El abogado Eduardo León, reconocido por su participación en la investigación del caso Fondo Indígena, confirmó que el expresidente Luis Arce Catacora se encuentra en calidad de aprehendido. Según el jurista, Arce permanece detenido en celdas judiciales y, tras la elaboración del informe policial correspondiente, será trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para prestar su declaración informativa. Posteriormente, se procederá a su imputación formal ante un juez cautelar.
León explicó que la investigación se centra en la autorización que, en su momento, como ministro de Economía y Finanzas Públicas, Arce otorgó para el desembolso de fondos estatales a cuentas particulares. El abogado enfatizó que esta aprehensión no está vinculada a su condición de expresidente, sino a su actuación específica en el manejo de los recursos del Fondo Indígena. Destacó que la causa está relacionada con el desvío de estos fondos y no con contratos o incumplimientos contractuales, situación que ha llevado a la detención de varias personas implicadas.
Asimismo, León aclaró que la Constitución Política del Estado no otorga fueros ni privilegios a los ministros, por lo que Arce, en su calidad de exministro, puede ser investigado y procesado sin necesidad de un juicio de responsabilidades especial.
En el contexto de esta investigación, la defensa de Lidia Patty, exdirectora del Fondo Indígena, reconoció que su representada recibió recursos en cuentas personales para la ejecución de proyectos en ocho comunidades de La Paz, amparándose en una resolución ministerial que autorizaba dicha modalidad. Patty aseguró haber presentado los descargos correspondientes y negó cualquier apropiación indebida de los fondos. No obstante, la entrega de dinero a cuentas particulares bajo su gestión es uno de los aspectos que se evalúan en el proceso.
León señaló que, desde hace una década, ha señalado la diferencia entre contratos legítimos y contratos falsos, los cuales podrían ser detectados mediante auditorías. Sin embargo, subrayó que no existe justificación legal para que Arce, en su función ministerial, haya autorizado y ejecutado desembolsos millonarios a cuentas particulares, sumando hasta 4 mil millones de bolivianos hasta 2015. Para el abogado, esta acción constituye el delito principal que se investiga.
El mandato de aprehensión emitido por el fiscal de La Paz, Miguel Ángel Cardozo, señala como presuntos delitos el incumplimiento de deberes y la conducta antieconómica en relación con el manejo de los recursos del Fondo Indígena
