El sector de la construcción enfrenta una creciente crisis debido al aumento constante en el precio de los materiales, especialmente del cemento, que ha superado los 70 bolivianos por bolsa a pesar de la reciente disminución del dólar en el mercado paralelo. Esta situación está generando un impacto económico significativo en las empresas constructoras, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos tanto públicos como privados.
La Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) ha manifestado su preocupación ante esta realidad, calificando el comportamiento del mercado como “asfixiante” e “incoherente”, dado que la mayoría de los contratos vigentes no permiten reajustes de precios. El presidente de Cadeco, Rolando Surriable Vallejos, señaló que el costo del cemento ha aumentado notablemente desde hace seis meses, pasando de 50 a entre 70 y 75 bolivianos por bolsa, dependiendo del proveedor. Este incremento afecta directamente la viabilidad de las obras en curso y desincentiva la ejecución de nuevos proyectos estatales. Advirtió que, de no implementarse medidas correctivas, muchas construcciones podrían paralizarse a principios del próximo año.
Para mitigar esta problemática, Cadeco ha solicitado al Gobierno la emisión de decretos que permitan reajustar los precios de materiales tanto importados como nacionales, así como la aprobación de una norma transitoria que facilite la actualización de costos en obras en desarrollo. Además, proponen la creación de una nueva ley de contrataciones basada en estándares internacionales que proteja a las empresas frente a las fluctuaciones del mercado.
Este llamado es respaldado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), cuyo presidente, Pascual Velásquez, ha denunciado el incremento descontrolado de los insumos de construcción y ha solicitado la actualización de las normativas vigentes para nivelar los costos, petición que no fue atendida en gestiones anteriores. Velásquez destacó que, además del cemento, otros materiales como ladrillos y cerámicos también han experimentado aumentos significativos.
Sumado a estos factores, los controles realizados por el Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor en establecimientos comerciales han detectado sobreprecios injustificados, con diferencias de hasta 15 o 20 bolivianos por bolsa sin respaldo documental. Durante las inspecciones en tiendas de la calle Froilán Tejerina, solo una de las cuatro tiendas inspeccionadas pudo justificar adecuadamente sus precios, lo que evidencia prácticas irregulares en la cadena de distribución.
Por otro lado, la industria cementera nacional enfrenta dificultades estructurales y financieras. Según el CEO de Soboce, Francisco Shwortshik, la empresa ha registrado pérdidas millonarias en los últimos años debido a la escasez de divisas, la compra de dólares a precios elevados, el aumento en los costos del diésel, mayores gastos de distribución y una inflación interna considerable. Además, Bolivia cuenta con una capacidad instalada de producción de cemento que duplica la demanda real, lo que genera una presión constante sobre el mercado y dificulta la sostenibilidad de las compañías del sector. Frente a este escenario, el aumento en los precios ha sido la única alternativa para mantener la operación de la industria.
Aunque la reciente baja del dólar ofrece un alivio parcial, no es suficiente para revertir los desequilibrios acumulados ni para compensar la crisis que atraviesa el sector. Entre los sobrecostos, la falta de acceso a divisas, la especulación en la cadena de distribución y la rigidez de los contratos, las empresas constructoras se ven obligadas a operar con pérdidas y sin condiciones favorables para asumir nuevos proyectos.
El sector demanda respuestas urgentes del Gobierno para evitar que a inicios de 2026 se produzca una paralización masiva de obras, la quiebra de empresas y la pérdida de empleos, lo que podría agravar aún más la situación económica y social vinculada a la construcción
