La detención del expresidente Luis Arce ha generado un fuerte impacto en el ámbito político nacional, donde distintas autoridades y legisladores expresaron su apoyo a la labor del Ministerio Público y a los fiscales que llevan adelante el caso. Sin embargo, diversas voces insisten en que esta acción es solo un primer paso y exigen que la Fiscalía extienda las investigaciones para incluir al expresidente Evo Morales, señalado como el principal responsable del desfalco millonario del Fondo Indígena. Además, piden que se procese a exministros como Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Nemesia Achacollo, así como a dirigentes de organizaciones sociales que habrían recibido fondos públicos de manera irregular.
La captura de Arce se llevó a cabo mediante un operativo sorpresa en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, lo que desató una serie de reacciones en todo el país, mayoritariamente favorables hacia la acción de las autoridades judiciales y policiales.
Desde Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho recordó la figura de Marco Antonio Aramayo, exadministrador del Fondo Indígena, quien falleció tras enfrentar más de 250 procesos penales relacionados con el desfalco de esta entidad. Camacho destacó que esta detención es una señal clara de que la corrupción vinculada al MAS no quedará impune. Señaló que se manejaron más de 100 millones de dólares que fueron desviados a cuentas personales de dirigentes del partido, mientras que proyectos prometidos nunca se concretaron. Además, criticó que Aramayo fuera sometido a un prolongado proceso judicial que terminó con su muerte en prisión.
Por su parte, el exdirector del Fondo Indígena, Rafael Quispe, afirmó que con la detención de Arce “ha caído el primer pez gordo”, y enfatizó que aún falta que se investigue y procese a otros exministros y dirigentes vinculados al caso. Quispe recordó que Arce, durante su gestión como ministro de Economía, autorizó transferencias millonarias a cuentas particulares de exdirigentes afines al MAS, desviando recursos que estaban destinados a los sectores más vulnerables. Según sus declaraciones, se habrían sustraído más de mil millones de bolivianos en total.
La diputada Estibaliz Bravo también manifestó su respaldo a la Fiscalía por la aprehensión de Arce y solicitó que se amplíe la investigación para incluir a Evo Morales y a todos aquellos que se habrían beneficiado con los fondos del Fondo Indígena. En la misma línea, el asambleísta José Manuel Ormachea señaló que Morales es el principal sospechoso y que es imprescindible que se investiguen a los movimientos sociales implicados, así como a quienes habrían acumulado riquezas con recursos públicos.
Un punto que generó debate fue si Arce debería ser juzgado por la Corte Suprema, pero se aclaró que la investigación se enfoca en su etapa como ministro de Economía, cuando autorizó la transferencia irregular de fondos, y no en su periodo como presidente. Por lo tanto, no corresponde que se le aplique juicio de responsabilidades en este caso.
El diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano, respaldó la detención de Arce, señalando que la Fiscalía cumplió con los requisitos legales para proceder: existencia de indicios suficientes, riesgo de fuga y posibilidad de entorpecer la investigación. Asimismo, enfatizó la importancia de brindar un apoyo político sólido al Ministerio Público y a los fiscales encargados, para evitar situaciones similares a las ocurridas en procesos anteriores, en los que fiscales fueron destituidos tras investigar a familiares de autoridades.
Finalmente, la Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que Arce está siendo investigado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en su calidad de exministro de Economía y miembro del directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc). En contraste, la exministra María Nela Prada defendió la inocencia de Arce, argumentando que no existen pruebas suficientes en su contra
