La Fiscalía Departamental de Santa Cruz se encuentra revisando la resolución que ordenó el cierre de una investigación relacionada con la caza ilegal de jaguares en Bolivia, luego de que surgieran denuncias sobre posibles omisiones y deficiencias en el proceso contra una empresa argentina acusada de organizar cacerías clandestinas en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, una de las reservas naturales más extensas del país.
Una resolución fiscal emitida en agosto de este año había rechazado la denuncia y cerrado el caso en primera instancia. Sin embargo, el fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó que, tras constatar la existencia de esta resolución en los sistemas digitales del Ministerio Público, solicitó que se remitan todos los informes relacionados para su revisión exhaustiva y posible reapertura o revocatoria si se detectan irregularidades.
Zeballos aclaró que esta resolución no es definitiva y está abierta a apelaciones u objeciones por parte de los involucrados en el proceso. Indicó que, dentro de los plazos legales, la Fiscalía verificará si se realizaron todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. En caso de encontrar faltas relevantes, la resolución podría ser anulada para continuar con la investigación.
El caso en cuestión involucra a la empresa Caza & Safari, cuyo propietario, el argentino Jorge Néstor Noya, está señalado como uno de los principales operadores de una red internacional dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre. En Argentina, Noya enfrenta procesos judiciales por liderar lo que se considera el mayor caso de caza y tráfico ilegal de animales en ese país.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, Noya habría organizado durante años cacerías de jaguares para clientes extranjeros, principalmente estadounidenses y europeos, en el oriente boliviano, especialmente en el ANMI San Matías. El costo de cazar un jaguar en Bolivia habría alcanzado hasta los 50.000 dólares por trofeo. Cabe destacar que el jaguar es una especie protegida en Bolivia, con una población estimada en poco más de 3.000 individuos, y expertos han solicitado que su estatus pase de vulnerable a en peligro de extinción.
La denuncia penal en Bolivia fue presentada en diciembre de 2024 por activistas y guardaparques, quienes aportaron diversas pruebas, incluyendo fotografías, testimonios y un informe oficial de la Fiscalía argentina que contenía información extraída del teléfono celular de Noya, confirmando su presencia en Bolivia en noviembre de 2023 realizando actividades ilegales de caza. A pesar de ello, en julio de este año el caso desapareció del sistema digital del Ministerio Público sin notificación formal a los denunciantes.
Los representantes legales de los denunciantes han anunciado que continuarán insistiendo en la reactivación del proceso y solicitarán la extradición de Noya. Por otro lado, integrantes de colectivos ambientalistas denunciaron la falta de allanamientos y recursos destinados a la investigación en Bolivia, calificando la caza ilegal como un crimen transnacional que no debe ser cerrado sin una investigación adecuada.
En contraste, la investigación en Argentina ha avanzado significativamente, con allanamientos en varias provincias, embargo de vehículos e inmuebles, incautación de armas y taxidermias, y la causa se tramita en la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal correspondientes. Se señala que Noya habría ingresado a Bolivia de forma irregular, utilizando incluso avionetas sin registro migratorio, por rutas cercanas a zonas controladas por redes de narcotráfico.
El fiscal Zeballos informó que, en caso de comprobarse negligencia o irregularidades en la actuación de los fiscales encargados, se emitirán las advertencias correspondientes y se evaluará la apertura de procesos disciplinarios. Las partes notificadas dispondrán de cinco días para presentar objeciones, y la Fiscalía contará con un plazo legal de diez días para decidir sobre la reapertura o revocatoria de la causa.
Finalmente, Zeballos destacó que el Ministerio Público tiene como objetivo proteger la biodiversidad, el ecosistema y el medio ambiente tanto en la región como a nivel internacional
