Desde el 2 de enero de 2026, las tarifas del transporte interdepartamental experimentaron un incremento del 40%, medida que ha generado diversas reacciones en la región. Esta modificación, autorizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) bajo el amparo del Decreto Supremo 5503, estará vigente por un periodo de 180 días y busca ajustar los precios a la realidad económica actual del sector.
La responsable de la Unidad de Transporte Terrestre y Férreo, Cinthya López, explicó que el aumento responde a la necesidad de adecuar las tarifas ante el contexto económico y advirtió que se implementarán sanciones para las empresas que ofrezcan pasajes por debajo de la tarifa mínima establecida, reforzando así la supervisión para asegurar el cumplimiento de la normativa.
No obstante, esta decisión ha generado inquietud entre distintos sectores sociales y económicos. Líderes cívicos anunciaron que analizarán el impacto del incremento en una reunión programada con representantes vecinales para evaluar posibles acciones y emitir pronunciamientos oficiales. En este sentido, la Federación de Juntas Vecinales ha mostrado reticencia a brindar declaraciones al respecto.
El sector gremial también manifestó su rechazo a la medida. La concejal y representante de los comerciantes, Adriana Romero, anticipó que la Confederación Nacional de Gremiales, bajo la dirección de Aldo López, convocará movilizaciones a partir de la próxima semana. Romero destacó que el aumento en las tarifas afectará directamente a los comerciantes minoristas, quienes dependen del transporte interdepartamental para abastecerse en ciudades como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Según sus cálculos, el costo del pasaje, que antes oscilaba entre 250 y 260 bolivianos, podría superar los 400 o 500 bolivianos, lo que inevitablemente se reflejará en el incremento de los precios de los productos.
Además, la concejal cuestionó la implementación de tarifas mínimas, señalando que el Decreto Supremo 21060 establece la libre oferta y demanda, por lo que esta medida podría repercutir negativamente en el costo de vida a nivel nacional.
En contraste, representantes del sector transporte defendieron el ajuste tarifario, argumentando que el aumento responde al alza constante en los costos operativos, en particular el combustible. Gabriel Pérez, dirigente del transporte, indicó que el costo para llenar un tanque ha pasado de aproximadamente 1.100 bolivianos a más de 4.000, lo que hace insostenible mantener los precios anteriores sin incurrir en pérdidas. Pérez enfatizó que el precio del combustible es uniforme a nivel nacional e internacional y que el objetivo del sector es cubrir los costos reales para garantizar la continuidad del servicio.
En resumen, la región enfrenta un escenario de debate y análisis en torno a las nuevas tarifas del transporte interdepartamental, con sectores sociales y económicos evaluando las consecuencias y la posibilidad de implementar medidas de protesta en las próximas semanas
