La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos Sahonero, lideró una inspección inesperada en las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, acompañada por miembros de la Brigada Parlamentaria. Esta acción responde a la intención del Gobierno de restablecer la transparencia institucional en la región, luego de denuncias relacionadas con demoras en la entrega de títulos de propiedad y la supuesta existencia de redes dedicadas al tráfico ilegal de tierras.
Durante el operativo, Barrientos enfatizó la necesidad de corregir las irregularidades detectadas, señalando que la falta de entrega oportuna de títulos ha generado un impacto negativo en los beneficiarios que buscan regularizar sus terrenos. De acuerdo con la autoridad, más de 363 títulos se encuentran retenidos en el Consejo de la Magistratura, siendo la mayoría de ellos de Santa Cruz, algunos con retrasos que superan los ocho años.
La inspección incluyó la solicitud inmediata de documentos internos para profundizar en la investigación. La viceministra advirtió que el problema no se limita a la entrega irregular de tierras, sino que también involucra un esquema de tráfico de terrenos, caracterizado por la entrega a ciertos individuos que posteriormente subdividen y venden ilegalmente las parcelas. Este fenómeno, según Barrientos, representa una situación compleja que afecta la gestión del INRA.
El equipo de la viceministra tiene previsto revisar diversas oficinas dentro del INRA en Santa Cruz para recopilar información que permita avanzar en una investigación más amplia, la cual también se está desarrollando en otras regiones del país. Barrientos aclaró que el personal del instituto no fue notificado previamente sobre la visita, con el fin de obtener una evaluación genuina de las condiciones actuales.
La autoridad calificó esta medida como una coordinación e inspección, diferenciándola de una intervención formal que se realizó recientemente en la sede de La Paz y que aún continúa en proceso. En cuanto a la cantidad de irregularidades detectadas, Barrientos solicitó cautela y evitó proporcionar cifras hasta contar con evidencias sólidas que permitan iniciar procedimientos legales. Subrayó la importancia de manejar la información con responsabilidad para asegurar que cualquier acción futura esté respaldada por pruebas contundentes
