La frontera entre Bermejo y Aguas Blancas, en Argentina, atraviesa un momento de tensión debido a una serie de restricciones que, según denuncian comerciantes argentinos, estarían siendo impuestas por las autoridades bolivianas, afectando directamente las actividades comerciales en la zona. Estas medidas incluirían límites en el monto de compra permitido para compradores bolivianos en territorio argentino, así como un aumento en los decomisos de productos, lo que ha provocado una disminución significativa en el flujo de compradores desde Bolivia.
Esta situación salió a la luz a través de una carta presentada por comerciantes argentinos al alcalde Irineo Flores, en la que solicitan una reunión urgente para tratar lo que consideran medidas arbitrarias que perjudican el comercio bilateral. En el documento, los comerciantes detallan que en los últimos meses se han intensificado las restricciones relacionadas con el valor máximo de compra y el paso de mercancías, lo que impacta negativamente en el abastecimiento local, la dinámica comercial y el sustento de numerosas familias que dependen de esta actividad.
Además, los firmantes de la carta señalan que dichas limitaciones no se aplican en otras fronteras bolivianas, lo que genera un trato desigual y afecta la equidad en las relaciones comerciales. Por ello, plantean la necesidad de establecer un acuerdo claro, justo y sostenible que permita un abastecimiento fluido entre ambas localidades, proteja el empleo de ambas comunidades y garantice un tránsito comercial ordenado, transparente y libre de arbitrariedades. La misiva también fue difundida en redes sociales para visibilizar la problemática.
Por su parte, Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, expresó su rechazo a estas medidas y calificó la situación como una forma de “extorsión” desde el lado boliviano. Zigarán denunció que las autoridades de Bermejo estarían tomando represalias contra los comerciantes argentinos, especialmente tras cambios recientes en la administración local. Afirmó que se ha impuesto un límite de compra de 300 dólares mensuales para los compradores bolivianos y que la Naval boliviana tiene instrucciones de decomisar productos que excedan este monto.
El interventor advirtió que, de no revertirse estas restricciones, impulsará la aplicación estricta de la normativa vigente, exigiendo que todos los productos y personas que crucen la frontera pasen por migraciones y aduanas, lo que podría complicar aún más el comercio. Concluyó con una advertencia firme, señalando que no permitirán ser sometidos a presiones ni extorsiones y que evaluarán quiénes resultarán realmente perjudicados por estas medidas.
En paralelo, Roso Martínez, integrante del directorio del Comité Cívico, denunció que los operativos realizados por efectivos navales para decomisar productos como arroz, aceite y harina son “abusivos”. Martínez recordó que, aunque existe un decreto que prohíbe la salida de productos nacionales para evitar el contrabando inverso, ahora se estaría actuando en sentido contrario, afectando a quienes buscan adquirir productos a precios más accesibles debido a la inflación que afecta a la región. Los representantes cívicos califican estas acciones como una coacción por parte de la institución militar, que limita las opciones de la población para acceder a bienes básicos.
La situación en esta frontera refleja un conflicto comercial que requiere diálogo y acuerdos para evitar mayores perjuicios a las comunidades involucradas y garantizar un flujo comercial equitativo y sostenible entre ambos países
