Tres antiguos interventores de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S.A., encargada de suministrar agua potable en varios municipios de La Paz, enfrentan una denuncia por la compra irregular de 252 tuberías. Se estima que esta operación generó un perjuicio económico cercano a los 15 millones de bolivianos. La principal irregularidad radica en que las tuberías carecen del revestimiento interior indispensable para su uso en sistemas de distribución de agua a alta presión.
La denuncia fue presentada el 17 de noviembre por Pedro Flores, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de interventor en Epsas. La demanda ha sido admitida y ya se ha tomado declaración informativa a uno de los tres implicados. Los exfuncionarios señalados son Bladimir Iraízos, Jaime Gutiérrez y Alfredo Ayala, acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El caso salió a la luz gracias a una investigación iniciada en 2021 por un consultor en agua y saneamiento. Durante la administración de Iraízos, Epsas firmó un contrato con la empresa peruana La Llave SRL, intermediaria cuestionada en el proceso de licitación. En la gestión siguiente, bajo la dirección de Gutiérrez, funcionarios de Epsas viajaron a China para inspeccionar las tuberías y emitieron informes que confirmaban la falta del revestimiento interno, aunque recomendaron continuar con la compra. Además, Gutiérrez recibió las tuberías en La Paz sin verificar su estado, permitiendo que la empresa peruana cobrara el monto acordado.
Posteriormente, en la gestión de Ayala, no se emprendieron acciones legales para corregir la situación, lo que complicó la responsabilidad de Epsas. La empresa fue demandada por La Llave SRL para exigir el pago, ya que, según el contrato, Epsas no presentó reclamos sobre la calidad del material.
El consultor que descubrió la irregularidad considera que las acusaciones actuales son insuficientes y sospecha que la denuncia presentada por Flores responde solo a formalidades. Sugiere ampliar la investigación para incluir delitos como ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, con el fin de asegurar la reparación del daño económico y proteger a la población afectada.
Asimismo, recomienda que los actuales directivos de Epsas continúen impulsando la denuncia penal, soliciten al fiscal la anotación preventiva de los bienes de los implicados y pidan medidas cautelares para garantizar su presencia en el proceso judicial.
Una auditoría de cumplimiento, realizada tras la denuncia del Viceministerio de Transparencia, concluyó que en la compra no hubo una simple irregularidad administrativa, sino un direccionamiento para favorecer a ciertos funcionarios mediante un sobreprecio. Las tuberías adquiridas, con un espesor de 1,3 centímetros, diámetro de 60 centímetros y longitud de 12 metros, permanecen abandonadas en terrenos de Epsas.
Estos materiales estaban destinados a renovar el sistema de tuberías en una zona afectada por un mega deslizamiento en Callapa y Valle de las Flores, que pone en riesgo el suministro de agua a más de 130 barrios en el sur de La Paz.
Entre los señalados, Iraízos, responsable principal del proceso de licitación y contratación con La Llave SRL, enfrentó una orden de detención preventiva, aunque fue beneficiado con el sobreseimiento en otro caso relacionado. Se denunció que adquirió bienes como acciones en una mina de oro, vehículos e inmuebles a nombre de terceros, por lo que se solicita la anotación preventiva de sus bienes y los de sus familiares hasta tercer grado.
Hasta el momento, ninguno de los implicados ha respondido a los intentos de contacto. De manera extraoficial, se sabe que Gutiérrez ya declaró ante la Fiscalía
