Grover García, actual presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), ha cambiado radicalmente su postura respecto a Luis Arce, con quien fue aliado en la disputa interna contra Evo Morales. Ahora, García sostiene que, si se confirma la implicación del exmandatario en casos de corrupción, este debería enfrentar prisión. En declaraciones recientes, García respaldó la investigación judicial relacionada con el desfalco al Fondo Indígena y afirmó que Luis Arce fue expulsado del MAS un mes antes de concluir su mandato presidencial.
Entre 2022 y 2024, García y Arce formaron un bloque clave dentro del MAS en la contienda por el control del partido contra Evo Morales, situación que terminó fracturando la organización política. Esta división se reflejó en los resultados electorales de 2025, cuando el MAS, que había dominado las elecciones con más del 50% de votos en cuatro ocasiones consecutivas, apenas logró superar el 3%, manteniendo la sigla vigente pero con un apoyo significativamente reducido.
Tras una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que otorgó el control del MAS a la facción liderada por García, este dirigente ha adoptado una postura crítica hacia Arce, a quien acusa de no haber cumplido con sus obligaciones partidarias y de no haber controlado la corrupción en las instituciones públicas. Según García, la expulsión de Arce fue consecuencia de la falta de respuestas a tres solicitudes formales sobre el manejo de aportes al partido.
García destacó que la corrupción ha contribuido al deterioro económico del país, señalando que Bolivia enfrenta actualmente una crisis marcada por debilidades financieras, escasez de combustibles, falta de divisas y el aumento en el costo de la canasta familiar. A pesar de cuestionar la imparcialidad del sistema judicial y denunciar posibles abusos de autoridad en el proceso contra Arce, insistió en que toda persona implicada en actos de corrupción debe ser investigada y sancionada con rigor.
El caso que involucra a Luis Arce está vinculado a supuestos hechos ocurridos entre 2013 y 2015, cuando ejercía como ministro de Economía. La Fiscalía lo acusa de haber transferido más de 100 millones de bolivianos del Fondo Indígena a cuentas personales de dirigentes sociales cercanos al MAS, bajo la justificación de proyectos de desarrollo campesino. Por estos hechos, Arce enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y se le solicitó detención preventiva en un centro de reinserción en Viacha tras su aprehensión en La Paz.
El abogado que presentó la denuncia detalló que los fondos públicos fueron depositados en cuentas privadas de al menos 20 personas, con montos específicos y supuestos proyectos identificados. Entre los beneficiarios se encuentran varios exdirigentes de organizaciones sociales y miembros destacados del MAS, quienes recibieron transferencias millonarias en cuentas personales.
Este proceso judicial representa un punto crítico para el MAS, que atraviesa una crisis interna y una significativa pérdida de apoyo electoral, mientras enfrenta cuestionamientos sobre su gestión y transparencia
