El Ministerio Público ha formalizado la imputación contra Armin Dorgathen, exdirector de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco del caso Botrading. Además, se anunció que se solicitará su detención preventiva. Junto a Dorgathen, otras cinco personas que ocuparon cargos en la administración pública enfrentan cargos por presunto incumplimiento de deberes.
El fiscal anticorrupción Omar Yujra informó que se han reunido más de 40 pruebas en la investigación y que la resolución de imputación formal incluye a Armin Dorgathen Tapia, Gabriela Delgadillo Salazar, Julio César Camargo, Omar Alarcón Saigua, Luis Rolando Sánchez Ayala y Miguel Ángel Colque. Posteriormente, se gestionará la detención preventiva del exfuncionario de YPFB.
Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó los cargos y agregó que los implicados están siendo investigados por delitos que incluyen uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, creación de sociedades ficticias y obstrucción a la justicia. Estas acusaciones están relacionadas con denuncias sobre la importación de combustible a precios sobrevalorados mediante la empresa Botrading S.A.
Como parte de esta investigación, el Ministerio Público llevó a cabo allanamientos simultáneos en oficinas de YPFB en varias regiones del país. Los operativos, que incluyeron la capital cruceña, permitieron la detención de cinco funcionarios que fueron trasladados para rendir declaraciones. El presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly, confirmó que las acciones abarcaron distritos comerciales, redes de distribución de gas, oficinas administrativas y plantas operativas, en respuesta a denuncias sobre cobros irregulares, desvío de combustible y otros posibles actos de corrupción que habrían ocasionado un perjuicio económico significativo.
En cuanto a la situación de Armin Dorgathen, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que el exdirector habría abandonado el país de manera ilegal, refugiándose en Brasil. Según Oviedo, pese a que la Policía cumplió con presentar al exfuncionario ante la Fiscalía, y esta emitió las alertas migratorias correspondientes, un juez de Santa Cruz ordenó su liberación, lo que facilitó su fuga. Esta información fue divulgada durante un acto oficial de posesión de autoridades policiales departamentales
