La implementación del Decreto Supremo 5503, promulgado por la administración de Rodrigo Paz Pereira, ha generado una notable reacción en el mercado campesino de Tarija, donde se observaron largas filas y compras masivas motivadas por el temor a un aumento inminente en los precios de los alimentos básicos. Esta medida, que elimina la subvención a los combustibles, ha impactado directamente en la percepción de los consumidores sobre el costo de vida.
Desde primeras horas del día, numerosos compradores se concentraron en el principal centro de abastecimiento local para adquirir productos esenciales como arroz, azúcar, fideos, harina y aceite en bidones. La alta demanda y la formación de filas extensas reflejan la preocupación generalizada ante el posible encarecimiento de productos y servicios.
Ante esta situación, algunas tiendas optaron por cerrar temporalmente sus puertas, prefiriendo esperar a que los precios se estabilicen antes de continuar con sus ventas, dada la incertidumbre que genera la nueva normativa.
Desde el ámbito político, una senadora de la alianza Unidad destacó que, aunque la eliminación de la subvención era una medida necesaria, su aplicación sorpresiva provocó inquietud y especulación entre la población, especialmente por el temor a un aumento en las tarifas del transporte público.
En el análisis económico, expertos coinciden en que la decisión del gobierno es acertada para mejorar la sostenibilidad fiscal, aunque advierten sobre los riesgos inflacionarios y la necesidad de evitar una escalada en el tipo de cambio paralelo. Se señala que el gradualismo no ha demostrado ser una estrategia efectiva para este tipo de ajustes, y que mantener la subvención habría limitado el acceso a financiamiento externo debido al elevado déficit fiscal que representa.
Por otro lado, representantes del sector transporte han emitido un ultimátum al Ejecutivo, exigiendo la derogación del decreto en un plazo de 24 horas bajo amenaza de iniciar un paro indefinido. Paralelamente, la Federación Departamental de Juntas Vecinales ha declarado estado de emergencia, lo que incrementa la tensión social en la región y anticipa posibles conflictos derivados de esta medida.
En este contexto, el principal desafío para las autoridades será gestionar tanto el impacto económico como las repercusiones sociales que surgen tras la eliminación de la subvención a los combustibles
