El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que la salida de la delegación diplomática venezolana del país fue una decisión tomada por el propio Estado venezolano y no por las autoridades locales. El canciller Fernando Aramayo explicó que, tras los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, la misión diplomática optó por retirarse sin que existiera una solicitud o expulsión por parte del gobierno boliviano.
Durante una rueda de prensa, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores enfatizó que los vínculos diplomáticos entre ambos países continúan vigentes y que Bolivia mantiene su representación consular en Venezuela para brindar asistencia a sus ciudadanos residentes. Además, se informó que se contactó a aproximadamente 6.000 bolivianos en ese país, habilitando canales para atender requerimientos, incluyendo posibles retornos.
En cuanto a la comunidad venezolana en Bolivia, el canciller admitió la falta de un registro claro sobre su cantidad y situación migratoria, debido a la ausencia de mecanismos de regularización en administraciones anteriores. Por ello, el gobierno actual iniciará un proceso de análisis para determinar el número de venezolanos, su estatus legal y las condiciones de su permanencia en territorio nacional. En los próximos días se emitirá una comunicación oficial para establecer los procedimientos necesarios para esta identificación.
Asimismo, se anunció que se aplicará la normativa migratoria vigente para evitar que individuos relacionados con el antiguo régimen venezolano hagan un uso indebido de las políticas migratorias bolivianas. Bolivia se sumará a las iniciativas de otros países que buscan implementar medidas similares, siempre respetando el marco legal.
Sobre la normalización total de las relaciones diplomáticas con Venezuela, el canciller indicó que esto dependerá del restablecimiento del orden constitucional y de las garantías democráticas en el país vecino, en concordancia con la voluntad de su pueblo.
Finalmente, el gobierno reafirmó que su postura frente a la situación venezolana se basa en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, con especial atención en la protección de los derechos humanos y en promover una solución que favorezca la reconstrucción institucional y social de Venezuela
