentada por el asesor jurídico de Petrobras Bolivia y YPFB, argumentando que las acciones de los comunarios afectaron directamente las actividades petroleras. En caso de no presentarse, los implicados podrían enfrentar órdenes de aprehensión.

Entre los investigados figuran líderes y miembros de las comunidades afectadas, quienes aseguran que la intervención policial y judicial no ha priorizado el diálogo ni la búsqueda de soluciones consensuadas. Además, recuerdan que existe una demanda histórica para que se garantice la redistribución del 45% de las regalías petroleras a la región, un reclamo que aún no ha sido atendido y que consideran fundamental para que la provincia pueda beneficiarse de los recursos generados.

Por su parte, Petrobras Bolivia afirmó que cuenta con todas las autorizaciones legales para llevar adelante el proyecto, incluyendo la licencia ambiental otorgada tras un proceso de consulta pública. La empresa subrayó que el pozo está ubicado fuera del área protegida y que el contrato con YPFB está respaldado por la ley. Además, manifestó que ha recurrido a instancias legales para proteger sus derechos al libre tránsito y al trabajo, y reiteró su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el respeto a los derechos humanos, además de mantener canales de comunicación con las comunidades locales.

La situación ha provocado una reacción inmediata en la sociedad civil, con activistas y organizaciones sociales convocando a una reunión en el Comité Cívico de Tarija para coordinar acciones de apoyo y resistencia pacífica en defensa de la reserva. Autoridades locales han pedido al Gobierno Nacional que se realice la consulta previa establecida por la normativa antes de avanzar con proyectos extractivos, señalando que en Entre Ríos esta consulta no se ha llevado a cabo.

Asimismo, se anunció la organización de un foro informativo que reunirá a comunarios, activistas, representantes gubernamentales y de Petrobras, con el objetivo de transparentar la información sobre el proyecto y buscar acuerdos. Está prevista la participación del ministro de Hidrocarburos en un encuentro programado para mediados de enero, con la intención de abordar las preocupaciones y avanzar hacia soluciones que consideren los intereses de todas las partes involucradas