A lo largo del año, el sector salud enfrentó una serie de paros que impactaron de manera significativa en la atención médica pública, generando preocupación y malestar entre miles de pacientes que dependen de estos servicios. En total, las huelgas sumaron casi 90 días, causando demoras en tratamientos y una gran incertidumbre en la población afectada.
Las puertas de los hospitales se convirtieron en escenarios de frustración, donde los pacientes se toparon con avisos que anunciaban nuevas jornadas de paro, lo que agravó la situación para quienes buscaban atención médica oportuna.
Estas protestas fueron impulsadas por trabajadores, profesionales y médicos que reclamaban diversos puntos, incluyendo el pago puntual de salarios, bonos, renovación de contratos y la solución a conflictos laborales, dirigidos a las autoridades municipales, departamentales y nacionales.
La sucesión constante de medidas de presión generó un ambiente de inestabilidad en el sistema de salud. En varias ocasiones, apenas concluía una huelga, otra comenzaba, como ocurrió en la segunda semana de diciembre, cuando distintos grupos convocaron a paros que dejaron sin consulta externa y otros servicios programados durante cuatro días consecutivos.
Para los pacientes, cada día de paro significó no solo perder una cita médica, sino también la necesidad de reiniciar el proceso para obtener atención, lo que implicaba madrugar, hacer largas filas para reprogramar consultas y enfrentar semanas de incertidumbre sobre su tratamiento.
La acumulación de días sin servicios alcanzó 89 hasta mediados de diciembre, con un calendario de protestas que inició con 14 días en enero, seguido por ocho en febrero y dos en marzo. En abril se registraron 11 días de paro, tres en junio y otros 11 en julio. Agosto fue el mes más crítico, con 24 días sin atención, mientras que en septiembre hubo una sola jornada de huelga. Octubre sumó siete días, noviembre cuatro, y en las primeras dos semanas de diciembre se contabilizaron otros cuatro días de interrupciones.
Estas constantes suspensiones afectaron gravemente a la población que depende del sistema público de salud, prolongando la espera y dificultando el acceso a tratamientos necesarios durante todo el año
