La Fiscalía ha solicitado que el expresidente y exministro de Economía, Luis Arce Catacora, sea sometido a detención preventiva por tres meses en el centro de reinserción Qalauma, una instalación destinada exclusivamente a adolescentes y jóvenes infractores. Esta petición ha generado una fuerte controversia entre expertos legales, quienes califican la medida como ilegal, inapropiada y un privilegio hacia la exautoridad.
Arce enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el marco del caso Fondo Indígena, uno de los escándalos de corrupción más relevantes en las últimas dos décadas. La Fiscalía fundamenta su pedido en presuntos riesgos de fuga y obstrucción a la investigación, pero la elección del lugar para su detención ha sido duramente cuestionada.
Especialistas en derecho han señalado que la solicitud contradice la normativa vigente, específicamente la Ley 548, que regula los centros para menores de edad. Según esta ley, estos recintos están destinados a personas entre 16 y 21 años, con una extensión excepcional hasta los 25 años, siempre que hayan cometido infracciones tipificadas en leyes especiales. En este sentido, no es legal que un adulto sea recluido en un centro juvenil.
Uno de los abogados consultados enfatizó que la ley protege a los jóvenes debido a que su capacidad de desarrollo no es la misma que la de un adulto, por lo que no es posible alojar a un adulto en un centro diseñado para menores. Además, destacó que el centro Qalauma no está habilitado para recibir a personas investigadas por delitos graves como corrupción.
Asimismo, se ha cuestionado la aparente desigualdad en el trato hacia Arce, en comparación con otros detenidos por casos de alto perfil, quienes han sido recluidos en cárceles para adultos. La petición de la Fiscalía ha sido calificada como un trato preferencial que no se aplica a ciudadanos comunes ni a otras figuras públicas procesadas por delitos similares.
Otro experto legal señaló que la normativa del Código de Procedimiento Penal establece que las detenciones preventivas deben cumplirse en centros penitenciarios para adultos, y que Qalauma no cumple con esta característica. Además, la Ley de Ejecución Penal define claramente los espacios destinados para detenidos preventivos, y Qalauma está reservado para menores infractores, por lo que alojar a un adulto allí resulta ilógico y contrario a la ley.
El mismo jurista criticó la falta de fundamentación en la solicitud de la Fiscalía, que no ha justificado adecuadamente los riesgos que justificarían mantener al exmandatario en un centro diferente a una cárcel común. También resaltó la incoherencia en el trato comparativo con otros casos, donde no se aplicaron medidas similares para proteger la salud y seguridad de otros detenidos.
El centro Qalauma, ubicado en Viacha, fue creado inicialmente para jóvenes entre 16 y 21 años, con capacidad para 150 internos, y ha ampliado su cupo a casi 500 internos, todos ellos bajo el régimen del sistema penal adolescente. Luis Arce, con 62 años, no cumple con los requisitos legales para ser alojado en esta instalación.
Actualmente, Arce se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la espera de que un juez anticorrupción determine la audiencia cautelar. Su defensa ha anunciado que solicitará medidas sustitutivas, mientras que organizaciones sociales y víctimas del Fondo Indígena demandan que el proceso judicial se lleve a cabo con imparcialidad y respeto a la ley
