El caso del desfalco al Fondo Indígena y la muerte de su exdirector, Marco Antonio Aramayo, producto de presuntas torturas judiciales, podrían quedar sin castigo, según la opinión del abogado Héctor Castellón. Este profesional considera que los procesos legales actuales contra algunos exdirigentes indígenas se han convertido en una herramienta política más que en una búsqueda real de justicia.
Castellón enfatiza que la pérdida de Aramayo debe ser motivo de preocupación para toda la sociedad, ya que su caso envía un mensaje preocupante: denunciar actos de corrupción puede implicar sufrir represalias severas, incluso hasta la muerte bajo condiciones de tortura en prisión. El abogado aclara que su postura no busca defender a personas específicas involucradas en los procesos, sino cuestionar la naturaleza política que percibe en estos juicios.
En cuanto a la investigación, Castellón recuerda que Aramayo, durante su gestión, identificó irregularidades en el Fondo Indígena y dejó indicaciones claras para que se realizara una investigación exhaustiva, iniciando por la vía administrativa antes de avanzar a la penal. El exdirector detectó que el fondo estaba siendo utilizado para beneficiar a dirigentes que, según testimonios de campesinos, ofrecían proyectos falsos y desviaban recursos destinados a las comunidades más vulnerables.
El Fondo Indígena fue creado en 2005 con la intención de financiar proyectos mediante un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Sin embargo, desde su puesta en marcha en 2010, la institución mostró deficiencias en su estructura operativa, aprobando un número de proyectos muy superior a su capacidad para gestionarlos adecuadamente. Esta situación facilitó la aparición de irregularidades que salieron a la luz a partir de 2014, cuando medios de comunicación expusieron múltiples casos de corrupción.
A pesar de que inicialmente el gobierno minimizó estas denuncias, auditorías posteriores revelaron un daño económico considerable, estimado en decenas de millones de bolivianos, con implicaciones para dirigentes sociales y políticos. El propio Castellón señala que el monto del desfalco podría superar ampliamente las cifras oficiales, alcanzando cerca de 200 millones de dólares, según los análisis realizados por Aramayo.
El abogado también distingue dos tipos de responsabilidades en este caso: por un lado, quienes recibieron y administraron mal los recursos; por otro, quienes aprovecharon la falta de formación de algunos beneficiarios para manipularlos y desviar fondos.
Marco Antonio Aramayo, descrito por Castellón como un hombre con firmes convicciones, falleció en abril de 2022 tras enfrentar una intensa persecución judicial que incluyó más de 250 procesos en diferentes regiones del país. Según un informe elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado, Aramayo sufrió múltiples formas de tortura y maltrato desde que denunció las irregularidades hasta su muerte, reflejando un grave fallo en el sistema judicial y de derechos humanos
